La Defensoría del Pueblo de Tucumán elevó un pedido de informes al Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán para solicitar que se comunique “si el plus en cada recarga de la tarjeta Ciudadana está autorizada”.
El expediente fue girado a la comisión de Transporte y Tránsito del cuerpo municipal. Fuentes consultadas por LA GACETA anticiparon que remitirán la consulta del ombudsman a las áreas pertinentes de la Intendencia, a los fines de dilucidar la cuestión. De todos modos, aclararon que, en principio, este “extra” que se percibe en los comercios no está permitido.
Este trámite se inició a partir del reclamo de un usuario que recurrió a la Defensoría del Pueblo luego de que un negocio le “retuviera” parte del monto que había solicitado para cargar en su tarjeta del ómnibus.
Si bien se trataba de una suma baja (unos $10 por el plus), la repartición a cargo de Eduardo Cobos giró un pedido de informes al Concejo Deliberante de la Capital para que el órgano vecinal se expida sobre la cuestión.
“No está autorizado”
La coordinadora municipal del programa “Tarjeta Ciudadana”, María Elena Gerk, explicó a LA GACETA que “no está autorizado ningún tipo de plus” por parte de kioscos y comercios del rubro. “Para eso, cada puesto de venta está percibiendo el 1% de cada recarga”, señaló.
La funcionaria advirtió que si bien el porcentaje de ingresos no es elevado, en cada establecimiento conocen de antemano que esas son las condiciones habilitadas al momento de habilitar el posnet.
Además, sostuvo que, ante las denuncias de usuarios por el cobro de algún “extra”, se avisa a la empresa ATOS -encargada de administrar el sistema de la Ciudadana-, que “revisa el puesto de recarga”. Y señaló que, en caso de registrarse esta situación, se puede recurrir al Centro de Atención a Usuarios, situado en Junín 58.
“Varios reclamos”
José Hermenegildo García, de la Federación de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios (Fodecus), remarcó que en la entidad “hemos recibido varios reclamos de gente que le cobran plus” por recargar su tarjeta. “A veces son $10 o $15, pero por más escaso que sea, es algo totalmente ilegal. Si la empresa paga poco, el usuario no tiene por qué hacerse cargo de un convenio comercial”, planteó.
En ese sentido, sostuvo que incluso algunos locales “audazmente ponen un cartelito” en el que se avisa sobre el “extra”. “En algunos casos, depende de la cara del cliente”, añadió.
García consideró que una posible solución para estas situaciones sería retornar a una modalidad aplicada “en la época del cospel, cuando había unas 600 bocas de venta, inclusive en los barrios”. “Cuando se comenzó con la tarjeta Ciudadana, se comprometieron a instalar unas 250 bocas de carga, entre ellas, en las agencias oficiales de Quiniela. Pero eso no sucedió. No existe en los barrios lugares donde recargar la tarjeta, y son escasos los lugares en la Capital. Eso hace que muchos usuarios se resignen y acepten abonar ese extra”, expuso.
Por último, puso el foco en el impacto de la crisis económica entre los usuarios del transporte público. “Estamos hablando de ciudadanía que se encuentra en una situación vulnerable, y en muchos casos híper vulnerable, y a la que menos daños se le debería provocar”, enfatizó el titular de Fodecus.
En la Dirección de Comercio Interior (DCI), en tanto, explicaron que desde mayo de 2020 rige la ley provincial 9.244, que establece la prohibición expresa "a todos los proveedores de servicios de cobranza extrabancaria de servicios públicos, impuestos nacionales, provinciales, tasas municipales, carga virtual de crédito para telefonía celular, televisión satelital, de tarjetas de transporte público de pasajeros, mediante la atención personal, a través de terminales de autoservicio o venta de tarjetas magnéticas, imponer el cobro de cargos extras o sumas adicionales bajo cualquier concepto o denominación, o exigir la compra de un producto como condición previa a prestar dichos servicios".
En ese sentido, la oficina que conduce Francisco Nader labró en el último tiempo al menos una decena de actas de infracción a distintos locales, y se dictaron las sanciones establecidas en la Ley de Defensa al Consumidor, que prevé desde el apercibimiento hasta multas en dinero.
Además, en la DCI añadieron que la ciudadanía puede denunciar los puntos de cobro de plus por la recarga a la Tarjeta Ciudadana de manera telefónica, a través del fijo (0381) 452-5080.