¿Debe ser estatizado el transporte público?

El transporte público suele generar dolores de cabeza a los tucumanos, por varios motivos. Habituales conflictos entre los empresarios y los choferes, además del intenso tránsito en los puntos más transitables de la provincia, sobre todo en Capital, generan complicaciones a los usuarios. Por eso, una opción que siempre reaparece para tratar el tema es la estatización del servicio. Al respecto, opinaron los candidatos a intendente de San Miguel de Tucumán.

“El servicio de transporte público no es satisfactorio para quienes vivimos en San Miguel de Tucumán, y una de las razones es que no hay una licitación pública vigente y no se cumple con la normativa”, analizó Rossana Chahla, candidata del Frente de Todos. Como solución, la actual diputada propuso la realización de una asociación pública privada entre la Municipalidad y las empresas.

Esto, aseguró Chahla, generaría que “el control de la reglamentación y el seguimiento de calidad sea mutuo, y que podamos garantizar unidades nuevas”. Estas, afirmó, contarían con aire acondicionado, rampas para discapacitados, GPS para saber la frecuencia, y horarios visibles tanto en las paradas como en una app. Además, señaló que debe establecerse una coordinación con los municipios vecinos y con las líneas interurbanas, para “integrar los recorridos y los sistemas con boleto único”.

Según Beatriz Ávila, la candidata de Juntos por el Cambio,el problema con el transporte público no pasa tanto por la estatización o no, sino por los subsidios que recibe la provincia. “De $ 10 de subsidio que pone la Nación, $ 8 se lleva el AMBA”, cuestionó Ávila, sobre el reparto nacional de dinero destinado al transporte.

Por eso, indicó que “desde el Senado estamos pidiendo que se trate de manera urgente un proyecto de distribución equitativa”. Esta idea fue presentada por la actual senadora hace ya un año, aunque todavía no fue tratada. Para Ávila, debe haber un “verdadero criterio objetivo, equitativo, y por sobre todo federal, de los subsidios al transporte público de pasajeros en nuestro país”.

Eduardo Verón Guerra, candidato de Fuerza Republicana, consideró que la estatización no sería la solución, teniendo en cuenta que su partido propone el achique del Estado. De todas formas, aclaró que el municipio debería ejercer su función de controlar el cumplimiento de las normas y calidad del servicio de transporte público. “Tucumán cuenta con 14 líneas de colectivos, y 450 unidades prestan el servicio; la mayoría no cumple la normativa, y esto es permitido por el escaso control del municipio”, apuntó.

Verón Guerra subrayó que, desde su espacio, la solución para el transporte se enmarca en una reforma total de la movilidad, que incluye dos tipos de transportes que circularán. Por un lado, los colectivos, que, dijo el actual concejal capitalino, “circularán por barrios y avenidas, pero con la obligación de renovar la flota y cumplir con las ordenanzas”. Y, por el otro, “un servicio diferencial de minibuses para él área céntrica que está autorizado por ordenanza 2753, del año 1998, y que nunca fue puesto en ejercicio”.

Juan José Paz, candidato del Frente de Izquierda, manifestó que el transporte público “es una necesidad para el pueblo trabajador, que se ha transformado en un negocio jugoso para los empresarios del transporte, a quienes el Estado les garantiza enormes ganancias con subsidios millonarios”. En esa línea, sostuvo que la estatización del transporte público es una buena respuesta ante la problemática, algo que se realizaría, según dijo, “mediante la creación de una empresa estatal única”.

“Esta estatizacion debe pasar a la esfera provincial, pero bajo el control de trabajadores y usuarios, que termine con los negociados de estos empresarios y con el objetivo de crear un servicio más eficiente y barato al servicio del pueblo trabajador”, argumentó Paz.

“No hay dudas que el actual sistema no funciona, por el incumplimiento permanente de las empresas concesionarias, y por la falta de control y permisividad de las autoridades públicas, ya sea por incompetencia o connivencia con las empresas”, subrayó José Vera, candidato de Libres del Sur. “Creemos que deberíamos comenzar a pensar en una empresa de transporte público municipal, o por lo menos de participación municipal mayoritaria”, apuntaló Vera, como una posible solución.

Dijo que, en este caso, los ingresos tendrían como único objetivo la prestación de un servicio público adecuado, con salarios acordes para los empleados, incrementos de frecuencias y ampliación de los recorridos, para llegar a barrios que no tienen tantas opciones, entre otras mejoras. También propuso la creación de un organismo de control y supervisión autónomo, conformado por colegios profesionales, universidades y oposición.

Ángella Vittini, candidata de Nos Une El Cambio, dijo que el transporte público de pasajeros debe ser “completamente privado”. Vittini aseguró que la Municipalidad debe fomentar y resguardar la competencia entre empresas y prestadores. “Se licitarán corredores que no serán exclusivos de una sola empresa o prestador”, agregó la candidata, quien dijo que estos corredores serán explotados por la empresa que ofrezca “el mejor precio y servicio para el usuario”.

Además, adelantó que las empresas no pagarán canon por la concesión, aunque si deberán abonar “una tasa de servicio por cada pasajero para el mantenimiento del pavimento”. Vittini también indicó que, en el caso del transporte semipúblico (taxis), se debe eliminar el Sutrappa (Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil) y el cupo de licencias, y se debe habilitar la inscripción, sin cupos, de empresas que utilicen los sistemas en línea para la solicitud de taxis o autos de alquiler con chofer, como Uber, Didi o TaxiAr.

Gustavo Arquez, candidato de Política Obrera, denunció que el sistema de transporte público urbano tiene un “sistema parasitario, en connivencia entre Aetat y la Municipalidad”. Señaló que su espacio está en contra de esta modalidad, y exigió “la apertura inmediata de los libros contables de todas las empresas privadas de transporte”, señalando que el funcionamiento actual del servicio no es bueno.

“Para nosotros es un servicio estratégico e indispensable, y que debe estar manejado por el Estado. Su control de funcionamiento debe ser efectuado a través de monitoreos permanentes, por medio de asambleas en los barrios donde hacen los recorridos las diversas líneas de transporte, para garantizar su funcionamiento óptimo”, propuso Arquez, quien también reclamó que el costo del boleto debe ser “acorde al salario que recibe un trabajador”. 

(Producción periodística. Joel Katz)