La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el embargo de bienes y el procesamiento sin prisión preventiva del extitular de la Dirección Ejecutiva Local de la Unidad de Gestión Local I “Tucumán” del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y su Programa de Atención Médica Integral (PAMI), Alfredo Neme Scheij, tras rechazar el recurso interpuesto por la defensa.
De este modo, las y los camaristas Marina Cossio, Patricia Marcela Moltini, Mario Rodolfo Leal y Ricardo Sanjuan confirmaron la investigación en la que el ex funcionario está imputado como autor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que había sido dispuesto por el Juzgado Federal N°1. La causa se había iniciado por una investigación preliminar de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones tucumana. Neme Scheij adelantó a LA GACETA que la resolución será apelada, se mostró tranquilo y aseguró que lo que más quiere es que se investigue a fondo ya que, asegura, es inocente de los cargos que se le imputan.
Según publicó fiscales.gob.ar, Neme Scheij se desempeñaba como jefe de cardiología del Sanatorio 9 de Julio de la capital provincial y el 11 de mayo de 2017 fue designado como funcionario de la delegación local del PAMI. Ante la posibilidad de que se configurara una incompatibilidad en el ejercicio de la función pública, el fiscal general Gustavo Gómez inició una investigación preliminar, que posteriormente se formalizó y recayó en la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo de Pablo Camuña. Neme Scheij dijo que se trató de una denuncia anónima. “La resolución de la Cámara es otra instancia administrativa que nosotros afrontamos como debe ser, siguiendo con el proceso judicial. Hay que exponerse y no tengo ningún problema en hacerlo”, afirmó.
El 7 de junio de 2019, el fiscal Camuña solicitó el llamado a declaración indagatoria de Neme Scheij en orden al delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, luego que se estableciera que, el 23 de mayo de 2017, en su carácter de director ejecutivo, suscribió un contrato para que el Instituto Tucumán de Enfermedades del Corazón S.R.L. (ITEC) -del cual era socio- fuera prestador del PAMI.
“Yo lo único que hice fue romper con una norma que tenía el PAMI que era obligar a los afiliados a ir a tal o cual institución y yo di libertad para que eligieran la que quisieran. Esto, sin dudas, tocó algunos intereses económicos y se dio lo que considero un carpetazo político en mi contra”, le dijo a LA GACETA.
El 20 de agosto de 2020, la defensa Neme Scheij solicitó su sobreseimiento por inexistencia de delito, dado que el contrato suscrito por su asistido implicaba la renovación de un vínculo preexistente a su gestión. Asimismo, señaló que los contratos entre el PAMI y las instituciones prestadoras de servicios eran enviados desde la Gerencia Médica en Buenos Aires. Finalmente, el abogado defensor indicó que el funcionario no era parte de ITEC cuando se firmó el contrato, ya que había cedido sus acciones y derechos de la sociedad en mayo de 2017. “Por el contrario de lo que muchos creían el ITEC no se benefició con esto, sino todo lo contrario, perdió pacientes. Yo había permitido que los afiliados eligieran prestadores tanto en cardiología como en neurología, algo que aún sigue vigente, por lo que es obvio que no se hizo nada fuera de lugar”, remarcó Neme Scheij.
Finalmente, el 17 de agosto de 2022 el entonces juez Raúl Bejas procesó sin prisión preventiva al ex funcionario y trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $500.000. Esa decisión fue recurrida por la defensa por considerar que carecía de fundamentación y no había considerado la prueba presentada.
Al resolver la cuestión, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán rechazó la presentación de la defensa y confirmó el procesamiento y el embargo oportunamente dispuesto. En su resolución, los camaristas entendieron que se había probado la conducta endilgada a Neme Scheij y agregaron que “se observan irregularidades en el marco de un contrato en el cual el imputado habría intervenido en interés propio, es decir, actuó no sólo como funcionario sino, conjuntamente, como particular interesado en una determinada actuación o decisión de la administración”. “Yo había cedido mis acciones en el ITEC mucho antes de asumir en el cargo. Detrás de todo esto hay una explicación política. Alguien no quiere que se abra el sistema de Cápitas del PAMI. Se tiene prisionero al afiliado. El contrato que se firmó con las instituciones se hizo en Buenos Aires”, remarcó Neme Scheij.
Los y las camaristas agregaron que el imputado, en su carácter de funcionario del PAMI, “firmó un contrato para brindar prestaciones médicas con el Instituto Tucumán de Enfermedades del Corazón S.R.L. (ITEC), del cual a esa fecha era socio, resultando ello suficiente para demostrar que la ejecución de ese convenio le importa al nombrado”.
Finalmente, indicaron que “Neme Scheij omitió informar que era accionista” de aquella empresa y que el hecho de que hubiera vendido y cedido sus cuotas sociales el 9 de mayo de 2017 quedó desvirtuado por las pruebas incorporadas a la investigación, de la que surge que aquél acto recién se perfeccionó en noviembre de 2017, cuando se inscribió en el Registro Público de Comercio.
“En Tucumán hay seis centros cardiológicos y lo que yo hice fue permitir que cada afiliado pudiera elegir a cuál concurrir. No beneficié a nadie ni me beneficié yo. MI patrimonio nunca cambió. Son chicanas de la política. Pero hubiera sido sospechoso que no se investigue. Yo quiero que se investigue y que surja la verdad”, indicó el ex funcionario. “Yo no me arrepiento de nada de haber planteado que los afiliados tengan para elegir en cardiología y neurología. Este sistema salvó vidas al acelerar el acceso a la salud de mucha gente. No sólo estoy a favor de lo que hice, sino que no me arrepiento para nada”, finalizó.