En medio de tantos rumores, conjeturas y versiones, en el crimen de Chacabuco 59 hay una hipótesis que cobra fuerza: el móvil sería el económico. La dueña del inmueble Laura Gabriela Picciuto desde hace varios meses venía advirtiendo que recibía presiones para venderla, pero ella no quería saber nada sobre desprenderse de esa propiedad. El cuerpo de una mujer, que podría ser de Picciuto, quien está desaparecida, fue encontrado el 12 de mayo en una cisterna de esa propiedad.
En ese inmueble, desde el 6 de marzo sucedieron cosas extrañas o, por lo menos, que no son normales. Lorena, una peluquera que alquilaba uno de los dos locales, terminó marchándose del lugar porque había sufrido un robo. Los inquilinos Alfredo Socci, Natalia Liberman y Gabriel Quesada permanecieron allí sin pagar al menos dos meses el alquiler de las habitaciones que rentaban desde febrero. Sin que se supiera nada de ella, a mediados de abril, se presentó la procuradora Luciana Marín avisándoles que ocuparía una de las habitaciones como oficina.
Dos semanas después, un hombre les avisó que había comprado parte de la propiedad de José Luis Fumero (ex marido de “Gaby”) y comenzó a hacer refacciones. Esa persona, que luego fue identificada como Walter Marchese, le ofreció dinero a los inquilinos para que se marcharan y, días antes de que hallaran el cuerpo, los terminó corriendo. Antes, un grupo de personas había retirado cosas de la propietaria en un camión.
La casa de Chacabuco 59 es una de las más importantes de la manzana. Tiene dos locales comerciales en la parte delantera. Arriba, tres habitaciones (varios vecinos dijeron que en un principio funcionaban oficinas). Atrás, luego de recorrer un pasillo, estaba la vivienda (también de dos plantas) donde vivía Picciuto con Facundo Salomón, su pareja que está desaparecido desde esa fecha y sobre quien pesa una orden de detención. Tiene un fondo con un jardín, una pileta y una especie de glorieta para pasar la tarde al aire libre.
El comprador, en una nota exclusiva con LA GACETA, confirmó que su intención era comprar sólo la parte de Fumero (se cree que el 50% del total de la propiedad) a $ 35 millones y que pretendía hacer el mismo negocio con Picciuto cuando se presentara. En principio, de acuerdo a la cifra que se manejaba en la operación, la propiedad tendría un valor de $ 70 millones. Agentes inmobiliarios consultados por nuestro diario no quisieron hacer una tasación del inmueble, pero estimaron que no valdría menos de $ 90 millones. La Dirección General de Rentas la tiene valuada a casi $ 10 millones, pero se sabe, ese no es su verdadero valor.
Marchese, según confirmó, pagó una seña de $ 3 millones y entregó una moto Rouser (su valor en el mercado no supera los $ 600.000) para quedarse con una parte del inmueble que refaccionó y acondicionó en menos de tres semanas. También se había comprometido a cancelar la deuda cuando Fumero le entregara todos los papeles. Parecía uno de esos negocios que sólo se presentan una vez en la vida. Pero nadie esperaba que encontraran un cuerpo en el lugar. “Terminé comprándome un problema”, aseguró el hombre que tiene varias denuncias en la Justicia.
Dudas
La principal duda que tienen los investigadores es determinar si Fumero estaba en condiciones de vender la casa. “Estaba en regla, no había ningún impedimento para hacerlo”, explicó su defensor Ricardo Vernal. “Lo que estamos tratando de establecer es cómo fue la operación. Todo en este caso es muy raro”, explicó el profesional en una entrevista con LA GACETA.
La familia de Picciuto aclaró un poco el panorama. Reconocieron que la casa se había construido con el dinero que había cobrado Fumero de una herencia y que estaba a nombre de ella. No supieron dar mayores precisiones sobre el tema. Por esa razón, Sale tomó dos medidas. La primera, confirmar quién es el titular del inmueble (se da por descontado que es de Picciuto porque la boleta del impuesto Inmobiliario está a su nombre e impaga desde enero de 2018) de manera oficial. Al mismo tiempo ofició a un juzgado civil para confirmar si es que hubo un acuerdo para la división de ese bien. Se sabe que en 2008 se dictaminó el divorcio y que en 2018 se inició otro juicio para que se disolviera la sociedad conyugal, es decir, para ver qué parte de los bienes le correspondía a cada uno. Pero las respuestas, pese a haber sido solicitadas hace una semana, no llegaron.
Los parientes de “Gaby” también comentaron que ella les había dicho que desde octubre estaba siendo presionada para vender la casa. No trascendió quienes eran los que la presionaban, pero se sospecha que pudo haber sido Fumero. Hay cinco indicios que fortalecen esta teoría:
- El ex marido necesitaba urgente de un capital para salvar su empresa de venta y reparación de ascensores.
- Contrató a Luciana Marín para que iniciara un proceso de mediación para poder vender su parte.
- En febrero o marzo, Fumero y su asesora, que además se dedica a los negocios inmobiliarios, habrían realizado trámites en una escribanía para buscar la documentación de la vivienda.
- El ex marido, durante la audiencia en la que fue imputado, reconoció que no tenía ningún vínculo y que no hablaba con Picciuto, pero sí se sabe que personas (hasta hubo una intervención policial por esta situación) intentaron ingresar a la casa sin tener autorización.
Colaboración
“Todo esto es muy extraño. Acá no están las personas que deberían haber dado explicaciones”, se quejó José María Molina que, junto a Juan Pablo Bello, defienden a Socci y a Liberman. Justamente los dos inquilinos que fueron acusados del homicidio y a los que se les dictó la prisión preventiva. “La venta es legal, pero hay que analizar cómo fue el proceso”, añadió Vernal.
“Hay muchos puntos oscuros que estamos tratando de analizar y eso lleva su tiempo”, comentó una fuente de la fiscalía. Uno de ellos es determinar cuál es el proceso de la venta de la vivienda. Hasta aquí se cree que Luciana Marín asesoraba a Fumero para que vendiera la casa. La procuradora, en la entrevista con LA GACETA, confirmó que ella conoció la vivienda porque fue a buscar a “Gaby” para comenzar con el proceso de mediación. “¿Para qué iniciar una negociación si supuestamente él ya tenía asignada la parte de la vivienda que le correspondía?”, se preguntó Molina.
Tanto Socci como Liberman aportaron que un abogado, al que identificaron como Isaías Marín, acompañó a Fumero. El profesional es hermano de la procuradora. Esta le dijo a nuestro diario que ella le pidió que la acompañara porque les tenía miedo a los inquilinos. Pero Marchese, cuando fue entrevistado por LA GACETA, dijo que conocía al letrado porque era su vecino y le había vendido una casa. “Estas tres personas deben ser investigadas”, sostuvo Vernal que dijo no saber cuál fue el proceso de la venta de la vivienda.
La aparición del nombre de Marchese en el caso activó el pasado del comprador que reconoció dedicarse a este tipo de negocios. Diferentes abogados se comunicaron con nuestro diario para informar las denuncias que realizaron en su contra. El modus operandi sería el mismo. Fue denunciado por apoderarse ilegalmente de viviendas y luego venderlas.
Incluso, un condenado por robo que se encuentra en Villa Urquiza contó que le habría entregado dos viviendas para que las vendiera y así hacerse de fondos para poder buscar una salida alternativa y no terminar en la cárcel. Nunca recibió un centavo de esa operación, pese a que la habría vendido a tres personas diferentes, siempre según los dichos del reo. El denunciado tiene numerosas causas radicadas en tribunales. “Doy la cara porque esto me está afectando. Pueden decir muchas cosas, pero nunca fui condenado”, señaló en su momento.