Niños echados al barro

Ocho años. A esa edad deberían estar disfrutando de su tercer grado en la escuela. Podrían estar jugando al fútbol, o tirando al aro de básquet. Deberían tener sueños de protagonizar transmisiones de twitch, de jugar a la play, de hacer las travesuras típicas de una edad soñada. Ocho años. Deberían pasar ese momento de su vida sin preocupaciones, con la contención de sus padres, rodeados de amigos y compañeros, apoyados por sus docentes. Ocho años. Su vida debería ser feliz, como la de cualquier niño. Deberían estar forjando un futuro que nos asegure la subsistencia como Nación. Pero no. En Tucumán, decenas de niños de ocho años ya se arrastran por rincones oscuros y embarrados en los barrios marginales, esclavizados por delincuentes que los usan como soldados y que, a cambio, les pagan con dosis de droga. Y así se adueñan de ellos. Ocho años y su futuro ya es casi inexistente.

Desde el año pasado. Osvaldo Jaldo, quien acaba de ser electo gobernador, se enfrascó en una lucha contra el narcotráfico desde su puesto al frente de la Legislatura. Impulsó contra viento y marea la ley de narcomenudeo, con resultados que hasta aquí satisfacen a las autoridades: cientos de detenidos y miles de dosis secuestradas. Jaldo, cada vez que puede, hace hincapié en que esta lucha es primordial para él. En marzo dejó un mensaje claro: “Nada ni nadie, ni ningún interés, va a detener la lucha contra la droga en Tucumán. Los que venden droga van a terminar en cana. Y esto lo podemos hacer porque Osvaldo Jaldo tiene las manos limpias para seguir con esto que inicié, como es la persecución a los narcotraficantes. Porque vamos a defender a la juventud y a nuestros niños. Queremos droga cero en Tucumán”, planteó el actual vicegobernador a LA GACETA. El tranqueño no se puso al frente de esta lucha sólo con palabras. A trasmano del actual gobernador, Juan Manzur, que no se involucra directamente en el tema seguridad y delega en el ministro del área, pone el cuerpo y al menos una vez por semana en forma personal exige resultados. Y eso seguramente se acentuará desde el 29 de octubre cuando asuma formalmente al frente de la provincia. Hace un mes Jaldo destacó que la ley permitió sacar de circulación más de 350.000 dosis de cocaína, unas 550.000 dosis de marihuana y unas 2.200 plantas. Además dijo que se incautaron 4.600 pastillas, 400 celulares y 80 balanzas de precisión; afirmó que se realizaron más de 450 allanamientos y que detuvieron a más de 400 personas acusadas de la comercialización de estupefacientes a pequeña y mediana escala. La fase represiva parece estar funcionando. Pero la otra pata, la que menos se ve, está corroída y a punto de caerse. Si hay vendedores, hay consumidores. Es la ley de oferta y demanda. Las generaciones más jóvenes están siendo devastadas por la droga. Y el Estado no está llegando a dar respuestas.

Hoy hay grupos de asistentes sociales, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, que trabajan en los barrios más vulnerables. Son los que se meten en medio del barro para ayudar. Son realmente los que cargan a los heridos. Pero están solos y desorganizados. Sin infraestructura ni logística. “Hace ocho años que no hay un plan de trabajo. Es triste pero es así”, reconoció el psicólogo social Emilio Mustafá. Por eso mañana habrá una protesta frente a la Secretaría de Estado de políticas integrales sobre adicciones. Es que la situación, denuncian, no da para más. Advierten que, por ejemplo, no hay móviles para trasladar a los chicos que entran en crisis por la droga. Que ellos mismos lo llevan en motos particulares o incluso en ómnibus, con todos los riesgos que ello implica. “Ante la grave crisis en salud mental potenciada por la postpandemia observamos el crecimiento de consumo de sustancias en los barrios populares, agravándose ante el fortalecimiento del fenómeno de narcomenudeo que fragmenta los vínculos comunitarios y sociales en nuestra comunidades”, dijeron los trabajadores sociales.

Están marcando una realidad que no siempre se ve. Es que las víctimas de los transas son muchas veces los parias de la situación. Y los que, muchísimas veces, empujados por el monstruo de la droga, se transforman en criminales dispuestos a todo para conseguirla. A todo. Así como el Estado apuesta a combatir a los narcos, está fallando a la hora de socorrer a las víctimas. Los mismos trabajadores sociales, se insiste, los que más saben y conocen de la situación, penan para encontrar ayuda.

El centro de referencia para atender los casos más graves de intoxicación es el Hospital Obarrio, siempre relacionado con afecciones de salud mental. Pero allí hay solamente ocho camas. Reconocido por los especialistas, lograr encontrar una desocupada para internar a un chico es misión imposible. “Los trabajadores de la Secretaría de Adicciones denunciamos la falta de políticas y planes de abordajes serios en la problemática, con una gran cantidad de trabajadores precarizados, además de la falta de recursos para atender a niños y jóvenes en situación de consumo”, dijeron.

Pero además hicieron hincapié en la situación en general que atraviesa la provincia con el flagelo de los problemas de salud mental, que aumentaron en forma exponencial luego de la pandemia, con el crecimiento del consumo de diferentes sustancias. Por todo esto insisten, como desde hace dos años, con la necesidad de la declaración de la emergencia en salud mental.

El lunes se conmemoró el Día Mundial de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. En esas circunstancias, a tono con lo que denuncian los trabajadores de la Secretaría contra las adicciones, la directora del Programa Universitario para el Estudio de las Adicciones (PUNA), Carolina Schargorodsky, afirmó que “se debe correr la mirada sobre el tráfico ilícito, sobre esta idea del castigo y la punición, para poner la mirada sobre los derechos de los usuarios el derecho al acceso a la salud y las necesarias políticas de reducción de daño”. Mientras tanto, los especialistas encabezarán una marcha para pedir respuestas. Así como médicos y enfermeros luchan desde hace meses por mejores condiciones salariales y de trabajo, los trabajadores sociales mostrarán que el sistema que los nuclea tiene falencias graves, y que las consecuencias se ven directamente en la calle,

Toda esta situación no es nueva. Desde hace décadas, cuando era la Justicia Federal la que encabezaba la lucha contra la droga, los jueces y fiscales se encontraban con el dilema de qué hacer con los adictos. El sistema de salud y de Desarrollo social no termina de resolver una situación que, como se dijo, lleva años. En ese marco, que el Estado socorra a las víctimas que deja el narcotráfico debería ser primordial. ¿De qué sirve entablar una lucha contra los vendedores de muerte si nadie socorre a las víctimas? “Vamos a defender a la juventud y a nuestros niños”, remarcó el electo gobernador. Hoy, muchos, muchísimos de esos chicos, todavía no aprendieron ni a atarse los cordones de las zapatillas pero ya son presas de los traficantes. No se puede dejarlos solos. Si el combate a este flagelo es la principal preocupación del gobierno (o al menos de Jaldo), no están viendo el tendal de heridos que queda en el medio.