Julio de 2021 fue una fecha histórica. Ese mes, la jueza Fanny Siriani condenó a seis meses de prisión a L.M. por haber acosado a la odontóloga Sonia Aguilar. El fallo fue inédito porque por primera vez el fiscal Augusto Zapata había utilizado una figura para sancionar penalmente al acusado: lesiones leves a la salud mental agravadas por su condición de mujer. “A partir de esa sentencia, los operadores judiciales tienen una herramienta para actuar”, explicó Dolores Remis, que fue la representante de la querella en la causa.
El representante del MPF tuvo en cuenta dos cuestiones a la hora de definir esta estrategia. Primero, lo resuelto en la Convención de Belem do Pará, que define a la violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. El segundo, lo que estipula el artículo 89 del Código Penal: “Se impondrá prisión de un mes a un año, al que causare a otro, en el cuerpo o en la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de este código”.
“Si bien en nuestro derecho el acoso no se encuentra regulado como delito autónomo, ya que lamentablemente no ha despertado la atención del legislador argentino, no podemos dejar de valorar que en el presente caso ha resultado el medio comisivo para provocar las lesiones psíquicas y emocionales de la víctima”, razonó la magistrada al fundamentar la aceptación del juicio abreviado.
Remis, en una entrevista con LA GACETA, indicó que las lesiones mentales, tanto en mujeres como en hombres, pueden presentar, entre otros síntomas, ansiedad, pánico a salir sin compañía, irritabilidad, nerviosismo, insomnio. “Puede ser causado por insultos, pasando por invasión a la intimidad hasta llegar a la difusión de imágenes íntimas”, explicó la profesional.
Un problema
Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que mensualmente reciben un promedio de 1.250 denuncias por violencia de género. “Lamentablemente el nivel de violencia no disminuye en la provincia y hemos tenido que adoptar una serie de medidas para afrontar esta situación”, explicó un funcionario.
Actualmente, hay tres fiscalías especializadas. Una proteccional, que se dedica a analizar las denuncias y dicta medidas como prohibición de acercamiento, exclusión del hogar y depósito de personas. El promedio de resoluciones es de 1.100 mensuales.
Por otra parte, hay dos fiscalías que están destinadas a llevar adelante las causas por este delito. Según los datos oficiales, el número de personas condenadas llega a 55 mensuales.