Por qué los nexos de infraestructura para el Procrear II se harán por contratación directa
El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación explicó los motivos por los que la Provincia tendrá a cargo esas obras. Señaló que es inminente el inicio de los trabajos en el emprendimiento habitacional.
La inminencia del inicio de las obras del Procrear II, en Los Chañaritos. Ese es el motivo por el que la Legislatura facultó al Instituto Provincial de la Viviendas y Desarrollo Urbano (IPV) a hacer contrataciones directas en nexos de infraestructura, según explicó el oficialismo. La sanción de la ley, que salió por mayoría, despertó el rechazo de todo el arco opositor. Pero en la Nación sostienen que era necesario omitir la licitación pública por una cuestión de tiempos, para dotar adecuadamente de servicios al emprendimiento habitacional y a toda la zona sur de la Capital.
El titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad de Gestión de Asuntos Institucionales e Internacionales” del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Hugo Cabral, explicó que la Provincia tendrá a cargo las obras de nexo necesarias para que los servicios de agua potable, energía eléctrica, cloacas, desagües pluviales y gas natural lleguen al emprendimiento. A su vez, remarcó que las redes de infraestructura del emprendimiento y las obras de arquitectura ya fueron licitadas y contratadas por Procrear. “Ya está todo adjudicado”, resaltó.
Consultado sobre el motivo por el que se recurrió a la contratación directa -previo cotejo de precios- y no a la licitación pública para los nexos de infraestructura, Cabral afirmó que la Nación iba a aportar inicialmente los fondos para esas obras. Pero, debido a los compromisos que debe afrontar la Casa Rosada con el Fondo Monetario Internacional, no estaban garantizados todos los dineros. Por este motivo se solicitó a la Provincia que financie esas obras y, por una cuestión de celeridad, se seleccionó el método de contratación directa (está contemplado en el Artículo 12, de la Ley de Obras Públicas N° 5.854). “Se pidió relativamente hace poco tiempo”, insistió.
El funcionario nacional dijo que las obras de nexo de infraestructura beneficiarán a toda la zona sur de San Miguel de Tucumán. A modo de ejemplo, explicó que se debe sacar una nueva red de electricidad de la Estación Independencia para el emprendimiento de 3.167 viviendas: 1.663 repartidas en torres, monoblocks y dúplex y 1.513 lotes con servicios.
“Se van a volcar los frutos en todos los alrededores de la zona sur. Es inminente el inicio de las obras. Ya se terminaron los trabajos preliminares y están los obradores puestos. La documentación se terminó de presentar en la Municipalidad”, dijo Cabral. Estimo que en una semana podrían comenzar las tareas en el Procrear II, ubicado a metros del emprendimiento Manantial Sur.
“Evitar controles”
La facultad que otorgó la Legislatura al IPV generó cuestionamientos en la oposición. Además de que la iniciativa no fue avalada por las bancadas no oficialistas, hay referentes opositores que expresaron su rechazó a la omisión de la licitación pública. “En Tucumán sigue vigente el modelo de José López”, rechazó el legislador electo José Cano.
“La receta es la misma y el resultado también. El Gobierno lleva más de dos décadas pidiendo contrataciones directas para resolver problemas que nunca se resuelven. Es hora de que Tucumán recupere la transparencia en el manejo de los fondos públicos y que se limite la discrecionalidad de los funcionarios para gastar el dinero de los tucumanos. Hay que terminar con la corrupción”, expuso el radical.
Cano añadió que la Provincia suele “trabajar siempre sobre el apuro y la amenaza de perder fondos nacionales para evitar controles rigurosos en el gasto de fondos millonarios”. “Capitalismo de amigos que siempre le es funcional al oficialismo”, rechazó.
Miles de millones
En el recinto, la legisladora Nadima Pecci (PRO) cuestionó las reiteradas solicitudes que pasan por la Cámara para facultar a oficinas provinciales para realizar contrataciones directas y no licitaciones públicas (instrumento previsto en la Constitución para contratos públicos). “Es un mecanismo constante la contratación directa en el recinto, casi la regla, alegando una urgencia. Estamos hablando de la construcción de un barrio que, seguramente, demandará mucho tiempo. Hablar de urgencia es, mínimo, una contradicción”, expuso en la sesión del miércoles.
“No hay motivos para no seguir los pasos legales. De ninguna manera podemos permitir que la emergencia y las situaciones de necesidad sean tomadas de excusas por una deficiente administración o de peores situaciones que se traducen en una contratación directa”, vociferó Pecci. Y añadió: “ni siquiera sabemos cuáles son las obras que se van a contratar. Va a haber miles de millones de pesos en contratación directa. Es bastante ilógico que, si hablamos de obras que van a llevar años, aleguemos la urgencia”.
“Es una urgencia”
El titular de la comisión de Obras y Servicios Públicos, Tulio Caponio (Frente de Todos), aseguró que existen motivos suficientes para omitir la licitación pública en esta ocasión. “El principal motivo en este barrio es que está ubicado en un complejo habitacional de Manantial Sur. Las redes tienen que ser en función de todo ese complejo. Hay 2.300 viviendas, y se van a ejecutar más de 1.600. A toda la infraestructura hay que hacerla adecuada para todo el complejo”, explicó.
El legislador oficialista detalló que hay caños maestros de líquidos cloacales y de agua, así como redes troncales de electricidad, que se deben preparar para las casi 4.000 viviendas en las que vivirán alrededor de 20.000 personas. “Hay una necesidad y una urgencia para que eso se termine porque las casas que se están entregando en la zona fueron vandalizadas muchas veces. Es una urgencia terminar con esas viviendas y con las infraestructuras, dijo. Añadió que deben ser ejecutivos con las contrataciones debido al proceso inflacionario que atraviesa el país. “No es ilegal (la contratación directa), está contemplada en la ley para este tipo de casos”, advirtió.
El Procrear II cuenta con una inversión inicial de $26.000 millones de fondos nacionales. El plazo de ejecución previsto es de 14 meses.