Las grandes verdades y mentiras de la inseguridad

La inseguridad que se vive en nuestra provincia está marcando a gran parte de la sociedad. Un peligroso halo de odio y resentimiento se va extendiendo de la mano del incremento de los delitos contra la propiedad y los homicidios en situación de robo. Una realidad que incomoda a la mayoría de los tucumanos. Una cuestión que agrava las diferencias sobre una cuestión no menor: cómo quieren vivir los habitantes de la provincia.

Los homicidios del cabo Ramón Sánchez y del agente Víctor Lazarte conmovieron a los tucumanos. Esos sentimientos afloraron por una sola razón: las víctimas eran policías, personas que se pusieron el uniforme para proteger a los ciudadanos. Desde chicos nos enseñaron que los servidores públicos (policías, bomberos, enfermeros, médicos, carteros y barrenderos, entre otros) son héroes. Rara vez un héroe muere en manos de los “malos”, mucho menos por resistirse a que le robaran las motos que utilizaban para trasladarse. Por esa razón sus asesinatos movilizaron tanto.

Pero esa es tan solo una parte de la realidad. La dura y cruda verdad está sustentada con estadísticas. En lo que va del año se registraron 14 homicidios en situación de robo. Siete personas perdieron la vida al ser víctimas de asaltos. Tres de ellas murieron cuando intentaron evitar que le quiten las motocicletas. La cuarta fue una joven que tuvo la desgracia de pasar por el lugar donde se estaba registrando este tipo de ilícito y recibió un disparo al quedar en medio del fuego cruzado.

De 100 rodados que secuestra la Policía en operativos de control, menos de 35 son reclamados por sus propietarios por una simple y sencilla cuestión: no tienen los papeles para justificar su propiedad. Esas son claras señales de que en la provincia existe un enorme mercado negro de estos bienes. Muchos de los que se conmueven por los crímenes no dudan en comprar un rodado o un repuesto que le hace falta por unos pesos menos.

Luchar contra este mercado ilegal es cada vez más difícil. Los crímenes de los policías dejaron al descubierto que no existen bandas organizadas que se dedican al robo de motos. Simplemente son jóvenes que buscan una manera sencilla de conseguir dinero.

Todos los acusados de haber sido los autores del crimen de los policías, además de estar emparentados, tienen un perfil similar: sus edades oscilan entre los 19 y 30 años; tienen problemas de adicción; no cuentan con trabajo estable y apenas si terminaron la primaria. Tienen este delito como forma de vida porque hay tucumanos que se las sacan de las manos, ni preguntan cuál es su origen. La Justicia tampoco puede hacer mucho. Todas las personas que son sorprendidas con motos que fueron denunciadas como sustraídas son aprehendidas y procesadas por el delito de encubrimiento. Pero las leyes, evidentemente no pueden con las malas costumbres que se afianzan cada vez más.

Nada que ver

La muerte de los dos policías también generó una ola de críticas contra la Justicia. Muchos ciudadanos e integrantes de la fuerza cuestionaron a fiscales y jueces por “estar del lado de los delincuentes” y no de los que deben combatir el delito. Pero, como dicen los más jóvenes, “nada que ver”.

Sólo hay que recordar los dos últimos fallos de casos de gatillo fácil que se registraron en la provincia para entender que esa es una idea errónea. En diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia decidió absolver al agente Mauro Matías Navarro que había sido condenado a perpetua por el crimen de Miguel Reyes Pérez. Un mes después, también el máximo tribunal de la provincia, anuló la condena a perpetua que habían recibido Mauro Díaz Cáceres y Nicolás González Montes de Oca por el homicidio de Facundo Ferreyra y ordenó hacer un nuevo juicio que se iniciará en menos de dos semanas. Históricamente, cada vez que se repite un debate de estas características el final es cantado: absolución para los acusados.

En poco más de ocho meses hubo dos casos en los que los uniformados mataron a personas acusadas de robo. Un efectivo hirió mortalmente a Gonzalo González en agosto de 2022 y nunca se le imputó delito alguno, a pesar de que la familia señala que fue un exceso policial y recorre los pasillos de tribunales pidiendo un giro en la investigación.

En abril, Francisco Bustamente fue ultimado de un balazo cuando intentó ingresar al domicilio de un efectivo y tampoco se le formularon cargos. Está claro entonces que la Justicia no persigue a los uniformados que cumplen con su deber, siempre y cuando actúen dentro del marco de la ley. Y, si existe alguna duda, están del lado de los policías, como dejó en claro la Corte al anular dos sentencias.

Los que definitivamente están sufriendo inmerecidamente una condena social son los defensores oficiales y privados. Son víctimas de parte de una sociedad que no entiende que deben cumplir con su trabajo. La ley ordena que todos los acusados deben ser asistidos durante todo el proceso. No son cómplices de delincuentes, son profesionales. Es su responsabilidad denunciar los apremios que recibieron sus asistidos. A la ley se la hace cumplir respetándola, no violándola, sin importar la gravedad del delito. Tampoco se combate la violencia con más violencia.

Sí llama la atención el silencio de los colegios e instituciones que deberían acompañarlos y defenderlos ante el escrache de los más exaltados. Callarse no hace otra cosa más que alimentar ese resentimiento porque es una manera de naturalizar lo que está ocurriendo.

Más silencio

Hubo varias escenas que golpearon a los tucumanos. Algunas generaron espanto, otras directamente desidia y reflejaron el resentimiento que genera la inseguridad. Una imagen fue histórica. La foto del cortejo fúnebre del agente Lazarte detenido en la Casa de Gobierno fue el golpe más duro que recibió el gobernador Juan Manzur en sus dos mandatos como titular del Poder Ejecutivo. Nunca antes una protesta había llegado tan lejos. Pero también es cierto que nunca antes habían asesinado a dos policías en dos hechos diferentes, en menos de una semana y a seis cuadras de diferencia. Una falla garrafal en materia de prevención que generó hasta enojos dentro de la misma fuerza.

A la de la protesta, se sumó la de un video viralizado en la que se ve a un joven seriamente lesionado después de haber recibido una golpiza por parte de los vecinos de la mujer a la que había intentado robar. En esas tomas se pudo observar a la madre del golpeado discutiendo con los policías que lo custodiaban. “Eso pasa por salir a robar”, le dijo un policía a la mujer. “Él sale a robar para comprar droga. ¿Por qué no van a agarrarlos a los transas?”, le respondió la madre.

En Cebil Redondo, una familia entera tomó la drástica decisión de encadenar un joven adicto para evitar que lo mataran los habitantes del barrio donde viven. Hay que entender que el consumo de drogas dejó de ser un atenuante para la Justicia. Es un drama social que requiere muchas acciones y no sólo la persecución penal.

El poder político reaccionó, como siempre, espasmódicamente. Reflotan viejos proyectos, pidieron leyes más duras y se acordaron de la Policía después de que mataran a dos efectivos. “Estamos en transición”, dijeron oficialistas y opositores. Pero lo que no dicen o no saben es que más de tres meses en seguridad es una eternidad. Todo lo que suceda hasta que las nuevas autoridades asuman puede marcar la gestión de los próximos años. No es un tema menor, se trata del futuro de todos los tucumanos.