En busca de salidas para la crisis carcelaria

El informe sobre la superpoblación carcelaria, a propósito de la fuga de presos de la comisaría tercera, ha dejado inquietudes con respecto a un problema que lleva años sin solución y que, según se prevé, tiende a agravarse con el correr de los meses. Hay 1.800 detenidos en las comisarías y otras dependencias policiales, que tienen espacio sólo para 400 personas privadas de la libertad, y en las cárceles hay 1.300. Además en el primer semestre de 2023 se produjeron 650 condenas efectivas –unas 100 por mes, lo que implicaría que a fin de año habrá 600 más- y se dictaron 1.041 prisiones preventivas, además de que se renovaron 1.146, lo cual lleva la situación a números que no se pueden estimar “prima facie”, porque se vincula con procesados que entran y salen del sistema.

La cuestión tiene varias aristas de fuerte complejidad. Una es la inquietud en los vecindarios donde se encuentran estas dependencias policiales atiborradas de presos, en las que hay riesgos de fuga por la precariedad de las instalaciones y por las dificultades de la fuerza de seguridad para la custodia de los detenidos y para administrar el movimiento que se genera a raíz de la vistita de familiares que llevan viandas para las personas alojadas allí. Ayer se fugaron seis detenidos en la comisaría 3ª y cuatro en la del Manantial. Se estima que se produce una fuga por semana.

Con respecto al movimiento que se genera con la aprehensión de personas, cabe aclarar que el sistema penitenciario tiene capacidad para alimentar a los presidiarios condenados, tanto los que se encuentran en los penales como dependencias policiales. En cambio, a quienes se encuentran procesados por la Justicia no se les provee alimentos y por ellos sus familiares deben acudir a la mañana y a veces a la tarde para llevarles alimento. A ellos se añaden, especialmente los fines de semana, los detenidos por contravenciones. Y como por cuestiones de espacio se debe estar trasladando constantemente a los detenidos, se dan con frecuencia circunstancias insólitas como la relatada por un defensor de Monteros, que tuvo que ir a buscar a su defendido en la comisaría de El Tala, al norte extremo de la provincia. Todo esto genera una enorme disposición de personal de las dependencias policiales solamente para el cuidado de detenidos –unos tres por comisaría, cifra que se triplica con las visitas de familiares-; serían unos 500 agentes. Asimismo, el traslado de detenidos –tanto por pedidos de la Justicia para ser llevados a Tribunales como por las necesidades de espacio de las dependencias- implica movimiento de efectivos y patrullas. A esto se añaden las consignas policiales, que insumen, según se estima, unos 2.800 agentes. Todo afecta de algún modo la presencia policial en las calles, puesto que se trata de tareas que, en teoría, debería cumplir el servicio penitenciario y que ocupan muchas horas de los agentes de seguridad. Una tercera parte de la policía está dedicada a esto.

La crisis carcelaria ya lleva muchos años. Se visibilizó en 2015, cuando dos fiscales pidieron un habeas corpus a favor de los detenidos, los policías y los vecinos de toda la provincia. En ese momento había más de 500 personas en las comisarías. Se trata de una cuestión humanitaria también, que se vincula con el progresivo agravamiento de los problemas sociales. Desde entonces lo único que se hizo fue un nuevo pabellón en la penitenciaría de Villa Urquiza y se avanzó con proyectos de alcaldías en Delfín Gallo, Banda del Río Salí, Las Talitas y Río Seco (que fue luego descartada) y la construcción del penal de Benjamín Paz, cuya primera etapa se inauguraría en marzo.

La aceleración de los problemas hace presumir que se agravará la crisis con el correr de los meses y que las propuestas edilicias, en este contexto, son insuficientes. Cabe acotar, en este sentido, que muchos conflictos que antes terminaban en prisiones se resuelven con soluciones alternativas como la suspensión del juicio a prueba. Si no, la situación de colapso alcanzaría niveles inimaginables. Ya llevamos ocho años de esta crisis, lo cual debería llevar a que las autoridades abarquen un profundo estudio de la complejidad del problema, a fin de hallar salidas tanto para la emergencia como también soluciones a futuro, que no se pueden afrontar solamente con anuncios.