El 12 de enero de 2000, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 37/3, del Ministerio de Economía de la provincia -por entonces, a cargo del ex mandatario y ex senador José Alperovich-, el ex gobernador Julio Miranda aprobó el modelo de contrato del “Pacto de Saneamiento y Paz Social”, que iba anexado al documento. “El Poder Ejecutivo remitirá al municipio los fondos suficientes para garantizar el pago de sueldos de los trabajadores municipales hasta la categoría...”, decía el artículo 1.

Se trata del primer documento legal que refiere a lo que con los años se conoció con el nombre apocopado de “Pacto Social”. A partir de entonces, el instrumento se ratificó cada año, con sucesivas leyes, que precisaban su validez para un período puntual de un año, y para partidas especiales, como el Sueldo Anual Complementario (SAC) -no incluido en el modelo de contrato original- y bonos extra.

No siempre se adhirieron todos los municipios. Incluso, con el tiempo el “Pacto Social” se disoció entre lo que se conoció como “Pacto Sueldo” y “Pacto Obras”. Como sendos nombres lo explican, mediante el primero se garantizaban las partidas salariales de los empleados y funcionarios del municipio adherido; y por medio del segundo se realizaban obras en el egido municipal. A cambio de toda esta erogación, el Gobierno central de la provincia se quedaba con los fondos que por coparticipación correspondían a la Municipalidad adherida.

Este instrumento rigió, ininterrumpidamente, desde 2000. Atravesó la gestión de Miranda, las tres administraciones de Alperovich y los dos Gobiernos de Juan Manzur. ¿Continuará del mismo modo durante el mandato a comenzar de Osvaldo Jaldo?

La incertidumbre fue sembrada por el ministro del Interior -y vicegobernador electo-, Miguel Acevedo, durante una entrevista que concedió al periodista Federico van Mameren. “Si como Gobierno provincial asistimos (a municipios y comunas) primero con el pago de los salarios; luego, con los gastos de funcionamiento, y luego con las obras, ya estamos resolviendo todo. A lo largo de muchos años hemos logrado la paz social; ahora hay que ver y readecuar, darle otra vuelta de tuerca para que podamos ir optimizando. Si no, se mezclan los roles”, dijo quien fuera, en 2000, el ideólogo del instrumento.

Hoy, los únicos municipios que no rubricaron este acuerdo son San Miguel de Tucumán, Las Talitas, Trancas, La Cocha, Burruyacu y Graneros. Los otros 13 están dentro; incluidos Bella Vista, Concepción y Yerba Buena, ciudades administradas por referentes opositores a la gestión provincial. Dos de estos intendentes, Sebastián Salazar, de la “Ciudad de las Palmeras”, y Alejandro Molinuevo, de la “Perla del Sur” opinaron sobre la eventual reforma del pacto.

“Lo primero que hay que discutir es una reforma de la coparticipación provincial. Hoy, los municipios tienen responsabilidades que en otros años no tenían: se hicieron cargo de la seguridad, de la educación, de la salud, entre otros”, dijo Salazar. Destacó que una enseñanza que dejó la pandemia en el mundo fue el fortalecimiento de los Gobiernos locales, equivalentes a los municipios y a las comunas, en nuestra división política. “Fortalecer los Gobiernos locales implica darles más recursos para atender todas las necesidades de los vecinos. Los intendentes y comisionados rurales somos quienes estamos permanentemente en el territorio, atendiendo estas necesidades”, añadió.

El bellavistense no renegó del pacto social; al contrario, resaltó que sirvió para equilibrar las finanzas de las Municipalidades. “Pero hoy hay que sentarse a discutir una reforma de la coparticipación, teniendo en cuenta que los municipios cada vez adquieren más responsabilidades que antes no tenían”, dijo.

En el mismo sentido opinó Molinuevo, quien acaba de resultar electo el 11 de junio y, por lo tanto, llevará adelante su primer mandato por voto popular, ya que actualmente está completando la administración del diputado Roberto Sánchez, quien había renunciado para asumir en la Cámara Baja.

“No pasa por reformular el ‘Pacto Social’, sino por reformar la Ley de Coparticipación, para que Municipalidades y comunas puedan recuperar la autonomía nunca debieron perder”, remarcó. Consideró que el instrumento en cuestión funcionó como un parche ante la crisis de fines de la década del 90 y de principios de los 2000. “Primero fue usado para que se puedan pagar los sueldos; pero luego los manejaron políticamente para someter a municipios y a comunas”, reprochó.

En tanto se da lo que considera la solución ideal -reforma de la Ley de Coparticipación-, Molinuevo sugirió un paliativo. “Se podría reformular el ‘Pacto Social’ para que haya más equidad y cada municipio pueda recibir lo que le corresponde, para tener mayor previsibilidad en cuanto al pago de sueldos y en cuanto a las obras a ejecutar. Pero la solución de fondo es la reforma de la mencionada norma. Actualmente se distribuyen los impuestos muy por debajo de lo que corresponde”, puntualizó.