17 Julio 2023
REUTERS
TEHERÁN, Irán.- La policía de la moral, terror de las mujeres en Irán, ha vuelto a patrullar las calles en las principales ciudades del país gobernado por un régimen teocrático musulmán.
El asesinato de la joven Mahsa Amini mientras estaba detenida, desató furiosas protestas en todo el país. La joven de 22 años, de origen kurdo, había sido acusada de haber violado el código de vestimenta de la República Islámica, que obliga a las mujeres a llevar velo en público.
La población se movilizó en diferentes ciudades para manifestarse en contra del régimen de los ayatolás y mostrar el hartazgo de una sociedad golpeada por la crisis económica y por la falta de libertades individuales.
La respuesta fue represión y violencia. Los manifestantes, jóvenes en su mayoría, denunciaron una persecución brutal, en la que cientos de personas fueron abatidas y miles detenidas.
Luego del estallido en las calles y de la presión internacional para que cese la represión, la policía de la moral había desaparecido en buena parte de los espacios públicos iraníes en los últimos meses. Cada vez más mujeres salían con la cabeza descubierta, sobre todo en Teherán y en las grandes ciudades.
La contraofensiva no se hizo esperar: desde principios de año, las autoridades han adoptado una serie de iniciativas, que van desde el cierre de comercios, en particular restaurantes, hasta la instalación de cámaras para perseguir a las que desafían la prohibición.
Ayer, 10 meses después del estallido, la policía iraní dio un paso más, con el anuncio de que restableció las patrullas para sancionar a las mujeres que no llevan velo en lugares públicos, advirtió el portavoz de la policía Said Montazeralmahdi, citado por la agencia Tasnim.
En los últimos días, fotos y videos publicados en las redes sociales mostraban a policías en chador arrestando a mujeres que no llevaban velo, según la agencia AFP. El diario reformista “Shargh” publicó en su edición de ayer que cuatro mujeres habían sido condenadas a asistir a clases de psicología y limpiar hospitales. También se les prohibió conducir durante dos años, tras ser declaradas culpables.
La Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos en Irán de las Naciones Unidas, en su informe publicado ese mes, advirtió que Teherán mantiene una férrea represión contra quienes participaron en las protestas de 2022.
Así lo consignó Viviana Krsticevic, actual Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y una de las investigadoras que formó parte de la Misión de la ONU.
En una entrevista con el diario argentino “Infobae”, Krsticevic contó las dificultades para investigar lo que pasó durante la represión. Habló de la preocupación del organismo ante “la falta de apego de la investigación nacional a estándares mínimos de derechos humanos, incluidas la independencia, transparencia y debida diligencia”.
También señaló en los esfuerzos del régimen por “inhibir la búsqueda de la verdad” y recordó las detenciones de los periodistas que primero reportaron sobre el caso de Amini: Nilufar Hamedi y Elahe Mohammadi.
La familia de Mahsa, además de haber sufrido la pérdida de la joven a manos de la policía de la moral, también fue víctima todos estos meses de amenazas, y no se ha atendido su derecho a la verdad y la justicia.
Las cosas no se encaminan a una mejora, no sólo por el recrudecimiento de la represalia policial. Ahora, el régimen también impulsa un recrudecimiento legal de la represión, a través de dos proyectos que están aguardando tratamiento ante el Parlamento.
De ser aprobadas esas normativas, las mujeres y las niñas que violen las leyes sobre el uso obligatorio del velo podrían sufrir castigos aún más graves, mayores riesgos de violencia, acoso y detención arbitraria.
Las penas de los proyectos de ley permitirían el arresto, los azotes o latigazos y la prohibición de ocupar ciertos puestos o profesiones -como el ejercicio del Derecho-, en contravención con las normas internacionales de derechos humanos.
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