Preocupación por el despido de 90 operarios y la versión sobre la retirada de una constructora nacional

Dos operarios emparejaban la carpeta de hormigón con una regla. Trabajaban en la vereda de una de las viviendas de mitad de cuadra. A unos metros a la par, cuatro obreros construían una cámara de registro aprovechado una de las máquinas retroexcavadoras disponibles. Eran casi las 16 y prácticamente terminaban la jornada laboral del viernes.

La cuadrilla de operarios completó ese día un sector del reformado cronograma de tareas de la constructora Dycasa en Lastenia. Es que desde la central de Buenos Aires, la empresa -pertenece al Grupo ACS, una multinacional-, había informado al personal que procedería a concluir las obras pendientes y abiertas hasta el momento, no sólo en ese sector, sino también en Banda del Río Salí y Alderetes, como única alternativa. De esa forma, se conocían las informaciones sobre su retirada de Tucumán.

Dycasa ha ejecutado un 40%, según las averiguaciones, del proyecto total que establece la construcción de las red de desagües cloacales en esas localidades del Este del Gran Tucumán, además de San Andrés. La Municipalidad de Banda del Río Salí había anunciado una inversión de más de $2.400 millones para construir redes colectoras, estaciones de bombeo, impulsiones y un colector principal, de acuerdo con la planificación oficial.  Las tareas se comenzaron a ejecutar en octubre de 2021 y serían auditadas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa). Estaba previsto que se extienda por 36 meses.

La semana pasada, la empresa les confirmó a los dirigentes de la filial local de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) la baja de 90 operarios de una planta de 180 que habían sido contratados para la base de operaciones ubicada en Lastenia. Además, habría devuelto máquinas retroexcavadoras alquiladas a firmas locales.

“La empresa nos confirmó el despido de 90 personas. La constructora se está yendo (de Tucumán) porque tiene problemas económicos y financieros”, confirmó el titular del gremio, David Acosta. “Calculo que seguirán trabajando dos meses más, pero seguramente la Nación llamará nuevamente a licitación para que otra empresa retome el proyecto”, añadió.

En los últimos días, LA GACETA consultó a funcionarios del Gobierno y al propio Enohsa, como ente de control de las obras, sobre las versiones que había sobre la retirada de Dycasa. En estos ámbitos expresaron que desconocían sobre la actual situación. También intentó contactar a voceros o directivos de la empresa, pero ello no fue posible.

“Es una obra que se realiza con financiamiento externo y no con presupuesto nacional. Es con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se van pagando en tiempo y forma. Esto es extraño, ya que es con financiamiento en dólares. Nadie me notificó nada”, enfatizó Gerónimo Vargas Aignasse, jefe Regional del NOA y NEA del Ente de Obras Hídricas y Saneamiento.

El funcionario realizó esta aclaración en momentos en que distintos sectores de la construcción de Tucumán han expresado su preocupación debido a retrasos en el ritmo de obras. Entre los distintos problemas, las constructoras tucumanas vienen sobrellevando una demora de los fondos nacionales y de los intereses por redeterminación de precios.

El titular de la filial de la Cámara Argentina de la Construcción, Mario Nahas, había informado a LA GACETA una parálisis de al menos una quincena de obras ejecutadas a través del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento, la ralentización de trabajos vinculados con nuevos establecimientos escolares y refacción de otros edificios, financiados por la Nación, y hasta en el programa de viviendas. Según dijo, algunas empresas tratan de evitar asumir compromisos que luego no se pueden cumplir, debido a la redeterminación constante de los precios que el Estado demora en reconocer, lo que atenta con los presupuestos, o directamente no logra conseguir los fondos federales para cubrir ese mayor costo.

Por su parte, el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), Jorge Garber, subrayó: "La provincia no se diferencia de lo que está sobrellevando el resto del país, respecto de la falta de pago de certificados base y la redeterminación de precios. Los índices de inflación nos golpean; nos comieron los beneficios y ahora comen el capital de trabajo. La inflación no es previsible para el sistema de redeterminación de la mayoría de las obras públicas".