En el discurso, todos los precandidatos a presidente de la Nación coinciden en el diagnóstico: la Argentina necesita romper las desigualdades que existen entre distintas regiones para promover un crecimiento económico armónico. Federalismo es la palabra más usada, pero en la práctica es un término que brilla por su ausencia. Y esta histórica y recurrente situación se repite gestión tras gestión. Ahora se reaviva por el efecto del entendimiento arribado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero el deterioro macroeconómico persiste:  el Banco Central sigue incrementado sus reservas negativas, el sector privado acumulando deuda en dólares por importaciones que no paga, la emisión monetaria contenida con las Leliq alcanza a tres veces la base monetaria y sigue aumentando la deuda pública en pesos indexada. Según informes privados, la inundación de billetes es cada vez más evidente. Circulan alrededor de 8.500 millones de papeles, de los cuales la mitad corresponden a la denominación de $1.000, tanto de la emisión de los horneros como la nueva que tiene la imagen del general José de San Martín.

Frente a este cuadro de situación, el próximo gobierno asumirá en un estado de crisis muy profunda cuyo principal origen son los crónicos déficits financieros y de gestión que padece el Estado, advierte un reporte elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa). Al ser un problema de naturaleza organizacional, el ajuste fiscal tradicional es ineficaz. Por eso, plantea, se necesita un reordenamiento integral del sector público que tome como eje medular el replanteo de roles dentro del régimen federal.    

¿Cuántos impuestos nacionales se recauda en cada provincia y cuánto asigna la Nación ya sea de manera directa o a través de transferencias en cada una de ellas? A 2022 el balance entre impuestos aportados y recursos recibidos es el siguiente, según Idesa:

• Hay cinco provincias que aportan más impuestos que lo que reciben del Estado nacional (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Chubut).

• Hay cuatro provincias que aportan impuestos en similar monto a lo que reciben del Estado nacional (Santa Cruz, La Pampa, Mendoza y Entre Ríos).

• Las restantes 14 provincias reciben más recursos del Estado nacional que impuestos que aportan (la mayor es Ciudad Autónoma de Buenos Aires –CABA- y las provincias del norte).

Estos datos muestran que el Estado nacional no tiene un rol neutral en la distribución regional del ingreso, señala la entidad que preside el economista Jorge Colina. Por un lado, la región pampeana, con un peso decisivo del interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y parte de la Patagonia aportan más de lo que reciben. Por el otro, en CABA y en las provincias del norte el Estado nacional recauda solo una parte de lo que en esos territorios gasta de manera directa o envía a través de la coparticipación o con transferencias discrecionales.

Una primera paradoja es que la más beneficiada por el Estado nacional es la jurisdicción más rica del país: CABA. “Esto no se explica por un trato preferencial en la coparticipación de impuestos, sino debido a que la Nación se hace cargo de funciones que en el resto del país las asumen los gobiernos provinciales y municipales y al peso de la estructura administrativa nacional radicada en CABA”, puntualiza el diagnóstico al que accedió LA GACETA.

Una segunda paradoja es que la Nación redistribuye ingresos hacia las zonas más pobres con la coparticipación lo cual profundiza su atraso. “La coparticipación no dinamiza el desarrollo, sino que incentiva el uso de recursos para engordar el empleo público espurio y otras acciones clientelares”, acota el diagnóstico privado.

Según Idesa, para salir de este esquema tan perverso se necesita algunas acciones:

- Por el lado de los ingresos, acordar una distribución de potestades tributarias que apunte a que cada jurisdicción se financie con los impuestos que les cobra a sus ciudadanos.

- Derogar la actual ley de coparticipación y adoptar un principio de correspondencia fiscal (quien administra un gasto, también se hace cargo del impuesto para financiarlo).

- La solidaridad hacia las provincias más pobres canalizarla a través de un Fondo de Convergencia. Este mecanismo, a diferencia de la coparticipación, impone un compromiso de usar los recursos solidarios en un plan de desarrollo. Por el lado de los egresos, acordar que la Nación sólo ejecute funciones interprovinciales sin inmiscuirse en responsabilidades provinciales.

Para el próximo gobierno el principal desafío no es establecer un nuevo régimen monetario ni la independencia del BCRA. Estos son elementos complementarios de la cuestión más compleja y medular que es eliminar los crónicos déficits financieros y de gestión del Estado. Para ello es imprescindible dar racionalidad a la organización del sector público en base a una distribución coherente de potestades tributarias y de funciones, finaliza el reporte privado.