Jujuy fue escenario de una batalla social y política

En la misma provincia donde hace poco más de un mes se vivió una jornada democrática que le permitió al frente Cambia Jujuy sostenerse en el poder de la mano de Carlos Sadir, ayer se registraron imágenes comparables a una guerra. Piedras en las calles, autos quemados, barricadas y enfrentamientos entre policías y manifestantes fueron las escenas que coronaron un fin de semana marcado por la violencia.

En medio del conflicto salarial que hace semanas iniciaron docentes y trabajadores de la salud pública se terminó colando la discusión por la reforma de la Constitución. Justamente, en las elecciones del pasado 7 de mayo, la ciudadanía eligió a sus representantes y a los convencionales. El holgado triunfo del oficialismo le permitió a la bancada liderada por el gobernador y convencional electo Gerardo Morales tener mayoría en la constituyente que en solo tres semanas aprobó las reformas impulsadas sobre la Carta Magna. Esta fue la gota que rebasó el vaso de la conflictividad.

Ante la revuelta y los enfrentamientos que se registraron en el Palacio Legislativo y el micro y macrocentro de la capital jujeña, la respuesta política de la dirigencia fue a través de redes sociales. En la misma sintonía que sus últimas declaraciones, el mandatario provincial responsabilizó directamente a los máximos responsables del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de la situación que vive Jujuy. “Hago responsable al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy. Los violentos no nos van a torcer el brazo. A 40 años de democracia, repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que están haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda en Jujuy”, manifestó en su cuenta de Twitter. Minutos después de esa publicación, Morales volvió a escribir y junto a imágenes de militantes peronistas les preguntó a las autoridades nacionales por qué mandan personas de “distintos puntos del país a alterar la paz”. “Esto confirma mis afirmaciones respecto de cómo el Gobierno nacional está mandando violentos a desestabilizar. ¡Lo único que hacen es fomentar la violencia! ¡Dejen de joder al pueblo!”, enfatizó.

La respuesta no se hizo esperar y a través de la misma red social el Presidente de la Nación expresó: “Usted (por Morales) es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional. Una reforma que desatiende acuerdos internacionales, no escucha a los pueblos originarios y niega el derecho a la protesta. El Gobierno nacional respeta el federalismo y los resultados electorales locales, pero debe garantizar la convivencia y el respeto a los derechos humanos. Por eso, exigimos al Gobierno de Jujuy el cese inmediato de la represión. Asimismo, también exigimos al Gobierno de Jujuy que convoque a todos los actores sociales jujeños a encontrar caminos de diálogo para superar la controversia que ha creado”.

Más voces

Por los hechos acaecidos en Jujuy, los dos principales referentes del PRO, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, respaldaron a Morales. “Ninguna provocación del kirchnerismo podrá desviarnos del camino correcto. No se puede ceder ante la violencia: impondremos la firmeza de la ley y el orden. Estamos junto al gobernador de Jujuy y todo el pueblo jujeño”, lanzó. Por su parte, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires indicó que lo que está pasando en Jujuy es la muestra de “lo que es capaz el kirchnerismo, resistiéndose al cambio”. “De la mano de Milagro Sala salió a romper toda la Legislatura Provincial donde se estaba aprobando una reforma constitucional decidida por la gente a través de sus representantes. Este tipo de violencia antidemocrática nos la vamos a encontrar a partir del 10 de diciembre cuando empecemos a transformar la vida de los argentinos para siempre”, agregó.

La vicepresidenta no quedó al margen de esta situación y luego de ser aludida por el gobernador norteño, Cristina Fernández de Kirchner le pidió a Morales parar “con la locura represiva que su propio accionar ha desatado”. “Lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe. Pareciera que la represión salvaje está en su ADN. Usted fue un alto funcionario del Gobierno de la primera Alianza que en el año 2001 declaró el estado de sitio y fue responsable del asesinato de 38 argentinos. Y por favor, Morales, no mienta más… que hasta James Cameron se dio cuenta”, expresó.

Provincia paralizada

Teniendo en cuenta los enfrentamientos registrados ayer, la intergremial docente resolvió continuar con la medida de fuerza que tiene interrumpidas las clases desde hace más de dos semanas. Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional para hoy con marchas en todas las provincias.

La CGT Regional Jujuy emitió un comunicado repudiando los hechos de violencia suscitados ayer y convocando a un paro general por 48 horas para hoy y mañana. Asimismo, la entidad apeló a que se vuelva al diálogo.

Origen del conflicto

El reclamo que llevan adelante los docentes jujeños tiene un objetivo claro: equiparar el salario básico al costo de la Canasta Básica Total y Alimentaria. Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un trabajador necesitó $203.361 para cubrir los costos de este indicador.

El último informe Indicativo del Salario Docente que elabora el Ministerio de Educación de la Nación, cada tres meses, ubicó a Jujuy como una de las cinco jurisdicciones con los salarios más bajos de todo el país. De acuerdo a este relevamiento, el salario inicial bruto de un docente jujeño es de $87.074. A partir del pago de un bono este monto llegó a $107.074. Con la finalidad de destrabar el conflicto, la administración provincial elevó una oferta que estipula un salario inicial de $175.000 para el mes de junio, la incorporación al básico de adicionales, suplementos y remunerativos bonificables y adicionales remunerativos no bonificables, más incremento del 10% y el incremento del Incentivo Docente para dejarlo en $17.186. La propuesta fue rechazada.

Tres artículos

Sobre la reforma de la Constitución hay tres artículos que han provocado el mayor rechazo por parte de organizaciones sociales y comunidades originarias. Uno de ellos tiene que ver con el artículo 67, relacionado con los cortes de calles. Sobre este punto Morales se mostró inflexible y remarcó que “la prohibición de los cortes de ruta es una convicción”. El nuevo texto consagra “el derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica” estableciendo que “el Estado debe asegurar que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros, y garantiza la libre circulación de las personas”. En lo concerniente al respeto a la propiedad privada (Art. 36) y los pueblos originarios (Art. 50), el Gobernador decidió dar marcha atrás.