29 Junio 2023
Los impulsores de la causa por la presunta contaminación en el río Salí buscan avanzar en las investigaciones. Además de presentar una querella en el Juzgado Federal de Santiago del Estero, ahora trabajan en un convenio entre las Universidades de esa provincia y de Córdoba para realizar un estudio más profundo en las aguas de Tucumán.
“Lo que se investigó es la presencia de materia fecal y dio positivo. Ahora, cuando fui a ratificar la denuncia, pedí en la Fiscalía que se amplíen los estudios”, explica Alfredo Aydar, quien se encargaba de la parte judicial. Fundamenta que “si ya se detectó algo, es importante investigar qué más hay”.
Para ello, el equipo comandado por el especialista Hugo Pizzi intervendrá nuevamente en el río para tomar nuevas muestras. “Lo realizarán (al estudio) las Universidades capacitadas para eso. Se va a analizar todo tipo de germen nocivo para la salud del ser humano; hoy nadie sabe qué otra cosa hay en el agua que pisamos”, remarca Aydar.
Todavía no hay precisiones acerca de la metodología de la actividad, dado que la querella que solicita que se investigue en profundidad fue presentada recién ayer. Sin embargo, Pizzi anticipa que “hay convencimiento de que hay ácidos, gases y contaminación bacteriana”. “Es una cosa más seria; el tema es bastante amplio porque se trata de virus y parásitos”, asegura el especialista. “Si se les diera a los problemas ambientales la importancia que se les da a las campañas políticas y a otras cuestiones que benefician a los políticos, sería otra provincia”, agrega Aydar.
Del otro lado, funcionarios de la oficina de Medio Ambiente sostienen que “los valores están bien”, considerando los parámetros establecidos por normas internacionales. “Está permitido hasta 1.000 partes por millón (ppm) y nosotros estamos en 10 o 15”, había dicho Alfredo Montalván.
El escrito presentado
Aydar plantea que después del estudio efectuado por el Centro de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de Córdoba, se arrojó como resultado el desarrollo de bacterias que “sugieren la contaminación fecal de las aguas”, lo que “causa severos perjuicios ambientales que impactan negativamente y de forma directa en bienes jurídicos protegidos constitucional y convencionalmente”. Por el otro, pide que “se instruya una prolija investigación en contra de la SAT y de las autoridades de la provincia de Tucumán.
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