Ya es una realidad que en los sitios de entrada a la provincia se puede apreciar la diferencia en el estado del pavimento en las mismas carreteras, según a qué jurisdicción correspondan. Por ejemplo, en la ruta 40 es notoria la diferencia entre el asfalto en buen estado y bien pintado en la zona de Cafayate (Salta) y el desgaste y la falta de pintura en Tolombón; o al sur, entre Fuerte Quemado (Catamarca) y Quilmes. Lo mismo podría decirse de la ruta 9 al norte, en el límite con Salta, y al sur, en Termas de Río Hondo, o de la 157, en el sureste, y de la 38, en el suroeste. La diferencia de mantenimiento es notoria, a la que se agrega la falta de señales, que las autoridades, desde hace años, adjudican al vandalismo.

En febrero pasado, a propósito de los problemas de la ruta 306, en el acceso este a San Miguel de Tucumán, el director de Vialidad Provincial dijo que ese ente “no da abasto ni operativa, ni económicamente”, porque su presupuesto está compuesto fundamentalmente por los ingresos del impuesto a los combustibles y no resulta suficiente para llevar a cabo las obras de cuidado correspondientes. Explicó que el 6% de las recaudaciones al combustible es dividido entre las vialidades provinciales de todo el país. “Ese impuesto es mínimo. Ha estado congelado por 16 meses; al estar quieto el impuesto, pero no el precio, nosotros dejamos de poder comprar asfalto”. Añadió que la recaudación del combustible de Nación, que se originó para ser destinada a las vialidades, ahora es compartida con otras dependencias gubernamentales. “Las vialidades hemos ido perdiendo nuestro porcentaje de ingreso; es muy poco; no nos alcanza ni para mantener”, dijo. Y además, señaló, ni siquiera les llega según el porcentaje de coparticipación sino que “la política vial depende generalmente de que la Provincia nos dé recursos para acciones determinadas”. El problema es que Vialidad debe hacerse cargo no sólo de la producción de asfalto, sino también de la iluminación y de los semáforos. En el caso de la ruta 306, la situación es crítica. En el cruce de esa carretera con la nacional 9, hay una mezcla de responsabilidades y de carencias, ya que ahí también intervienen Vialidad nacional y la Municipalidad de la Banda del Río Salí, así como la comuna de San Andrés.

Hay otras zonas en donde la responsabilidad es exclusiva de Vialidad provincial, como es el caso de la ruta 307, que se encuentra en relativo buen estado entre Santa Lucía y Tafí del Valle –merced, entre otras cosas, a la reparación integral que se hizo en tiempos de la Minera Alumbrera- pero que empieza a verse desgastada y despintada desde el Pinar de los Ciervos hasta El Infiernillo, y detonada entre esta parte alta y Amaicha. En este sector, así como en los 16 kilómetros que separan Amaicha de la ruta 40, la carretera carece de pintura pavimental, tanto de los bordes como en el centro, por lo que la circulación nocturna es difícil y muy peligrosa. Los arreglos de esta ruta fueron adjudicados a una empresa en diciembre de 2021, iban a comenzar en enero de 2022 e iban a estar terminados en enero de este año. Sin embargo, apenas se ve algo de movimiento de máquinas. El ministro del Interior había dicho que “son obras importantes para el turismo y el desarrollo de la zona, y tienen que ver con la integración del Norte Grande. Para los Valles Calchaquíes tenemos muchos proyectos en materia de turismo para integrarnos con Salta y Jujuy”.

Más allá de las demoras de esta obra, que deberían ser explicadas, importa que lo mismo se debería pintar al menos estos tramos desgastados y a oscuras para brindar seguridad vial a los automovilistas. Para ello sería necesario cambiar el criterio de que las obras de Vialidad sólo pueden realizarse con aportes extraordinarios de la provincia o de la Nación. El mantenimiento tendría que tener presupuesto permanente y ejecutarse para tener las rutas en condiciones, como lo hacen las provincias vecinas.