“El Ministerio Público Fiscal no puede traicionar su misión legal contra el delito”

“El Ministro Publicó Fiscal no puede, después de ocho meses de aplicación, decir que la ley es inconstitucional porque en base a esa misma ley, bajo su dirección investigó, acusó y requirió encarcelamientos preventivos a muchas personas, muchos ciudadanos. Si el MPF estaba convencido de tal inconstitucionalidad desde el principio, ¿porque aplicó la ley en vez de plantarse en cada causa y alegar tal inconstitucionalidad? ¿Acaso se hace inconstitucional sólo a partir de lo que le conviene o deja de convenir a él?”. De esta manera el legislador Raúl Albarracín, miembro además del Consejo Asesor de la Magistratura, salió al cruce del dictamen del Ministerio Público Fiscal que pretende que la Corte declare inconstitucional la ley de Narcomenudeo que se sancionó en Tucumán hace ocho meses.

Según Albarracín, el MPF “no puede desamparar a los tucumanos ante un flagelo tan grave. Es paradójico que quien tiene el atributo y deber de investigar, perseguir y acusar a los que delinquen acudan a la Justicia para no cumplir ese deber legal”, replicó el parlamentario. Y analizó: “la entrada en vigencia de la Ley n° 9188, la cual adhiere a la Ley Nacional n° 23737 de narcomenudeo, es una deuda del Estado tucumano con la sociedad. La ley 9188 fue sancionada por la Honorable Legislatura y fue aplazada su entrada hasta que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán autorizó su aplicación. Ya fuimos testigos de cómo el MPF trabó la desfederalización de la persecución de este crimen años atrás con la Ley 8664, y con la nueva ley, de igual modo optó por resistir y oponerse a que la Provincia se involucre y combata el microtráfico y narcomenudeo”. Según Albarracín, “tenemos un gravísimo problema con la inseguridad y con esta ley estamos dándole respuesta. No podemos desandar su camino ya que desde la entrada en vigor de una ley tan importante y que afecta en demasía a todos los tucumanos los resultados están a la vista. Significaría un enorme retroceso en la estrategia de lucha contra el microtráfico que lleva adelante el gobierno provincial, y que en su momento la Legislatura apoyó por unanimidad. Más allá de esto, representaría un muy mal mensaje para las organizaciones narcocriminales, debido a que por la actitud de quien debe  perseguir a los delincuentes, estaríamos cediendo el terreno ganado a estas mismas en estos últimos meses, y pausando o descartando una valiosa herramienta que generó cientos de allanamientos, detenciones por comercialización de drogas, incautaciones y desbaratamiento de kioscos y bandas narcos”.

Según el MPF, no se cumplió ninguna de las cuestiones que se habían prometido antes de la aplicación de la norma, y por eso solicitaron reiterar la cautelar a efectos de que se suspenda la aplicación de la ley e hicieron reserva del caso federal para que sea la Corte nacional la que finalmente resuelva el conflicto. Según analizaron, “la normativa impugnada carece de parámetros para decidir a partir de qué cantidad de estupefacientes se debe considerar que se está en un caso de comercialización o de tenencia”. Y además aseguraron que, según los informes legales, “la Tesorería General de la Provincia informó que durante el ejercicio 2022 y lo transcurrido al año 2023 (hasta fines de marzo), el Estado Provincial no recibe transferencia desde Nación bajo el concepto Ley Nacional N° 26.052 en ninguna cuenta corriente abierta”.

Sin embargo, según Albarracín, “se necesita el compromiso de todos los poderes del Estado para ganar esta pulseada contra la droga en la provincia. Por eso es imperiosa la aplicación de la ley porque cuando se renuncia a la lucha se termina cayendo más abajo que la realidad misma la cual ya es dramática y se trata de la salud y la vida de la gente.

El MPF no puede traicionar su misión legal en contra del delito  y debiera buscar soluciones a los problemas y evitar buscar problemas a las soluciones dado los valores en juego”.