La asistencia social no garantiza la reducción de la pobreza

La desigualdad es creciente. El 10% de las familias más ricas de la Argentina acumula hasta 15 veces más que los hogares más vulnerables. La inflación ha golpeado de tal manera, que hasta la clase media tradicional de la Argentina ha sentido el impacto  y hoy teme por un mayor descenso en la pirámide socioeconómica. Los argentinos de nivel socioeconómico más bajo sufrieron en mayor medida la inflación durante los últimos siete años, y particularmente durante los últimos tres. Esto, aun así, omite que tanto los ingresos iniciales como las dinámicas de cada nivel educativo son distintas: por ejemplo, si los trabajadores menos educados son más propensos a trabajar en el sector informal, entonces también tendrían un nivel de ingresos menor y un crecimiento más lento en sus remuneraciones, implicando una disparidad aún mayor, indica un diagnóstico del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) .

En los 31 aglomerados urbanos de la Argentina, el mayor ingreso de las familias fue calculado en $ 723.900 en promedio (esta franja acumula el 30,9% del total de ingresos del país), mientras que los hogares más vulnerables sólo lograron acumular $ 47.188 mensuales con datos al primer trimestre del año, difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 76,6% de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 23,4% restante (aquí se cuentan los planes sociales). El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos, siendo igual al 57,6% en el primero y 14,3% en el décimo, se explica desde el organismo que conduce el economista Marco Lavagna.

En los últimos 20 años, el asistencialismo se multiplicó por cinco. El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) hizo un ejercicio al respecto sobre la base de las cifras destinadas a beneficios no contributivos. El resultado fue el siguiente:

• En 2002 había 2,9 millones de beneficios no contributivos concentrados en el plan alimentario y el Plan Jefas y Jefes de Hogar.

• En 2012 aquella cifra subió a 9,4 millones de beneficios, ya que se sumaron la  Asignación Universal por Hijo (AUH), las moratorias previsionales y pensiones no contributivas por invalidez.

• En 2022, a su vez, se llegó a unos 14,1 millones de beneficios no contributivos fundamentalmente impulsados por el Progresar y el Potenciar Trabajo.

A partir de estos datos, la entidad que dirige el economista Jorge Colina hizo el siguiente planteo: si el Estado destina cada vez más recursos para el asistencialismo, ¿por qué aumenta la pobreza?

Virginia Giordano, coordinadora de investigación en Idesa, señala que la pobreza aumentó un 10% en la última década, incluso cuando se destinan más recursos para asistencia social. Hoy alcanza a cuatro de cada 10 argentinos con tendencia al alza en determinadas zonas del país, como el NOA y, particularmente, el aglomerado urbano del Gran Tucumán-Tafí Viejo. Y esta tendencia superó a las diferentes ideologías políticas.

De acuerdo con el informe de Idesa, si bien el gasto que realiza el Estado en asistencia social es importante para brindar apoyo a los sectores más vulnerables, la experiencia demuestra que no sirve para erradicar la pobreza. Por el contrario, la complicada situación macroeconómica que atraviesa la Argentina hace que la mayor asistencia social se traduzca en mayor pobreza, puntualizaron los economistas Ana Viganó y Tomás Gastón, que también participaron de su elaboración.

Para entender por qué la ayuda social genera más pobreza hay que tener presente dos cuestiones.

- La primera es que no se vive del asistencialismo.

- La segunda es que la aparición de nuevos planes sociales o los aumentos de los ya existentes, generan más inflación si son financiados con emisión monetaria.

Se suele pensar que los hogares pobres “viven” de los planes sociales. Pero eso no es verdad, acotan.

Los ingresos no laborales de los hogares pobres, donde están incluidas todas las transferencias asistenciales, representan cerca de un cuarto de sus ingresos totales, o a lo sumo entre un 30% y 35% en épocas de profundas crisis como fue la pandemia. El resto proviene de su trabajo. Para ser más precisos, con datos del Indec, se expresa que el 76,6% de las familias subsisten con ingresos laborales, mientras que el 23,4% restante lo hace con los no laborales entre los que se incluyen jubilaciones y pensiones, alquileres, cuotas de alimentos o ayudas en dinero de otros hogares, subsidios o ayuda social del gobierno, etc. A este escenario no se escapan aquellos casos de personas que viven de la economía popular o cuentapropistas. Sólo tres de cada 10 individuos en esta situación percibe un programa social.

La mayor conclusión de este fenómeno es que nadie puede vivir tan sólo del asistencialismo del Estado, porque no les ayuda a salir de la pobreza en la medida que haya tanta inflación y que, por ende, los convierte en los más vulnerables al caer su poder adquisitivo con mayor fuerza porque destinan más de la mitad de sus ingresos a comprar alimentos. Los investigadores de Idesa puntualizan que la alta pobreza es consecuencia de la mala configuración de las políticas asistenciales. “Más de 100 programas en múltiples organismos que se ejecutan en los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) dan cuenta de que el dinero no alcanza y que esto sólo es funcional a los intereses de la burocracia y de los políticos, ávidos de hacer anuncios oportunistas que no llegan a sectores populares”, define Gastón. La ecuación es clara: a mayor cantidad de programas más proporción de gasto público que no llega a sectores vulnerables de la sociedad.

Las perspectivas no son alentadoras. Según Idesa, con un 100% de inflación anual, la pérdida de poder adquisitivo de los sectores menos pudientes los condena a quedarse en la pobreza y a generar nuevos pobres porque no tienen acceso al crédito, mucho menos a la inversión. Más aún, el Estado debería propiciar modificaciones a la legislación laboral y tributaria para incentivar la creación de empleo genuino. Gran parte de ellos son informales.  La inflación no bajará en la medida que el Estado siga financiando el déficit fiscal con más emisión de dinero. Mientras eso no se revierta, la Argentina seguirá con un nivel de pobreza que ronde el 40%.