“Después de leer lo que estaba pasando, lo primero que le dije a mi hijo es si él había hecho algo así; luego le advertí las consecuencias que tendría si es que llegaba a hacerlo. También le prohibí que prestara el celular o que compartiera la clave de red de wifi de la casa”, explicó Hugo Lobo, padre de un adolescente de 17 años.
Esa fue la sensación de un progenitor que se repitió a lo largo y a lo ancho de la provincia por los casos de amenaza de bomba. Una sensación que, al parecer, se multiplicó en muchísimos hogares. Este viernes, por primera vez en 45 días, no se registraron denuncias de actos de intimidación pública, cuando el promedio era de más de 10 por jornada en la semana escolar que finalizó.
¿Qué pasó?
“Simplemente los mocosos entendieron el mensaje. Pero también los padres nos dimos cuenta de la gravedad del tema y hablamos con nuestros hijos. Lo venía haciendo, pero el jueves insistí y le mostré la gravedad del caso con lo que hizo la Justicia. Me parece las sanciones que les dieron a los acusados fue aleccionador”, reconoció María Fernanda Jiménez, madre de tres adolescentes.
El “mensaje” es nada menos que las cuatro prisiones preventivas dictadas, los embargos de $3 millones trabados en contra de los acusados de intimidación pública y los allanamientos realizados el jueves por la tarde.
“Eso se llama un límite. Es justamente lo que están pidiendo los chicos que se los pongan. En las aulas nosotros podemos colaborar, pero son los padres los que deben dictarlos”, opinó la docente María Eugenia Ramírez. “Hoy hablamos del tema en el curso. Me dio la sensación que los chicos terminaron de entender que esto no es un juego. Ojalá que sigan apareciendo estos mensajes”, añadió.
El deseo de la “profe” de geografía se hará realidad. Fuentes judiciales confirmaron que los allanamientos en busca de pruebas contra sospechosos no se detendrán. También informaron que en el transcurso de los días se realizarían nuevas audiencias. “No nos vamos a detener. Vamos a seguir adelante con esta estrategia que, por el momento, nos está dando resultados. Buscamos mantenerla con el tiempo”, explicó una fuente del MPF.
“Está muy bien lo que hicieron, pero pregunto: ¿por qué se demoraron tanto? La realidad nos dice que unos adolescentes se adueñaron de la ciudad. Hicieron lo que quisieron durante varias semanas. ¿Dónde estaba la Justicia? ¿Y los padres?”, se preguntó Juan Pablo Pedrotti, bancario jubilado. “Tengo nietos y cuando tocamos el tema, su papá y ellos se me cagaron de risa cuando intenté advertirles que no era chiste hacer eso. Me acusaron de antiguo, ayer me tocó reírme a mí”, añadió con una enorme sonrisa dibujada en su rostro.
Dureza
“Cuanto más duro sea el mensaje, menos líos harán. Es así de simple”, resumió Milagros Jiménez. “Ya comenzarán las locuras de las semanas de los colegios. ¿Tendrán en cuenta este detalle los genios que nos gobiernan? Por eso me parece muy oportuno que hayan hecho todo esto para que los chicos se calmen”, dijo Luciana Otero.
El “mensaje” de la Justicia generó un debate. José Ignacio Ferrari, defensor de una de las procesadas por intimidación pública, encendió la mecha de la polémica con una declaración: “Es un día negro para la justicia tucumana. Fue el día en el que se instauró la cacería de brujas en la provincia”.
Sus colegas también opinaron del tema. Al ser un delito me parece correcto que se persiga a los autores. “El problema radica en que privar a los padres de menores me parece excesivo y a claras luces se intenta mandar un mensaje a la sociedad de mano dura pero que es excesivo”, sostuvo Aníbal Paz.
“Entiendo que la actuación de la Justicia es la correcta. Amenazar es un delito y debe ser investigado. Pero en este tipo de caso, que genera temor o alarma, debe ser implacable”, opinó Víctor Padilla.
“La ley está para cumplirse. El Estado, a través de la Justicia, tiene que actuar imponiendo las sanciones que corresponden. Por ello debe hacerse una investigación correcta para que, si se comprueba la autoría, sea penado madre, hijo o espíritu santo”, agregó Álvaro Zelarayán.
El también penalista Patricio Char explicó que las prisiones preventivas son una medida cautelar que no es aplicable en delitos menores. “Pero este tipo de intimidaciones atentan contra el interés colectivo. Además, por lo que sé, todos los acusados demostraron tener actitudes de manipular medios tecnológicos torna necesario una investigación alejada de cualquier riesgo de obstáculos. Desde ese punto de vista entiendo que su dictado es adecuado”, reflexionó.
“Me parece correcto que la Justicia envíe mensajes claros cuando investigue estos delitos que terminan afectando a la sociedad”, sostuvo Camilo Atim. “Pero cuidado: siempre se debe juzgar a quien corresponda, no por responder a una política criminal se debe justificar violaciones a las garantías constitucionales”, finalizó.