Por Nahuel Toledo
04 Julio 2023
La llegada de un nuevo mes no representa una noticia alentadora para muchos inquilinos porque a partir de los ajustes anuales establecidos por la ley vigente, quienes alquilan deberán afrontar un incremento que ronda el 105%. Además, en este mes, donde se cumplen tres años de la puesta en vigencia de la actual normativa, el reclamo de las distintas partes vuelve a ser el mismo: el marco normativo debe reformarse porque el mercado está “distorsionado”.
De momento, la problemática de los alquileres y sus precios amarrados a un proceso inflacionario que día a día atenta contra el poder adquisitivo del salario y el valor de la moneda no tiene solución política. El debate legislativo en el Congreso quedó estancado después de que el año pasado, las distintas bancadas hayan impulsado reformas sin llegar a un punto de acuerdo. Por un lado, el Frente de Todos defendió la ley sancionada en 2020 que establece contratos a tres años, actualización anual de los valores basado en un indicador promedio de la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la variación salarial publicado por el Ripte (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) elaborado por el Ministerio de Trabajo. En el dictamen mayoritario, el oficialismo impulsó también una serie de incentivos fiscales. Entre ellos, que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler, además de contemplar que no paguen bienes personales si las unidades son destinadas a alquiler con un tope de $30 millones.
Por otro lado, el dictamen en minoría de la oposición prevé un contrato de dos años, un ajuste acordado libremente entre las partes basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Indec o una combinación de dichos índices, y una actualización consensuada que puede ir de tres meses a un año.
Malestar
En diálogo con LA GACETA, el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán, Fernando Guzmán, reconoció que después de tres años se cumplió lo que distintos sectores avizoraban. “Nosotros dijimos que esto venía a distorsionar el mercado y es lo que terminó pasando. Por esto, hoy tenemos una ley que no es conveniente para ninguna parte”, aseguró.
En medio de este contexto, el referente no dudó en asegurar que el sector inmobiliario provincial atraviesa un mal momento, marcado por la incertidumbre, y destacó que ante el próximo vencimiento de los primeros contratos rubricados con la ley vigente no se encuentran propietarios ni inquilinos que quieran hacer un nuevo contrato. “Por un lado el propietario se tiene que atajar a los precios teniendo en cuenta que debe esperar un año para actualizar el valor, mientras que el inquilino se siente con un alquiler sobrevaluado”, explicó Guzmán.
Ante este escenario, el titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios señaló que a modo alternativo lo que se está haciendo en algunos casos es consensuar una prórroga para que cuando se tenga una nueva ley se pueda hacer un nuevo contrato. “Todo esto obedece al futuro incierto en el que vivimos porque son prórrogas por seis meses o un año donde se establece un precio por ese período de tiempo”, lanzó.
¿Futuro alentador?
La proximidad del nuevo proceso electoral genera expectativas porque se entiende que sea quien sea el sucesor de Alberto Fernández deben promoverse cambios en un sector vapuleado. “Ante la inflación, la escalada del dólar y las alternativas financieras atrayentes, El contexto es difícil para todas las partes y por eso pedimos una ley que sume y no reste”, remarcan analistas.
En relación a los inquilinos hay un dato que resulta importante destacar ante tanta adversidad y tiene que ver con el bajo índice de morosidad en el pago de los alquileres. Y en torno a esto, la Organización Inquilinos Agrupados manifestó que el problema no radica en la ley, sino en el Estado por “no funcionar” en su obligación de regular este precio.
Lo más popular
