LA GACETA en Jujuy: el diálogo como única salida para la conflictividad

Jujuy cierra una semana que estuvo marcada por la violencia y el intento de alteración sobre el orden público. “Queremos que Morales se vaya”, “en Jujuy hubo un golpe de Estado”, “arriba los salarios, abajo la reforma”, “la nueva Constitución es inconstitucional” y “el nuevo texto representa un salto cualitativo”, fueron algunas de las frases que más resonaron en las calles de la provincia que hace poco más de un mes fue a las urnas y depositó, por tercera vez consecutiva, un voto de confianza en el Frente Cambia Jujuy que encabeza Gerardo Morales.

Vecinos memoriosos de la capital jujeña reconocieron que las escenas registradas el pasado 20 de junio pueden compararse a las que se registraban hace más de 20 años en las movilizaciones que encabezaba Carlos “El Perro” Santillán al frente del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM). Y más cerca en el tiempo, las manifestaciones que impulsaba Milagro Sala al frente de la agrupación social Tupac Amaru. A raíz de estas jornadas de furia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó a un total de 90 personas por los incidentes ocurridos en la localidad de Purmamarca el sábado 17 y tres días después en la Legislatura Provincial y otros barrios de cercanos. Actualmente, todos los imputados se encuentran en libertad a la espera de la audiencia de imputación en la que se les informará los cargos que pesan sobre ellos.

La tensión que atravesó Jujuy por la reforma del texto constitucional se ensambló además con el paro que lleva adelante la docencia provincial, desde hace 20 días, por mejoras salariales. En relación a esta problemática, la gestión provincial elevó el último jueves una última oferta que establece un piso de $200.000 para los docentes iniciales y además deja de lado los descuentos por los días no trabajados. Ante esto, las autoridades esperan que los distintos gremios se expidan en las próximas horas con una respuesta favorable. Justamente, los sindicatos que nuclean a los educadores realizarán este fin de semana las asambleas para analizar la propuesta y determinar su aceptación o no.

En torno a los reclamos que se llevan adelante por el texto reformado de la Constitución, la postura gubernamental es distinta. Argumentando el cumplimiento del proceso formal para modificar un centenar de artículos de la Carta Magna, autoridades y convencionales entienden que el reclamo de distintos espacios políticos y sociales no tiene sustentos valederos. Incluso, deslizan que algunas manifestaciones pueden llegar a caer en manos de la Justicia por incurrir en el delito de sedición.

A pesar de los planteos que llegaron por parte del presidente Alberto Fernández y algunas organizaciones intermedias la discusión sobre este tema parece estar cerrada desde la jura de la Constitución y su posterior publicación en el Boletín Oficial y puesta en vigencia, desde el pasado 21 de junio.

¿Cheque en blanco?

En relación al escenario social y político que afronta Jujuy, el docente en Ciencias Políticas, Claudio Gareca, asegura que resulta fundamental entender y debatir sobre la “legitimidad” de la dirigencia. “El triunfo del oficialismo en mayo se debió también a la falta de una oferta electoral competitiva del peronismo, con el agravante de que este espacio salió nuevamente dividido a la cancha. Así, el oficialismo contaba, en su creencia, con la legitimidad suficiente para avanzar en reformas estructurales, como la reforma parcial de la Constitución de Jujuy. Sin embargo, al comenzar el proceso de reforma constitucional paralelamente se potenciaba el reclamo docente, ahora acompañado del reclamo de otros sectores de trabajadores que confluyeron en la misma causa. Luego del 7 mayo, claramente el gobierno debió tomar nota de esos reclamos legítimos abriendo el diálogo necesario como herramienta para acordar y resolver la grave crisis social e institucional”, consideró.

Para el analista, las jornadas vividas la última semana constituyeron, sin lugar a dudas, un punto de inflexión donde “los distintos actores sociales salieron a la calle a manifestar, reclamar y permanecer en el espacio público visibilizando su queja, obligando al gobierno a dar marcha atrás en algunas de sus decisiones”. “Jujuy no puede volver a sufrir graves y tristes situaciones, es un pueblo trabajador y merece que la dirigencia política este siempre atenta y escuchando las necesidades de su gente. Tampoco hay que dejar pasar por alto que el reclamo entró en la agenda política nacional y en la campaña presidencial porque planteó una inquietud, que a lo mejor encuentre respuesta luego de las PASO”.

Finalmente, Gareca aseguró que las condiciones están dadas para que ambos conflictos se resuelvan y enfatizó que para eso el gobierno debe mostrar “que es un Estado responsable, con una sociedad partícipe en un marco de democracia receptiva. Sin dudas que el diálogo es el camino a tomar entre los actores sociales y el gobierno provincial”.