Piden que el PAMI desaloje una propiedad que ocupa en Concepción

María Belén Curubeto, propietaria de un inmueble que, según denunció, es usurpado por el PAMI en Concepción desde hace casi cuatro años, volvió a intimar al organismo previsional a que proceda a desalojar su propiedad. También acusó a César “Kelo” Dip, actual director de la Unidad de Gestión Local (UGL) del PAMI Tucumán, de haber incurrido todo este tiempo “en abuso de autoridad y en una grave violación a la propiedad privada”.

El funcionario reconoció que la obra social tiene en su contra una demanda judicial de desalojo del edificio, que le alquiló a Curubeto entre 2006 y 2019. Precisó que esta situación se generó “porque hemos llamado a tres licitaciones para obtener un nuevo inmueble y ninguno de los oferentes que se presentaron cumplían con los requisitos legales”. “No podemos irnos a la calle. Pero si la Justicia ordena un desalojo, ya veremos qué hacer”, observó. Curubeto consideró que estos argumentos “no se ajustan a la realidad y ofenden”. “En estos momentos veo vulnerados mis derechos absolutos de disponer y gozar de un inmueble que es de mi propiedad. Por eso insisto en solicitarle a Dip que en forma urgente disponga de los medios que sean necesarios y proceda a desalojar y entregarme el edificio en cuestión, libre de ocupantes”, agregó. Apuntó que “los concursos o licitaciones públicas que formuló el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados para alquilar local fueron desechados por capricho, comodidad y abuso de poder por parte de Dip”. Dijo que “llama la atención que el PAMI no haya encontrado un inmueble en Concepción, ya que las ofertas inmobiliarias en el casco urbano céntrico abundan”. De hecho, dijo, hace poco las delegaciones Concepción del Subsidio de Salud y del Registro Civil se trasladaron a inmuebles ubicados en el microcentro. La propietaria contó que la obra social de los jubilados y pensionados le tendría que haber entregado su inmueble en octubre del 2019, cuando venció la vigencia del último contrato. Este, advirtió, inmediatamente debía ser ocupado por un nuevo locador que era el Ministerio Público Fiscal. Afirmó que con las autoridades de este organismo estatal ya habían firmado un precontrato de alquiler. El PAMI enfrenta un juicio de desalojo que se tramita ante el Juzgado Federal a cargo del juez Fernando Poviña.