La línea donde la sociedad se desmorona

Los crímenes de los policías Ramón Sánchez y Víctor Emanuel Lazarte desdibujaron trágicamente las cosas. El hecho de que hayan sido agentes las víctimas de los homicidios puso en evidencia que los responsables de la seguridad son las autoridades del sistema (quienes gobiernan) y no los efectivos de la fuerza. O bien, como reclamaron las familias de las víctimas, la Justicia, a la que acusaron de no ser tan rígida con los delincuentes como sí lo es con los uniformados. “Ustedes no cuidan al que cuida”, fue el planteo. “Si ves a una persona con un arma en la calle obviamente la tiene para hacer daño, pero nosotros tenemos que esperar a que esa persona nos dispare a nosotros o a un civil, y si logramos sobrevivir al primer disparo recién podremos intervenir; tendría que ser al revés”, dijo un agente llamado Lucas. “Lo primero que tiene que cambiar es el tema de la legítima defensa”, añadió el cabo R.L.

Nadie salió a aclarar las cosas, porque había vuelto virulentamente la idea de la puerta giratoria de la Justicia, que -dicen los agentes- suelta a los delincuentes a pesar de que las cárceles y las comisarías estén abarrotadas como nunca. No obstante, la familia de Lazarte, que llevó el cajón del joven agente abatido a las puertas de la Casa de Gobierno, puso claridad al advertir que ellos pedían Justicia y que se detenga a los responsables, pero no que se justifique a los policías acusados de gatillo fácil.

Distinguir el bien del mal

Esto llevó a una mirada diferente sobre la tarea de la gente de seguridad. “La Policía es la última línea entre la delincuencia y la sociedad trabajadora. Si la Policía no está, no hay quien controle a los violentos y la sociedad desaparece”, dijo el suboficial Víctor Nacusse, que añadió que en las últimas dos décadas fueron asesinados 30 policías. Agregó que en ese tiempo “hay dos o tres generaciones de delincuentes en algunas zonas. Personas que viven en la marginalidad, en el problema económico, en la violencia familiar. La marginalidad los ha llevado a un nivel de entendimiento social casi nulo. Y a eso se suman la necesidad económica y las drogas. ¿Cómo van a distinguir el bien del mal? Hay zonas de la sociedad que se organizan mediante la violencia. Por eso digo que la marginalidad causa estragos y estamos en un retroceso como sociedad”. Palabras similares tuvo el abogado Sergio Pérez, que patrocina a las familias de Sánchez y de Lazarte. “Esto es lo que puede pasar si la policía no actúa”, dijo.

Entrevistados por LA GACETA, varios agentes de calle reclamaron que se encuentran desamparados. Dijeron que en las zonas “pesadas” se ven desbordados por gente agresora (“nos atacan a pedradas”) y reclamaron que no tienen elementos adecuados, que les faltan chalecos y que a los más jóvenes les entregan las armas más viejas y no les dan balas. Esas palabras fueron desmentidas por los funcionarios. El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, dijeron que, a pesar de estas tragedias, no se puede hablar de ola de inseguridad.

Sin reconocimiento

“No hay ola. Hay tormenta desde hace varios años”, replicó Nacusse, que advirtió que si los funcionarios no reconocen el problema, difícilmente busquen cambiar las cosas para solucionarlo. Los vecinos también lo reclamaron: “El Gobierno y la Policía se olvidan de los barrios, nos dejan solos y desprotegidos”, dijo Rosa, dueña de una mercería ubicada a la vuelta de la casa de Emanuel, en el barrio Juan Pablo I. “Esto es zona de nadie, estamos desprotegidos totalmente. Pasan cosas cada dos por tres y la Policía no está nunca; si llega a pasar un móvil es una vez por semana, pero sólo por la Silvano Bores; no se mete por las calles internas del barrio”, dijo Darío. “Lamentablemente esos barrios están contaminados”, añadió José Palavecino, tío de Emanuel, en referencia a San Cayetano y Las Piedritas, dos zonas “pesadas”. “Allí también hay gente buena, gente trabajadora que tiene que estar envuelta en ese ambiente lleno de droga y delincuencia”, explicó.

En realidad toda esa zona densa está así desde hace años. Las recetas de seguridad -pergeñadas por los funcionarios (según dicen los policías) y por los jefes policiales (según los vecinos) son las mismas desde hace muchos años. Operativos masivos de irrupción (a veces junto a la Justicia); detenciones masivas; espera hasta que se calman las cosas; retirada para ir a otra zona de conflicto. ¿Saben qué pasa en el barrio? No. Quizás lo intuyen. Pero las comisarías barriales no intervienen en la diagramación de los operativos, sino las llamadas Zonas de las Unidades Regionales; y estas tampoco tienen estrategia ni protocolo para actuar en esas áreas desconocidas para ellos. Los vecinos -que sí conocen- dicen que en el Juan Pablo I ellos derrumbaron una garita que había levantado la comisaría 4a porque ya no había agentes en el barrio. “Ahora está lleno de policías y después de unos días se van a ir”, advierten. ¿Qué pasó con el sistema de Cuadrantes de Patrulla, que proponía mandar a caminar equipos de agentes por las calles -comenzando por los vecindarios conflictivos- para que conozcan lo que pasa en la población, como fue en sus comienzos la Patrulla Urbana, hace 20 años? Tras haber sido ampliamente elogiado por los funcionarios en 2021, el sistema de Cuadrantes fue abandonado o minimizado. Como sea, en esta zona “pesada” había un equipo, y ahora no hay.

Otra realidad

Luego de las tragedias quedó en claro que los agentes no reciben elementos adecuados y tampoco la capacitación suficiente para enfrentar estos problemas brutales que no son solamente relacionados con la inseguridad que genera la delincuencia, sino con la violencia y con esa otra realidad que se desarrolla en torno del negocio de la droga y de las adicciones. ¿Cómo se califica la tragedia reciente del Manantial Sur, donde un hombre adicto fue asesinado y se sospecha que la responsable es la hija de su novia, a quien la familia de la víctima acusa de ser vendedora de estupefacientes? ¿Y qué decir de los investigadores, que afirman que no pueden encontrar testigos del ataque, los cuales -añaden- serían clientes de los narcovendedores? Es otra realidad.

¿Qué leyes pretenden cambiar para enfrentar los problemas que son añejos en esos barrios, que ahora se ven agravados? En medio del reclamo de Justicia de las familias de los Policías, y del tenso -y también respetuoso- silencio del Gobierno, hubo quienes recordaron la protesta policial de 2013 cuando la falta de agentes en las calles fue de algún modo detonante de los tres días de trágicos saqueos. Ahora, sin los desbordes brutales de hace 10 años, cobró visibilidad ese rol de la fuerza de seguridad de ser la última línea entre la comunidad medianamente organizada y el caos, donde la sociedad se desmorona.