Un arresto domiciliario generó revuelo en tribunales y en la Policía

El otorgamiento del arresto domiciliario a un procesado generó revuelo en tribunales y en la Policía. El caso se conoció en el momento en que se registraron cuatro fugas por la crisis carcelaria que existe en la provincia.

El 26 de junio, personal de la Unidad Regional Norte hacía un control de rutina en la estación de peaje de Molle Yaco, Trancas. Detuvieron a un vehículo Mercedes Benz en el que se trasladaban dos hombres. Al intentar identificarlos, los demorados se pusieron nerviosos, por lo que decidieron requisarlos. Al palparlos descubrieron que ambos portaban pistolas nueve milímetros cargadas, por lo que los aprehendieron.

Esa fue la información policial del caso. Sin embargo, extraoficialmente se supo que los policías tucumanos estaban colaborando con investigadores de Gendarmería Nacional. Estos les habrían informado que un auto de esas características estaba brindando apoyo a otro vehículo que trasladaba una importante cantidad de cocaína. La droga no fue encontrada, pero sí se detuvo a Gonzalo Javier Zazano (29 años) y a Julio Ismael Díaz (25). A ambos los acusaron de portación ilegítima de armas.

El fiscal Carlos Picón consiguió se les dictara la prisión preventiva por 58 días. El defensor Víctor Padilla impugnó la resolución tomada por la jueza Isolina Apás Peréz de Nucci. Los acusados dijeron que esas armas no eran suyas y que se las habían plantado los uniformados para perjudicarlos.

Zazano, que tendría causas abiertas por delitos contra la propiedad y estaría siendo investigado por estar vinculado al tráfico de drogas, y su cómplice, fueron alojados en la comisaría de El Tala, que corresponde a la jurisdicción de la URN. Luego, su defensor solicitó que sea trasladado a otra dependencia policial para que estén en un lugar más cercano con el único propósito de que sus familiares estén atentos a sus necesidades alimentarias. Por su peligrosidad, se dispuso que sea alojado en la comisaría de Tafí Viejo, un lugar que permitía un mejor control.

Una resolución

El 13 de julio se desarrolló la audiencia de impugnación. En el debate, Padilla aseguró que no había riesgos de que los acusados entorpecieran la investigación ni que se escaparan. “Es un derecho constitucional seguir el proceso en libertad”, argumentó el profesional durante el encuentro. El representante del MPF se opuso al planteo al señalar que se debía garantizar el proceso.

El juez Carlos Caramuti aceptó parcialmente el planteo. Ordenó el arresto domiciliario para Zazano, previo el depósito de $3 millones en una cuenta bancaria, que se le colocara una pulsera de seguimiento y que fuera controlado por recorridas de policiales. Rechazó el pedido de Díaz al tomar conocimiento que estaba en libertad condicional por una causa por drogas.

La polémica estalló después de que el imputado depositara el dinero (previa audiencia donde el defensor del dinero justificara el origen de la millonaria cifra) y exigiera que se lo dejara en libertad, pese a que no había cupos para entregarle una pulsera. Los uniformados también informaron que era imposible que se le asignara una consigna móvil, ya que el detenido estaba a cargo del personal de la Unidad Regional Norte y el domicilio donde debe permanecer es en la capital, por lo que originaría un importante desgaste de recursos humanos y materiales.

El caso regresó a Tribunal y fue la jueza María Valeria Mibelli la que debió resolver la cuestión, La magistrada, obligada a cumplir el fallo de una instancia superior, ordenó que Zazano sea alojado en su domicilio sin la pulsera hasta que se consiga una y confirmó que la custodia móvil sea realizada por la Policía. En principio, el control está a cargo de personal de la seccional 5°, que no intervino en el caso.