Liderazgos, a empezar de cero

El domingo pasado preguntábamos si la elección de ese día podía ser la última con el sistema de acople, si la dirigencia se animaría luego a ponerle fin y a hacerle caso a Juan Bautista Alberdi y no contemplar más esquemas electorales en la Carta Magna. Después de conocidos los datos provisorios, los festejos de un lado y las desilusiones del otro, y de todas las quejas de la oposición sobre los múltiples inconvenientes en la jornada de votación, la respuesta del lado del oficialismo es un contundente “no” a la posibilidad de eliminar las colectoras. Eso por más que el gobernador electo, Osvaldo Jaldo, haya dejado la puerta abierta para que se encare un debate sobre el sistema de votación, y por más que la Iglesia haya comprometido a la dirigencia a modificar el sistema electoral.

Si la pelea de fondo en todo proceso comicial es la conquista del poder, el oficialismo no debería deshacerse del mejor instrumento que creó y tiene para triunfar, máxime por la manera en que lo hizo; ganando por más de 200.000 votos y obteniendo una mayoría decisiva en la Legislatura: 33 bancas. Es la cifra clave para impulsar, o no, una reforma constitucional, el número mágico para imponer cualquier iniciativa o capricho legislativo.

En síntesis, si fuera por los compañeros del PJ, el acople no se debería ni tocar; por el contrario, se debería hacerle un monumento como a Gallardo. Como se apuntó en esas filas: sería un suicidio deshacerse de este mecanismo. A no ser -como se deslizó también la semana pasada- que en el peronismo se esté pergeñando una nueva herramienta electoral y, con esa excusa, cambiar la Constitución. Sin embargo, qué esquema puede ofrecerle al PJ tantas ventajas -especialmente estando en el poder- o garantizarle la obtención de semejante hegemonía territorial como la que consiguió hace siete días en las urnas, al margen de todas las triquiñuelas usadas para lograr votos favorables.

¿Quién plantea un proyecto alternativo?

Entonces, si el peronismo pone objeciones para impulsar eventuales modificaciones por un instinto de supervivencia política -a no ser que sea para mejorar su propia performance-, quedará sólo en manos de la oposición -la poca que habrá ocupando espacios de poder institucionales-, la responsabilidad de imaginar y proponer un sistema electoral alternativo al acople, aunque más no sea para intentar provocar un debate. Y no sólo proponer un régimen que evite la presencia de tantas boletas en los cuartos oscuros -la queja más generalizada porque trastorna al elector- sino que elimine o reduzca la posibilidad de explotar el clientelismo.

O sea, básicamente, que apunte a mejorar la calidad institucional y los niveles de representatividad de la dirigencia electa; hoy muy baja en los dos ítems. Veamos este último aspecto con un ejemplo: si votó el 85% del total de electores (aproximadamente 1, 12 millón de ciudadanos), cada candidato a legislador debería tener un mínimo de 27.000 sufragios para representar a una porción significativa de la ciudadanía; sin embargo, el piso es de 9.000 (por lo menos en la Capital). Esto revela que algunos llegan con escasa representatividad a ocupar una banca y que un gran porcentaje de la sociedad se queda sin representantes en la Legislatura.

La última vez que un sector de la oposición propuso y logró que se implemente un régimen electoral ocurrió en los 80’, cuando se institucionalizó la ley de Lemas en Tucumán, una copia del sistema uruguayo. Sucedió de la mano del radical Carlos Muiño, pero, vaya ironía, desde su implementación, el radicalismo nunca ganó una elección. En cambio, el partido opositor que sí consiguió victorias con esta legislación fue Fuerza Republicana, que ganó la gobernación en 1995 (Antonio Bussi) y la intendencia capitalina sucesivamente desde 1991 a 2003 (Rafael Bulacio, Oscar Paz, Raúl Topa y Bussi, que no pudo asumir el cargo por una decisión judicial por delitos de lesa humanidad).

Ese sistema de votación puso en evidencia dos hechos puntuales: que con este mecanismo se le podía ganar al PJ (aunque las deslealtades, la traición o el corte de boleta hayan estado a la orden del día entre los compañeros) y que San Miguel de Tucumán era una sección electoral adversa al peronismo, ya que no la gobernó desde 1983 hasta 2003. A partir de entonces, Domingo Amaya gestionó intendencia capitalina en nombre del PJ durante tres mandatos, hasta 2015; fecha en la que rompió con el PJ, se alió al radical José Cano y se cruzó de vereda política junto con Germán Alfaro, quien a la postre sería electo jefe municipal en ese año y en 2019.

En 2007 debuta el acople, reforma constitucional mediante, con el que el PJ no perdió ninguna elección gubernamental: ganó las cinco en disputa (dos con José Alperovich, dos con Juan Manzur y una con Jaldo). Sin embargo, con las colectoras, el justicialismo perdió San Miguel de Tucumán y ahora parece que puede recuperarla de la mano de Rossana Chahla, a la que el Frente de Todos la mostró como una figura independiente, más que como una emergente típica del peronismo territorial, para ganarse a sectores que no simpatizan con el PJ.

De cualquier forma, ambos sistemas, lemas y acople, expusieron que no son infalibles ni una garantía de continuidad para los que usufructúan el poder. Ya vimos que con los sublemas alguna dirigencia peronista supo cortar boletas y hacer perder la gobernación al PJ, y ahora con los acoples -con los que nunca el peronismo fue derrotado en una elección a nivel de Gobierno provincial- es la oposición la que parece sucumbir en la Capital. Y también porque entre los propios aliados opositores hubo deslealtades internas, ya que se votó más a Roberto Sánchez que a Beatriz Ávila.

Hubo un tijeretazo que pone a la oposición en una situación política complicada a largo plazo: la de armar un líder que concentre la mayoría del voto adverso al peronismo, pero para dentro de cuatro años. Porque las primarias están tan encima que no van a servir para ese propósito, sino para que discutan nuevamente nombres para las precandidaturas; con más probabilidad de que ese encontronazo anticipe rupturas internas a causa de los cortes de boleta. Como se necesitan para repetir los guarismos de domingo, pueden sonreír para cerrar acuerdos o bien confrontar con distintas listas. Implicaría el inicio de una posible fragmentación y dispersión de la oposición, que sólo podría ser evitada por la intervención de la dirigencia nacional de Juntos por el Cambio.

Baste mencionar un par situaciones, comentadas por lo bajo en Juntos por el Cambio, para exponer que las cosas no andaban bien entre radicales y alfaristas y que, a la luz de los resultados de la semana pasada, le ponen una gran cuota de incertidumbre a la continuidad de la coalición opositora. Por una parte se hizo correr el rumor de que correligionarios capitalinos habrían sugerido la necesidad de sacarse a Alfaro de encima -perjudicando electoralmente a Ávila- para poder ser opción de poder en 2027. O sea, eliminar de juego a un competidor interno. Los que habrían mencionado la maniobra tienen nombre y apellido.

Por otro lado, algunos integrantes del PJS habrían dicho que no le iban a dar por nada del mundo la intendencia a los radicales; también tenían nombre y apellido. Y sus dichos se viralizaron por whatsapp. No todos jugaron bien. Alguien perdió y alguien ganó; lo cierto es que la oposición se está por quedar sin el principal bastión territorial para hacer política, ya que a las otras tres intendencias opositoras el oficialismo las puede tener de su parte con solo ajustar detalles en el Pacto Social.

En ese marco adverso, cómo puede la oposición poner en la mesa la eliminación del acople y su sustitución por otro esquema -que tienen que idear, por cierto-, ya que empezará el próximo período con una extrema debilidad institucional y política, y sin liderazgos claros. Todo lo tienen que hacer, lo que es casi es empezar de cero, pues han fracasado electoral y políticamente en conjunto, o por lo menos han hecho fracasar un proyecto de poder. Otro tiene que construirse.

Un drama que roza al PJ

El conflicto por el liderazgo interno también es válido para el oficialismo por más que haya cantado victoria en conjunto ya que, por ahora, la conducción sigue siendo bicéfala, entre un Manzur que no quiere irse del todo y un Jaldo apurado por llegar al 29 de octubre para que jaldismo se empiece a escribir con mayúsculas.

Por el momento, el gobernador ocupa un espacio preponderante en el peronismo a causa del complicado proceso de Unión por la Patria para definir las precandidaturas presidenciales. Se mantiene en la primera línea nacional, se muestra como un hábil jugador y tiempista -amenaza con ser candidato en las PASO-, mientras tanto debe hacer cálculos sobre quiénes son los legisladores, intendentes o concejales que le responderán, o que puede considerar parte del manzurismo que se viene. Necesita una estructura para mantenerse con vida política.

Aquí hay que detenerse y observar una situación en particular para analizar cómo puede encaminarse la futura relación entre Jaldo y Manzur, en lo institucional, político y partidario: la integración del próximo gabinete provincial. Habrá que ver si consensuarán nombres, si Manzur -tal vez convertido en senador- exige espacios para los suyos, o si el gobernador electo le dará su propia impronta al gabinete configurándolo con hombres y mujeres de su confianza solamente.

Con una oposición tan debilitada, acotada a tres intendencias y con unas cuantas bancas legislativas y concejalías; y con una posible lucha interna para elegir un conductor que los aglutine, el oficialismo puede darse el lujo de enfrascarse en una tensa interna entre dos líneas o disponer un pacto de convivencia para el usufructo sin contratiempos y en paz del poder. Por ahora, sólo debería preocuparse por la posibilidad de que el Gobierno nacional sea gestionado por otro color político.