En poco menos de seis horas encaminaron expedientes. Cuatro personas fueron imputadas y enviadas a prisión por estar acusadas de haber realizado actos de intimidación pública. Ese fue el resultado de las tres audiencias que se realizaron desde las 8 hasta casi las 14 de ayer. Para las autoridades es la herramienta con la que intentan poner límite al descontrol. Para un defensor, una verdadera “cacería de brujas”.
Los primeros casos comenzaron a registrarse en marzo. Después fueron incrementándose con el correr de los meses y llegaron a un clímax el jueves, cuando se visibilizaron 15 casos. Oficialmente no se sabe cuántos expedientes se abrieron, pero algunas fuentes estiman que son más de 100. En una de las audiencias que se desarrolló ayer, la auxiliar Mónica Torchán destacó que en la fiscalía que conduce Mariana Rivadeneira se abrían al menos 15 expedientes por día.
El récord de registros de amenazas de bomba en los establecimientos educativos se produjo el día en el que se realizaba una segunda audiencia de acusación en contra de una mujer que fue procesada por intimidación pública. “Sinceramente me llama la atención que se hayan solicitado las medidas de coerción de menor intensidad teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo”, había manifestado el juez Matías Graña, al confirmar que la acusada afrontaría el proceso en libertad.
Algo sucedió en el transcurso de esa mañana. En el Ministerio Público Fiscal, siguiendo instrucciones de su titular, Edmundo Jiménez, decidieron unificar criterios y salir con los tapones de punta. La orden fue solicitar que a todos acusados se les dicte la prisión preventiva y se les trabe embargo por $3 millones para afrontar los gastos generados. Al parecer, la iniciativa fue transmitida al Colegio de Jueces para que los magistrados intervinientes no se vieran sorprendidos con los planteos. “Todos estuvieron decididos a apoyarla”, comentó una fuente judicial.
En las tres audiencias de ayer, tres representantes del Ministerio Público hicieron idénticos planteos. Solicitaron que se los acuse de intimidación pública y que permanezcan detenidos dos meses para que interfieran en la investigación. La inhibición de bienes es, según explicaron, para que respondan por los gastos que generaron al movilizar todos los servicios de emergencia por las amenazas. “Fundamento el pedido en representación de los intereses del Estado, teniendo en cuenta la naturaleza del bien jurídico protegido y la puesta en marcha de protocolos de actuación que generó gastos de magnitud a la provincia”, esgrimió la auxiliar Julieta Molé.
Los magistrados, todos subrogantes, no dudaron en aceptar los pedidos, aunque sólo uno la dictó por la mitad del tiempo solicitado. Los jueces también aprovecharon para hacer referencia de la gravedad de la situación. “No se puede permitir y considero intolerable que las conductas de algunos afecten al derecho de la educación y a la libre circulación que tienen todos los miembros de la sociedad”, apuntó Fernando Zóttoli.
Los defensores, por su parte, se opusieron tenazmente a las resoluciones. “Es un día negro para la justicia tucumana. Fue el día en el que se instauró la cacería de brujas en la provincia”, aseguró José Ignacio Ferrari, defensor de María Emilia Salomé, la representante legal del Instituto Puente. “Entiendo y apoyo que se quiera dar un mensaje categórico y duro. Es necesario, pero tampoco se puede vulnerar los derechos de las personas”, añadió.
Juan Martín Villegas, representante legal de Malena Anahí Serrano, dijo que la medida fue excesiva y no se ajusta a derecho. “No consideraron las pruebas que presentamos. Ella ahora está muy angustiada por una acusación injusta”, aseguró. Todos los profesionales anunciaron que impugnarán las resoluciones.
Modalidades
En las audiencias de ayer se imputó por primera vez a una presunta autora de haber enviado dos mensajes de amenaza de bomba. Se trató de una menor de 18 años que envió a través de WhatsApp a una docente del establecimiento Juan Luis Nougués, en el sur de la capital.
En tanto, con los dos de ayer, son cuatro los padres procesados porque sus hijos utilizaban las líneas de celulares que estaban a su nombre. Todos los progenitores señalaron a los amigos de sus herederos el haber utilizado el aparato para enviar mensajes.
En tanto que Salomé fue procesada porque la fiscala Rivadeneira descubrió que era la titular del IP del que se envió el mensaje. La acusada dijo que el autor desconocido había utilizado la red de wifi para hacerlo.
AUDIENCIA I
La primera acusada de ser autora deberá ir a la cárcel de mujeres
“A esa hora estaba durmiendo. No fui la autora del mensaje”, declaró Malena Anahí Serrano (18), la primera acusada de haber enviado una amenaza de bomba a una escuela a la que se le dictó la prisión preventiva y se le trabó embargo por $3 millones.
Según la acusación de la fiscala Mariana Rivadeneira, el 7 de agosto la joven envió un mensaje a través de WhatsApp a una docente del establecimiento educativo para informarle que habían colocado artefactos explosivos en los tres niveles. Horas después envió otra intimidación similar. La representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que el día siguiente de haberse registrado el caso, la acusada dio de baja la línea llamando a la prestadora del servicio asegurando que se lo habían robado.
Serrano, en su declaración, explicó que ella desde hace varios meses había dejado de usar esa línea y le había entregado el chip a un compañero (su nombre se mantiene en reserva porque sería menor de edad) y que él sería el autor de la amenaza. La fiscala dijo que la acusada había tenido conductas para entorpecer la investigación como la de haber dado de baja la línea y denunciado que le habían robado el celular. También calificó como gravísimo el hecho de que envió el mensaje a una docente. Rivadeneira también solicitó que se le trabe embargo por $3 millones. “No podemos dejar de tener en cuenta los costos que generan este tipo de conducta. Además de los momentos de angustia que generan en la comunidad”, fundamentó.
El defensor de la acusada, Juan Martín Villegas, calificó como “aberrante” la acusación de la fiscala y consideró que viola todos los derechos de la mujer. “Ella estuvo a disposición de la justicia y no hay pruebas en su contra. Ella dijo que entregó el chip a otra persona”, señaló al pedir que se rechacen todo lo solicitado por la representante del Ministerio Público.
“Nuestra sociedad se ve perjudicada por estas conductas, pero el daño en niñas y alumnos es mucho mayor, pero también terminan sufriendo perjuicios la sociedad en general”, fundamentó el juez Alejandro Valeros.
AUDIENCIA II
La madre que estalló en llantos al escuchar la acusación
“No puedo ir presa, soy la única que trabaja. El día a día de mi casa lo llevo yo”, declaró Valeria Jiménez, minutos antes de que se le dictara la prisión preventiva por 60 días y se le trabara un embargo por $ 3 millones después de que fuera imputada por intimidación pública. La mujer reconoció que la amenaza de bomba contra un establecimiento educativo se hizo desde el teléfono que está a su nombre y que usa su hijo.
El 7 de agosto, una persona se comunicó con el servicio 911 para informar que en el Colegio Nacional había una bomba. Se activó el protocolo y al menos 1.200 estudiantes fueron evacuados a la plaza Urquiza. Las autoridades del establecimiento educativo realizaron la denuncia correspondiente. La fiscalía a cargo de Mariana Rivadeneira identificó a la titular de la línea como Valeria Jiménez. Luego, con la información brindada por el colegio, logró establecer que la acusada era madre de dos alumnos menores de edad. “Esa línea está a mi nombre, pero la usa mi hijo mayor de 17 años”, declaró la acusada. “Él me dijo que no había hecho nada y que fueron sus compañeros los que hacían las llamadas de amenazas. Compraban un chip y, después de hacerlas, lo tiraban”, añadió.
Las defensoras Lucía Gandur y María José Ahumada rechazaron los cargos formulados entendiendo que no había elementos suficientes para considerarla la autora de la amenaza. “Somos perfectamente conscientes de la conmoción que están generando en la sociedad estos casos, pero no por ello se deben vulnerar los derechos de las personas”, indicaron. La auxiliar Mónica Tobchan, siguiendo las instrucciones de Rivadeneira, solicitó la prisión preventiva por 60 días. Argumentó su planteo aduciendo las pruebas que quedan por producir y porque la imputada podría influenciar sobre los testigos que en su mayoría son menores de edad. También solicitó que se le trabe embargo por $3 millones.
La jueza Valeria Mibelli aceptó todos los planteos realizados por el Ministerio Público. Las defensoras anunciaron que impugnarán la sentencia.
AUDIENCIA III
Dos procesados por haber intimado al mismo colegio
En la que quizás fue la audiencia más polémica de la jornada, un hombre y la representante legal de un colegio fueron procesados por haber acordado amenazar al San Francisco, establecimiento educativo que está ubicado al frente del de la acusada.
La auxiliar Julieta Molé sostuvo que en la primera semana de agosto, desde el celular de Ernesto Drube se envió una amenaza de bomba y que después, utilizando el IP del domicilio de Tafí Viejo de María Emilia Salomé se envió un mensaje de que en el colegio se habían colocado artefactos explosivos. A ambos les solicitó la prisión preventiva por 60 días y que se les trabe embargo por $3 millones, con lo que, suponía, se cubrirían los gastos que había generado la falsa alarma.
Los acusados, después de escuchar las acusaciones en su contra, intentaron desacreditar las teorías elaboradas por la parte acusadora. Drube reconoció que la línea de celular estaba a su nombre, pero la que la usaba era su hija menor que concurre a ese establecimiento educativo. Indicó que la adolescente, después de haber sido notificado de que lo estaban investigando, le confesó que sus compañeros, a los que identificó, habían sido los autores. Las defensoras oficiales Mariana Merletti y Anabella Mazza Villalba rechazaron la formulación de cargo al considerar que no había pruebas en su contra.
Salomé, en tanto, dijo que el IP identificado era el de su domicilio particular, pero era el mismo que utilizaba en el establecimiento educativo. “Esa red de wifi puede haber sido utilizada por cualquier persona que se conecte, no necesariamente tiene que haber sido enviado desde el domicilio particular”, indicó el defensor de la mujer, José Ignacio Ferrari. “Lamentablemente la fiscalía no entiende esta situación y mi defendida está siendo injustamente acusada de un delito contra un colegio que está al frente”, agregó el profesional en una entrevista con LA GACETA. El juez Fernando Zóttoli aceptó parcialmente el pedido de la representante del Ministerio Público, ya que les dictó a ambos la prisión preventiva por 29 días y trabó el embargo por el monto solicitado.