Aumentan los crímenes contra acusados de robos

El domingo, al menos tres personas ingresaron a un domicilio en el este de la capital. Los propietarios sintieron el ruido en el techo de la vivienda. Uno de los dueños, asustado, se levantó, cargó el arma que había en el hogar y fue a ver qué sucedía. Descubrió a los extraños y disparó sin dudar. Uno de ellos fue herido mortalmente. El jueves, un joven que hasta el cierre de esta edición no fue identificado, después de haber cometido dos robos en menos de 30 minutos, en una cuadra de distancia, murió en el Hospital Padilla por las puñaladas que había recibido. Estos son los dos de los siete casos de presuntos ladrones que perdieron la vida en manos de sus victimarios en lo que va de 2023. Los hechos casi se duplicaron con respecto al año pasado, que en ese mismo lapso fueron apenas cuatro.

Cuando no se cerró aún el primer semestre, fueron 47 los homicidios contabilizados en lo que va del año por LA GACETA. De ese número, 11 fueron cometidos en situación de robo. Hubo cuatro que fallecieron en los asaltos que sufrieron; una mujer murió al quedar en medio de un tiroteo; un policía abatió a un joven que intentó ingresar a su domicilio y cinco acusados de intentar cometer delitos contra la propiedad fueron ultimados por sus víctimas.

Si bien el incremento es importante, está por debajo de la mayoría de los primeros semestres de los últimos años. Estos son los registros: 2017, ocho; 2018, seis; 2019, 16; 2020, 13; 2021, ocho. Otro dato: por segundo año consecutivo hay más señalados como ladrones asesinados que víctimas de homicidios en ocasión de robo.

Más detalles

Los dos últimos casos fueron investigados por personal de Homicidios, al mando de los comisario Adrián Moreno, Miguel Carabajal y Jorge Dib, dirigido por el fiscal Ignacio López Bustos. Los dos hechos, pese a tener el mismo móvil, tienen un desarrollo diferente.

El domingo, al llegar al lugar, encontraron al propietario Edgardo Hernán Alvarado. Golpeado anímicamente, les explicó que los jóvenes habían ingresado a su casa y que tomaron varios objetos de valor. Desde el techo, lo habrían amenazado y, al temer por su vida, disparó el arma, que entregó a los investigadores. El fiscal no lo acusó del crimen.

La Policía tardó varias horas en identificar al fallecido. El cuerpo era de José Luis “Zacarías” Gómez (22 años) que tenía causas abiertas en la Justicia por robo. “Lo conocíamos muy bien en el barrio. Era el típico caso de un chico que está perdido por las drogas y que está pensando cómo conseguir plata para seguir consumiendo”, describió Esteban Figueroa.

El del jueves es un caso más complejo que tendrá un final diferente. Juan Jiménez (19), un joven adicto que vivía en situación de calle y cuyo cuerpo sus familiares aún no fueron a retirar, fue acusado de asaltar a un taxista y después a un vecino de Jujuy y Fortunata García. El supuesto ladrón apareció con múltiples heridas de arma blanca, pero nadie sabe qué sucedió. “Tampoco lo sabrán, porque la gente de Villa Alem está cansada de este tipo de robos. Nadie dirá nada”, explicó la vecina María Eugenia Ramírez.

En las estadísticas se pueden observar tres factores comunes. Todas las víctimas tenían entre 19 y 29 años; sufrían de severos problemas de adicción a las drogas y cuatro de ellas fueron ultimadas a balazos. Sólo uno de los cinco acusados de los crímenes estaba habilitado a portar armas porque era un policía en actividad.

Procesos judiciales

De los siete casos, sólo en dos la Justicia los procesó por homicidio, aunque aún queda esperar qué sucederá con el último. Fueron hechos en los que los procesados fueron a buscar a las personas a las que acusaron de haberles robado. Tres hombres y una mujer están cumpliendo prisión preventiva por esos homicidios. En los cuatro casos restantes, los autores de idénticas cantidades de muerte no debieron responder por el delito de homicidio doloso. Uno de ellos fue acusado de homicidio culposo (es decir que no tuvo intención de matar), a otro no se le formuló cargo alguno y a los dos restantes sólo se los acusó de tener armas sin autorización.

López Bustos tuvo en cuenta una parte del artículo 34 del Código Penal en el que se establece “se entenderá que concurren en legítima defensa respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor. Igualmente, respecto de aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia”.

Opiniones

Patricio Char es el querellante de la familia de Gonzalo Sebastian González, el joven que falleció después de haber sido herido en un confuso episodio registrado el año pasado. “En 24 horas la Fiscalía determinó que se trataba de un hecho donde se había evitado un robo y decidió no formular cargos contra el efectivo. La causa se investigó y luego se comprobó que el policía interpretó que había un robo pero en realidad eran dos pibes discutiendo”, opinó el profesional que aún sigue pleiteando el caso. “Evidentemente hay una política criminal que avala a la Doctrina Chocobar y que la gente hace la mal llamada justicia por mano propia. No estoy de acuerdo, estos casos deben llegar a juicio. Es una situación complicada que deja a los tucumanos muy cerca de la ley de la selva”, añadió.

“Todo lo que estamos viviendo es el fiel reflejo de los ciudadanos ante la ola de inseguridad. Ante la duda del delincuente armado, la víctima no toma riesgos y defienden su familia, su vida y sus bienes. Esto significa que las personas están dispuestas a matar y más decididas ante un eventual peligro”, opinó el abogado Aníbal Paz.

Su colega Víctor Padilla agregó: “No deja de ser una cifra alarmante que se registre una muerte de estas características por mes. No hace más que reflejar el problema de la inseguridad que estamos viviendo y es lo que se debe resolver de manera urgente”, agregó.

Por último, José del Río indicó: “primero se debe hablar que el incremento de esta actividad está proporcionalmente vinculada al incremento de robos, ya sea en viviendas o la vía pública”. “Creo que la sociedad debe ser instruida a fin de actuar con razonabilidad, porque de lo contrario, podrían haber excesos que harían traspasar la línea delgada de lo que es una legítima defensa, a un delito no justificado. El exceso puede que esté ahí nomás, si no se ejerce una acción defensiva adecuada y proporcional”.

Las consecuencias de un homicidio

“Él no puede vivir tranquilo desde esa fatídica madrugada”, aseguró Javier Lobo Aragón, defensor de Andrés Sauma, un carnicero que mató a un joven que estaba en el interior de una casa que él no habitaba. En abril, un vecino le avisó que había extraños en el interior de la propiedad. Junto a su esposa, se subió a su camioneta y llegó al lugar. Al observar la presencia de desconocidos, golpeó la puerta para ahuyentarlos, pero al parecer, intentaron abalanzarse sobre él, quien efectuó varios disparos, hiriendo mortalmente a uno de ellos. La auxiliar Luz Becerra, siguiendo las instrucciones del fiscal Carlos Sale, lo acusó de homicidio culposo y recuperó la libertad. 

“Ahora vive preso del miedo. Tiene consigna policial desde el mismo día del hecho porque sufrió varios ataques por parte de los allegados y amigos del fallecido”, explicó Lobo Aragón. El profesional dijo que, a pesar de que los ataques fueron disminuyendo, el temor no desapareció. “Estas personas balearon y prendieron fuego en varias oportunidades el frente del domicilio. Para seguridad suya y de todos los vecinos, ofreció instalar una garita en la cuadra, pero le dijeron que no. Actualmente tiene que pedir consigna policial para dejar materiales en la vivienda que está refaccionando”, finalizó.