Villa 9 de Julio: hubo cinco crímenes en un área de 21 cuadras

“No tuve intención de matarlo, quería asustarlo para que se vaya”, dijo Raúl Alejandro Castillo, el acusado del último crimen registrado en la “zona de la muerte”, como ya la bautizaron los habitantes de Villa 9 de Julio. En un sector de 25 cuadras se contabilizaron cuatro homicidios en menos de ocho meses. “Acá sólo vienen cuando matan a alguien”, se quejó Pedro Tolaba, un ex trabajador del ingenio Concepción que reniega de cómo cambió la vida en esa parte de Villa 9 de Julio. “Antes esto era zona de laburantes, en la que se ocultaban los choros de ley, pero ahora estamos presos de los transas”, añadió.

El domingo, cerca de las 5 de la mañana, Jorge Daniel Luna (21 años), junto a su madre, estaban consumiendo droga en los pasillos de Diagonal Chaco y Panamá. Los familiares comenzaron a discutir a los gritos (todo parecería indicar que fue por la distribución de las dosis) e ingresaron a la casa del acusado. Lo que sucedió después, aún es materia de investigación.

La auxiliar Luz Becerra, siguiendo las instrucciones del fiscal Carlos Sale, lo acusó de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Explicó que Castillo le disparó a Luna con una carabina en medio de una pelea entre las personas que se encontraban en el interior de la vivienda y los desconocidos que intentaban ingresar a la vivienda. La representante del Ministerio Público solicitó que se le dictara la prisión preventiva por cuatro meses.

El defensor del acusado, Matías Cardozo, dijo que Castillo intentó defenderse de una agresión y que no tuvo intención de matarlo. “Era tarde, sentí un tropel de gente que quería ingresar a mi casa. Hubo una discusión. Saqué el arma para hacerlo asustar para que se vaya. Ahí la mujer me pegó y ahí pasó todo. No soy un asesino, sólo pretendí defender lo mío. Pido disculpas a la familia porque no quería hacerle daño”, declaró Castillo durante la audiencia.

“Ellos estaban viviendo una situación muy difícil. Pero no por eso le van a robar la vida. Si quería asustarlo, le podría haber disparado en las piernas y no por la espalda. ¿Tengo razón?”, le preguntó la tía de la víctima. “Además hemos sufrido amenazas del entorno y de los amigos para que no denunciemos. Nos dijeron que estaban preparando palos para prendernos fuego nuestras casas”, añadió la mujer. La jueza Juana Juárez le dictó la prisión preventiva por 62 días y ordenó una custodia para los parientes de los acusados.

Los casos

El primer homicidio de estos meses en la zona sucedió en el Puente Negro. Allí, en medio de la máxima pobreza, los adictos instalaron un sillón para sentarse y poder consumir. Ahí estaba sentado Juan Leonel Ibáñez (19) cuando fue asesinado de tres puñaladas el 16 de octubre de 2022 en el Día de la Madre, por dos mujeres embarazadas. La teoría del caso es que Karen “Huevuda” Paz (de 26 años), fue a buscar a Ibáñez para recriminarle el robo en su vivienda, acompañada por Martina “Gallina” Ledesma.

La querellante Romina Campero planteó otra hipótesis: las señaladas fueron contratadas para acabar con la vida del joven por una cuestión de droga. El tribunal, integrado por Elizabeth Raddi, Isabel de los Ángeles Méndez y Matías Graña, se inclinó por la primera teoría y terminaron condenando a 10 años a “Huevuda” y a cinco a “Gallina”. La representante legal de la familia de la víctima anunció que apelará el fallo para insistir en que se trató de un crimen por encargo.

El 18 de enero, Carlos Díaz (24), fue ultimado en la avenida San Ramón al 500. Según la acusación del fiscal Sale, fue ultimado a puñaladas por Maximiliano Saldaño. Oficialmente se informó que el origen de la pelea fue una vieja enemistad, pero los vecinos no descartaron que haya sido por una cuestión de drogas. Ese fue el móvil del homicidio de Rodrigo Luna (21), registrado el 9 de abril en la esquina de Martín Berho y Alfredo Palacios.

La víctima acababa de comprar sustancias con su primo Marcos Soria (19). Hubo una discusión por la distribución de la dosis que terminó con la muerte de Luna, que es pariente de la última víctima. Cuando los policías fueron a buscar al sospechoso, lo encontraron durmiendo sentado en una silla. Al despertarse, los uniformados le tuvieron que contar qué era lo que había hecho. Estalló en llanto.

El otro caso registrado en la zona fue conocido como “El crimen del Basural”. En Wilde al 700, estaban escarbando los desperdicios tres jóvenes. Al lugar llegaron cuatro jóvenes en dos motos a reclamarles por el robo que había sufrido uno de ellos. De las palabras pasaron a los golpes. Rodrigo Toloza (31), padrastro de uno de los atacados, intentó defenderlo, pero fue herido con un arma blanca. Sus familiares llamaron a una ambulancia, pero como nunca llegó, lo trasladaron en un carro a tracción de sangre. Murió al llegar al centro asistencial.

Preocupación

“La zona está muy complicada. Aquí hay tiros todos los días, pero sólo se informan cuando hay muertos”, reprochó Estela Figueroa. “La droga está haciendo estragos en todos los barrios de Villa 9 de Julio. Es la zona de la muerte. Si no se mueren de una sobredosis, se ahorcan porque no tienen para consumir. Si no matan para robar, los matan en un robo”, sintetizó.

“Estamos cansados de tantas muertes. Todos los días pasa algo. La vida aquí no vale nada”, sentenció Jorge Décima. “Antes aquí se podía caminar tranquilo. Había pobreza, pero no asesinatos. Lo más grave es que todas son personas jóvenes”, añadió en la charla con LA GACETA.

Cardozo, el defensor de Castillo, el autor del último homicidio, dijo que “las autoridades deben hacer algo de manera urgente. Mi defendido estuvo al menos cuatro horas consumiendo bebidas alcohólicas cuando ingresaron dos personas desconocidas y comenzaron a agredir. No es una exageración; la mujer reconoció en la fiscalía que había consumido, pero que nunca diría dónde la había comprado. Hubo un exceso en la legítima defensa”, sostuvo. “La situación social de ese sector de la ciudad es realmente preocupante. La droga está haciendo estragos. Imagínese cuál puede ser la reacción de una persona que ingresa drogada a un domicilio en una zona donde el consumo problemático es una constante”, añadió el profesional.

“Hay que entender que es una zona muy complicada donde se usurpan casas para que vendan drogas. Creo que ya no alcanza con la persecución penal, sino que se debe atender la cuestión social y sanitaria”, finalizó.