05 Julio 2023
La familia de Joaquín Sperani pide justicia
Tras la conmoción que generó el crimen de Joaquín Sperani,en Laboulaye (Córdoda), la pregunta ahora es qué pasará con el acusado de matarlo, su amigo de la infancia, de 13 años. Por esto, Mariela Flores y Martín Sperani, los padres del adolescente asesinado, se reunieron con el juez Penal Juvenil, Sebastián Moro, quien está a cargo de la causa. Fueron acompañados por su abogado, Raúl Frencia.
El chico acusado del homicidio se encuentra en resguardo, en el Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD) que depende del Complejo Esperanza en la ciudad de Córdoba. Por su edad es inimputable, por lo que no irá a la cárcel.
La víctima y el menor que confesó haberlo matado habían sido compañeros en la escuela primaria y este año, se reencontraron en el secundario. “L” (como se llama al acusado para proteger su identidad) iba a una escuela agrotécnica, pero se cambió de colegio al IPEM Malvinas Argentinas, donde cursaban juntos tercer año.
Todos los testimonios, incluidos los de la familia de Joaquín, coinciden en calificarlos como “íntimos”, “muy compañeros”, de compartir mucho tiempo juntos. Incluso los padres de ambos se conocían y se frecuentaban. No tuvieron más contactos desde el sábado pasado, aunque sí habían hablado y se habían visto después de que Joaquín desapareciera el jueves.
El Régimen Penal de Minoridad argentino establece que la edad de imputabilidad es a partir de los 16 años, es decir que los menores no pueden ser juzgados ni se les puede imponer una pena por haber cometido un delito. Es el caso del chico de 13 años que se autoincriminó por el asesinato de Joaquín, que fue golpeado con un hierro y bloques de hormigón. La víctima recibió 10 golpes, según determinó la autopsia.
“L” incluso mintió a la policía cuando le preguntaron como testigo; mencionó que su amigo estaba cansado de lo “estricto” que eran en su casa, que se quería ir. Todo empezó a desarmarse cuando el papá de Joaquín visualizó imágenes de cámaras de seguridad y observó cuando a ese adolescente se le cayó un celular e identificó el teléfono como el que portaba su hijo en el momento de la desaparición; esa situación quedó grabada en el momento que el ahora sospechoso regresaba solo a la escuela. Minutos antes había salido con su compañero.
Referentes del área Penal Juvenil hablaron de la “excepcionalidad” del caso, en declaraciones para La Nación. Hay pocos antecedentes en el país. Existen homicidios a manos de menores en el contexto de inseguridad, pero pocos casos marcados por una relación de amistad.
La institucionalización del menor no es una alternativa porque, dicen los expertos, sería aplicar una privación de libertad lo que no está previsto por la ley. Lo primero es terminar con los peritajes y estudios psicológicos, familiares y ambientales que se deben ordenar para, después, determinar la manera en que el Estado debe darle “protección integral y multidisciplinaria”.
El juez penal de menores, en este caso Moro, será el responsable de resolver las medidas que no apuntarán al castigo; buscarán cuidarlo de sí mismo y también proteger a terceras personas. La decisión puede llevar a restituirlo a su familia o bien destinarlo a un espacio para menores no punibles.
Si regresara con sus padres -es hijo único- las fuentes consideran que la Justicia podría aconsejar que la familia se mudara del lugar, ya que vive a pocos kilómetros de la de Joaquín.
En cambio, si se detectaran problemas de salud mental puede ordenar su internación siempre que sea peligroso para sí mismo o para otros, ya que eso es lo que establece la ley de Salud Mental en vigencia.
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