23 Julio 2023
En 21 días los argentinos deberán cumplir con un deber cívico: votar. Lo harán en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Concurrir a sufragar, tal como lo establece el artículo 37 de la Constitución nacional es ineludible: “el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio”. Sin embargo, en este año de concurrencia a las urnas, elección tras elección, lo que se viene verificando es el creciente desinterés ciudadano por ir a las urnas para elegir a sus representantes; es una situación que afecta al sistema democrático y, especialmente, a la representación política de los que deben conducir los destinos del Estado.
Ni siquiera el hecho de que existan sanciones y multas a los infractores parece suficiente para que los argentinos cumplan con ir a votar. Hace pocos días, la secretaria electoral nacional en Tucumán, Estela Martínez Vázquez, remarcó que el ausentismo, tanto como el voto en blanco, implican un llamado de alerta y subrayó que todos los que trabajan en el sector público, especialmente los políticos, deben reflexionar. Básicamente habría que detenerse en cómo esta situación puede dañar al sistema democrático, y en llegar a ponerlo en peligro, para adoptar medidas que faciliten y atrapen el interés de la ciudadanía por ir a sufragar.
Si se observan los comicios de algunas provincias se verá que el desinterés fue en crecimiento en las últimas votaciones, como en el caso de Córdoba. En 1983 allí votó el 88% de la población, en 2007 sufragó el 72% y este año el abstencionismo alcanzó el 32%. En Santa Fe, el ausentismo llegó al 35%. En la votación de Chaco, apenas el 53% de los electores habilitados fueron a sufragar. En Tucumán, vaya por caso, la participación fue significativa pero el descontento popular quedó marcado en el voto en blanco que, en función del resultado definitivo, se constituyó en la tercera opción en la categoría de legisladores. Más de 130.000 ciudadanos no se sintieron representados por ninguno de los frentes y acoples que se presentaron en la elección.
Esto trasunta un malestar social que se refleja en las urnas. “Es obviamente una opción de fastidio con el status quo político”, dijo el consultor político Carlos Fara, que remarcó que el descontento alcanza a todas las estructuras partidarias. La realidad obliga a repensar qué se está haciendo mal para que la sociedad muestre un desinterés creciente por optar por un candidato; ya que ni la obligatoriedad consagrada en la Carta Magna incita a volcarse a las mesas de votación. Es evidente que no sólo es responsabilidad de la clase política frenar este descontento, sino también de los distintos sectores de la sociedad, como el educativo o también el familiar, pues no inculcan lo suficiente o se han despreocupado por resaltar el valor democrático de votar y el significado de ese trascendental hecho de la vida en sociedad.
La democracia debe alimentarse a diario, desde todos los rincones de las instituciones del Estado, desde la oficina más pequeña hasta el despacho presidencial; si cada uno cumple sus deberes como corresponde se estaría fortaleciendo al sistema. En este aspecto, la dirigencia en general tiene una misión central: devolver la credibilidad en la acción política como una forma de mejorar la calidad de vida y asegurar el bienestar general. Si esto no sucede, la abstención irá ganando espacio entre los ciudadanos; ese descontento se debe frenar. Todas las acciones deben ir en el sentido de defender la democracia como un estilo de vida y un esquema de desarrollo y crecimiento. Para ese fin todos los ciudadanos son imprescindibles, representantes y representados, cada uno conociendo de sus responsabilidades y aportando al sostenimiento y fortalecimiento de la democracia. Caso contrario, el abstencionismo seguirá sumando adeptos, algo peligroso en términos democráticos.
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