Por Gustavo Rodríguez
19 Julio 2023
UN JUICIO HISTÓRICO. Los jueces Rafael Macoritto, Dante Ibáñez y Carlos Caramuti pidieron que se amplíe la investigación del crimen de la joven. la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso
Han pasado 17 años de la desaparición y el crimen de Paulina Lebbos. Un caso que movilizó al país y que sigue impune. Una causa tan compleja como extraña que lleva años y que generó insólitas derivaciones en cada uno de los tres juicios que se hicieron hasta el momento. En las últimas horas se conoció que serían varios más, ya que los funcionarios del Ministerio Público Fiscal comenzaron solicitar que varias personas enfrenten a tribunales por diferentes delitos.
En febrero de 2019, los jueces Rafael Macoritto, Dante Ibáñez y Carlos Caramuti, en el fallo en el que absolvieron a Roberto Luis Gómez, el único imputado por la desaparición y el femicidio de Paulina, ocurridos en febrero de 2006, y condenaron al ex secretario de Seguridad, Eduardo di Lella, al ex jefe de Policía, Hugo Sánchez, al ex subjefe, Nicolás Barrera, al ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Brito, y al ex uniformado Hugo Rodríguez, ordenaron que se abrieran nuevas investigaciones para tratar de esclarecer el crimen. Presentaron una larga lista de sospechosos. Unos, de haber matado a la joven; otros, de haber realizado maniobras para que no se conociera la verdad; y otros por falso testimonio, es decir, haber mentido durante el juicio.
En 2021, días antes de que prescribiera la causa, la Corte Suprema de Justicia de la provincia dejó firme el fallo y el Ministerio Público Fiscal tuvo que acelerar los tiempos para imputar los delitos y evitar que las acusaciones quedaran impunes por el paso del tiempo.
El fiscal Carlos Sale se encargó de los acusados de la desaparición y el femicidio de Paulina. Ya solicitó que César Soto y Sergio Kaleñuk sean enjuiciados por ambos delitos. El investigador entendió que ambos estuvieron involucrados en el hecho. Los defensores del hijo del ya fallecido Alberto Keleñuk, quien fue secretario privado del ex gobernador José Jorge Alperovich, ya apelaron la resolución y, en principio, la ex pareja de la víctima no se habría opuesto.
Pero hay más: hasta aquí no se sabe qué pasó con las investigaciones en contra de Esteban Gómez (hermano del absuelto) y Ernesto Atim, también sospechados de haber sido los autores del hecho. Al parecer, Sale todavía no encontró las pruebas suficientes para poder imputarles el delito. Un detalle que no es menor: si llegara a encontrar indicios en contra del primero, la causa deberá someterse al proceso del nuevo Código Procesal Penal, ya que era menor de edad cuando se cometió el femicidio.
Una larga lista
En cada juicio que se realizó por el caso Lebbos surgieron indicios para realizar nuevas investigaciones. En el primer debate oral, donde se condenó a los policías de Raco por haber realizados diferentes maniobras para encubrir el crimen, quedó al descubierto que esa red era mucho más grande de lo pensado y que estaban implicados funcionarios del área de Seguridad y hasta el fiscal Carlos Albaca.
En el histórico debate posterior por el femicidio no sólo surgieron los nombres de los nuevos sospechosos del crimen, sino que además se amplió más la nómina de personas que fueron acusadas de encubrimiento y de falso testimonio. Los fiscales Mariana Rivadeneira, Mariano Fernández y Fernando Blano, en distintos momentos, fueron los encargados de analizar la conducta de los más de 30 señalados de haber cometido esos delitos.
En las últimas horas se confirmó que los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron que nueve de los señalados sean enjuiciados (ver aparte la lista completa). En esa lista aparecen, entre otros, Virginia Mercado, la amiga de Paulina que fue la última persona que la vio con vida. También están varios ex policías que tuvieron participación en la pesquisa del caso y allegados de la estudiante de Ciencias de la Comunicación.
EL ÚLTIMO DEBATE. Carlos Albaca, junto a su abogado. FOTO LA GACETA/ANALÍA JARAMILLO
Hay algunas particularidades. El tribunal solicitó que sean investigadas varias personas por diferentes delitos, pero sólo pudieron ser acusadas de un ilícito. A otras, directamente se les archivó el expediente por falta de pruebas. Estos son algunas de esas personas:
- Marcial Escobar: ex comisario que fue contratado en el gobierno de Alperovich para que hiciera una investigación independiente del caso.
- Jimena Mercado: la hermana de Virginia, que formó parte del grupo que fue a bailar con Paulina la noche en la que desapareció.
- José Aramayo: primo de las Mercado, que también fue a bailar con la estudiante.
- Raúl Lobo: el ex jefe de Bomberos de la Policía que fue el encargado de dirigir al personal que trasladó el cuerpo de Paulina.
Los que faltan
Todavía falta resolver la situación de más de una veintena de acusados de encubrir o de haber cometido falso testimonio en el juicio. La lista más importante es la que integran ex funcionarios del PE y policiales que firmaron el ascenso a Enrique García, el primer comisario condenado por las maniobras que realizó para encubrir el crimen. Entre otros, aparecen Alperovich, el ex ministro de Seguridad, Mario López Herrera; el ex jefe de Policía, José Díaz y los comisarios Heberto Cortés, Jorge Herminio Racedo, Héctor Sosa y Margarita Fátima de Gómez, entre otras.
También esperan que se resuelvan sus procesos otras piezas claves en la investigación. Entre ellas, la bioquímica Lilia Amelia Moyano, que debería haber conservado las muestras biológicas recolectadas en el lugar. Lo mismo ocurre con Fernando Vázquez Carranza, responsable de la Policía Científica.
Todavía queda resolver la cuestión de la prescripción de las causas de varios de los que se pidió investigar. Quedaron afuera, por haber fallecido, Alfredo Jiménez (formó parte del equipo de ex investigadores), Rubén Urueña (ex presidente de Central Córdoba) y Daniel Paz (ex chofer de Alperovich y dirigente de Atlético), entre otros.
El juez Raúl Cardozo deberá analizar cada una de las causas y definir si acepta la elevación a juicio. Los defensores podrán apelar su resolución. El camino que queda por recorrer es bastante extenso y no hay ningún tipo de seguridad de que se sepa qué pasó con Paulina.
“Todos los señalados deben ir a juicio”
“Todos los mencionados son importantes, pero hay una realidad. Hay dos que son claves y que no están en esta lista. Me refiero al ex gobernador José Jorge Alperovich y a la bioquímica Lilia Moyano”, explicó Alberto Lebbos, el padre de la estudiante asesinada. “Todos los mencionados deben ser enjuiciados porque quedó demostrado en el juicio lo que hicieron o no hicieron o hicieron mal. Lo que no entiendo es que se hayan demorado tanto en llegar a juicio. Estamos convencidos de que existe un orden de jerarquía”, agregó en una entrevista con LA GACETA.
“Es increíble que se hayan demorado más de cuatro años para comenzar con este proceso. Todas las pruebas estaban plasmadas en el expediente, sólo tenían que hacer el pedido”, explicó Lebbos. “Ahora ya sabemos qué pasará: por el paso del tiempo no recordarán nada de lo sucedido. De todas maneras todos tienen que enfrentar a un tribunal, puesto que en cada debate que se hizo hubo un avance en la investigación”, finalizó.
“Los delitos de encubrimiento y de falso testimonio son de acción pública, así que el impulso para esas investigaciones está en cabeza del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial”, explicó Soledad Deza, que representa la querella asumida por Letizia Nieva, la hija de Paulina. “’Leti’ está enfocada en cobrar las reparaciones que se derivan de las distintas condenas que dejó el crimen de Paulina. En especial la condena al Estado por el daño moral de no haber investigado con debida diligencia reforzada por la cuestión de género y haber violado a través del encubrimiento judicial el derecho a la verdad que tiene como víctima”, añadió.
“Esa deuda se inscribió el mes pasado en el Registro que lleva la Fiscalía de Estado y esperamos cuanto antes pueda cerrar ese capítulo. Luego están las deudas de Di Lella, Sanchez, Brito y Barrera, también por los daños del encubrimiento institucional, pero el único con bienes para ejecutar es Sánchez y estamos llevando adelante esa ejecución”, finalizó.
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