La crisis carcelaria ha dejado al descubierto dos situaciones. La primera: la aplicación del nuevo código procesal penal aportó resoluciones más rápidas, lo que se transforma en más condenas. La segunda: la falta de previsiones por parte de los otros poderes del Estado para contener la mayor cantidad de penados. “No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir adelante porque esa no es nuestra responsabilidad”, aseguró una fuente de la Corte Suprema de Justicia.
El problema de la falta de lugares para alojar a los detenidos llegó a su máximo nivel cuando el problema fue denunciado en 2015 por los fiscales Adriana Giannoni (ya jubilada) y Diego López Ávila. Actualmente hay 1.800 reos ubicados en los calabozos de las dependencias policiales, cuando tienen capacidad para unos 500. En las cárceles tucumanas hay 1.250 alojados, pero tienen cupo para 900. La situación es tan grave que se transformó en un problema para luchar contra la inseguridad, ya que se destinan casi 5.000 hombres para cuidar a los detenidos. Ese número representa casi el 50% del total de la fuerza, que tiene 11.000 efectivos en actividad.
Las obras encaradas por Osvaldo Jaldo cuando estuvo al frente del Poder Ejecutivo sufrieron una demora cuando reasumió Juan Manzur. Hasta aquí, son dos los proyectos que están próximos a ser terminados. La remodelación de un pabellón en el penal de Villa Urquiza y la alcaldía de Delfín Gallo, que podrán aportar casi 400 nuevos cupos. La cárcel de Benjamín Paz, que tendrá capacidad para 1.200 reos, estaría inaugurada en marzo, si no surgen nuevos inconvenientes. El centro de detención de Las Talitas, aportará unos 400 lugares, pero su construcción durará entre 12 y 18 meses. Quedaron descartados los centros de detención de Banda del Río Salí (por falta de financiamiento) y el de Río Seco (por rechazo de los habitantes de esa localidad del sur de la provincia).
Los números no mienten y una vez más quedó demostrado que en la Justicia la “puerta giratoria” no va más, lo que agravará la crisis carcelaria. El nuevo digesto aceleró la resolución de las causas y los resultados están a la vista. En los informes estadísticos se puede encontrar el número de condenas que se dictaron en los últimos años. Con el viejo código, la cantidad de casos cerrados (con penas o absoluciones) fueron: 543 en 2017, 592 en 2018, 898 en 2019 y 512 en 2020 (hasta el mes de septiembre). El promedio fue de 636 por cada año.
Los números se multiplicaron considerablemente con la implementación del nuevo código. Fueron 2.518 en 2021 y 3.144 en 2022. A esos números hay que agregarles las causas resueltas en el régimen conclusional, es decir, las causas que se iniciaron con el anterior sistema. Fueron 442 en 2021 y 499 en 2022. El total, entonces, es de 3.772, lo que da un promedio de 3.301 anuales, cinco veces más que con el sistema judicial anterior.
“Lo que se debe hacer es mejorar la tarea de prevención para que disminuyan los delitos y pensar de manera urgente lugares de detención”, sostuvo el abogado Ernesto Baaclini. El intendente de Las Talitas, Carlos Najar, en una entrevista con LA GACETA, planteó la idea de buscar en los municipios más importantes de la provincia lugares de fácil acondicionamiento para ubicar a los detenidos. “Es la única herramienta que nos queda para solucionar este grave problema”, explicó el funcionario.
El presente
Las estadísticas judiciales de los primeros cinco meses del año (enero es mes de feria) también son claves para entender el porqué del agravamiento de la crisis carcelaria. Según los números de la Corte, en los cinco primeros meses del año se dictaron 1.041 prisiones preventivas, de las cuales fueron prorrogadas 1.141. “Esta es una falla porque la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal en un debate oral y público o bien con una condena a través de un juicio abreviado”, opinó la abogada Agustina Lasquera. “Por supuesto, dependerá de cada caso en particular y si las circunstancias lo ameritan, pero para evitar un incremento desproporcionado de detenidos, siempre es necesario que se valore el empleo de medidas alternativas de morigeración que permiten que los acusados se mantengan sujetos a proceso”, añadió.
Según las estadísticas de la Corte, 369 causas por robos es el delito por el que más preventivas se dictaron en lo que va del 2023. Le siguen las lesiones (244) y las amenazas (174), que están vinculadas a los casos de violencia de género. “Este es un verdadero problema porque los acusadores piden que se les dicte esta medida como medio de presión. En el medio, proponen cerrar el caso a través de un juicio abreviado que termina con una condena condicional. Obviamente que el señalado, con tal de recuperar la libertad, lo acepta rápidamente”, indicó Baaclini.
Los detenidos por violencia de género son los que más problemas le generan a la fuerza. Por la cantidad de acusados, además de todas las comisarías, están colapsadas las celdas que se abrieron en la Dirección de Guardia Urbana, en la Comisaría de la Mujer y en la Jefatura de Policía para alojar a los imputados por estos casos. “Lo llamamos el ‘efecto Tacacho’; es decir, los funcionarios judiciales, para evitar problemas, se exceden con las medidas y complican a todos. No sólo por las prisiones preventivas que dictan, sino también por las consignas fijas y móviles de que disponen”, explicó una fuente de la fuerza.
Ese análisis es compartido por el abogado Aníbal Paz. “Es muy importante que el Estado realice de manera urgente la compra de pulseras para evitar las detenciones de los acusados. De 10 presos, con seguridad, al menos siete son por violencia de género y quedan tras las rejas porque no existen esos elementos”, explicó el profesional.
El futuro
En lo que va del año, según las estadísticas de la Corte, se dictaron 1.311 condenas, de las cuales 670 fueron efectivas, y 641 de cumplimiento condicional. El año pasado, también en el primer semestre, fueron 1.208. Para los operadores, ese incremento que es menor del 10% podría desaparecer con el correr de los meses y, a fin de año, serían menores. “Es lógica pura porque cada vez hay más personas privadas de la libertad”, explicó una fuente del máximo tribunal de la provincia.
“Aquí hay que hacer dos cosas. La primera, mejorar la prevención para que no haya tantos delitos. Después, utilizar todos los recursos tecnológicos necesarios para evitar enviar más personas a un calabozo”, explicó el abogado Ricardo Vernal. “También es importante que los jueces entiendan lo que está sucediendo. En varias resoluciones, los magistrados ordenan el inmediato traslado al penal de Villa Urquiza, que no tiene cupo. También le advierten al jefe de Policía y al titular del Servicio Penitenciario que serán multados si no cumplen con sus órdenes. Y por como están las cosas, deben estar adeudando millones”, ironizó el profesional.
Los números del problema:
- 1.800 personas están detenidas en las comisarías de toda la provincia. Tienen capacidad para alrededor de 400.
- 1.250 reos están alojados en las tres cárceles de la provincia. Están habilitadas para recibir a 900.
- 3.050 es la cantidad de detenidos que hay en toda la provincia cuando puede albergar a unas 1.300.
- 2.000 nuevos cupos tendrá la provincia cuando termine de construir el nuevo penal y las dos alcaldías.
- 636 es el promedio de condenas que se registraban con el viejo código procesal penal de la provincia..
- 3.301 es el promedio de sentencias que se dictaron con el nuevo digesto y del régimen conclusional.
- 803 consignas fijas debe realizar la policía diariamente.
- 2.100 consignas móviles deben desarrollar los efectivos de la fuerza todos los días.
- 700 uniformados están destinados a cuidar los reos alojados en las dependencias policiales.
- 5.700 efectivos deben cuidar a los reos y cumplir con las consignas.
- 11.000 integrantes tiene la fuerza actualmente.