La amenaza de una “explosión de pesos” sobre la economía en el corto plazo se hizo más pequeña. Esta semana el Tesoro logró despejar el grueso de los vencimientos remanentes hasta fin de año. Los títulos elegibles sumaban un valor nominal de $ 9,5 billones y se lograron postergar $ 7,4 billones. Con una adhesión total del 78%, desde el oficialismo se anunció con épica que se trató del “canje de deuda más grande de la historia argentina en el mercado doméstico”. Pero, en realidad, esto fue gracias a la participación de entidades públicas, apunta el reporte semanal de GMA Capital.
Previo a la operación, en términos de monto, el tercer trimestre era el más desafiante. Solo entre julio y septiembre el Ministerio de Economía debía afrontar pagos por $ 9,2 billones. En tanto, la suma ascendía a $ 11,3 billones considerando todos los vencimientos del año. Luego del canje, los vencimientos para el tercer trimestre se redujeron hasta $ 2,2 billones, y hasta $ 4,2 billones si consideramos todos los vencimientos hasta el año próximo.
¿Qué títulos se ofrecieron a cambio? En línea con las últimas licitaciones, el menú ofrecido estuvo compuesto solamente por títulos indexados. En detalle: se colocaron tres bonos duales con vencimiento en agosto y noviembre de 2024, y enero de 2025; y un bono atado a CER con vencimiento en diciembre del año próximo, detalla Invecq Consulting. De esta manera, si bien el Tesoro logró descomprimir los compromisos de corto plazo, aún restan vencimientos por aproximadamente $ 4,2 billones entre junio y diciembre, donde la gran mayoría está en manos privadas (dificultando el roll-over, más aún a medida que nos acerquemos a las elecciones).
Las calificadoras de riesgo tampoco le dieron el visto bueno a la operación. Standard & Poors (S&P) rebajó el score crediticio de la deuda soberana a default selectivo. Sobre esto, el informe de la compañía señala que “las divisiones en el seno de la coalición de gobierno y las luchas internas en la oposición limitan la capacidad del soberano para aplicar cambios oportunos en la política económica”. Si bien rebajaron de “CCC-C” a “SD/SD”, también señalaron que una vez completado el canje considerarían “curado” el impago en moneda local y elevarían la calificación de moneda local a largo plazo a “CCC”. De hecho, en el comunicado calificó el canje “como distress, en lugar de oportunista, debido al débil acceso del Gobierno al mercado”, y señaló que la decisión se basó en la probabilidad de default convencional y las vulnerabilidades macroeconómicas de Argentina.
Dos conclusiones
Según Equilibra Centro de Análisis Económico, del proceso de canje encarado por la gestión ministerial de Sergio Massa, pueden sacarse dos conclusiones:
• El Gobierno ha logrado derribar exitosamente el “paredón” de vencimientos que se concentraba durante los meses previos a las elecciones, a costa de una mayor emisión del Banco Central (para recomprar títulos en el mercado secundario) y una fuerte participación del sector público en las licitaciones primarias.
• El sector privado sigue mostrándose inapetente a tomar nueva deuda pública, lo que anticipa que, en los próximos meses, debería observarse tasas más atractivas, un amplio menú de instrumentos indexados y/o más emisión del Central para terminar de cerrar el programa financiero 2023.
“Hoy llevamos adelante el canje de deuda pública más grande de la historia argentina en el mercado doméstico; no sólo por la trascendencia económica de impacto en las cuentas públicas sino también por abarcar los vencimientos más importantes acumulados del segundo semestre”, había dicho el secretario de Finanzas de la Nación, Eduardo Setti, al cerrarse las ofertas de la operatoria encarada por el Palacio de Hacienda. El Gobierno presentó la operación como un éxito. Sin embargo, Invecq considera que está lejos de serlo. Se estima que en torno al 70% de los títulos elegibles estaba en manos de entes públicos (BCRA, FGS, entre otros); por lo que, asumiendo que estos canjearon la totalidad de sus tenencias -algo razonable-, la adhesión del sector privado al canje fue de tan solo 26%, explica la consultora.
Mirando hacia adelante y proyectando la evolución del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y la trayectoria del tipo de cambio oficial para los próximos meses, los vencimientos para lo que resta del año ascienden a $ 5,1 billones (equivale al 3,2% del Producto Bruto Interno -PBI-). De ese total, plantea Equilibra, sólo $ 553.000 millones corresponden a vencimientos a tasa fija, detalla Equilibra. En tanto, los vencimientos en manos privadas llegan a $ 4,5 billones. En consecuencia, el “paredón” de vencimientos preelectorales se trasladó hacia el primer cuatrimestre del año que viene, una de las tantas hipotecas con las que se encontrará la próxima administración de Gobierno. El centro de estudios estima que se concentrarán vencimientos de la deuda por $ 12,7 billones. “La totalidad de la deuda que vencerá en esos meses está indexada, por lo que no podrán ser licuadas (resiste a shock devaluatorios o inflacionarios”), remarca el reporte de Equilibra.