EL PRÓFUGO. Miguel Antonio Vega fue condenado a perpetua en 2021.
La fuga de un procurador condenado a perpetua por un crimen sigue generando polémica. Un abogado en actividad y pariente del evadido fue procesado porque habría conlaborado en la evasión. Mientras tanto, el penado sigue sin aparecer y los familiares de la víctima continúan insinuando que había recibido privilegios por parte de la Justicia.
Carlos Chequer, de 62 años, fue asesinado el 27 de febrero de 2019 en el garaje de su casa, ubicada en Matienzo y San Luis, en el barrio Haimes de Concepción. Por el caso fue detenido y procesado Miguel Antonio Vega. En julio de 2021, el acusado fue condenado a prisión por ser considerado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por alevosía y criminis causae. La pena fue impuesta por el tribunal integrado por Elena del Tránsito Grellet, Jesús Carlos Pellegri y Rodrigo Sebastián Martiarena.
Los jueces ordenaron que el condenado cumpla la prisión preventiva con la modalidad de arresto domiciliario hasta tanto quede firme la sentencia. El lugar ofrecido por el imputado para continuar detenido era el estudio jurídico de su padre (reconocido ex magistrado del sur de la provincia) que está ubicado en pleno centro concepcionense. Debía ser controlado por policías y sus pasos, seguidos por un dispositivo electrónico. Pero el miércoles Vega desapareció.
El hecho fue confirmado por el abogado Leandro Juárez, con quien el condenado compartía el estudio en España 1.581. “Llegué y ya no estaba. Desconozco los motivos de su decisión”, sostuvo el letrado. Varios allegados opinaron que habría tomado esta decisión al circular la versión de que la Corte Suprema de Justicia estaba cerca de ratificar la condenada que había recibido.
Reacciones
Vega no estaba detenido en un domicilio, sino en una oficina ubicada a metros de la sede judicial de Concepción y a una cuadra de la sede de la comisaría. También trascendió que el dispositivo generó la alerta a las 2.45, pero los responsables de hacer el seguimiento sólo habrían transmitido la novedad cerca de las 8, es decir, cinco horas después de que Vega comenzara con su plan de fuga.
“Vega era un preso VIP, con todos los privilegios que podía tener alguien en libertad, y no un condenado por un crimen escalofriante. Estaba en un estudio jurídico en el que trabajaba, tenía reuniones de amistades y además se lo solía ver salir fuera del lugar de arresto. Se burló no sólo de nosotros, los parientes de la víctima, sino de toda la sociedad”, dijo indignada María Inés Chequer, hermana de Carlos Chequer. “Sin complicidades la fuga del homicida no hubiera sido posible. Ahora esperemos que aparezcan los responsables de lo ocurrido, aunque se tendría que empezar por los que favorecieron el privilegio de no estar en una cárcel”, agregó.
La fiscala Mariana Rivadeneira, que está al frente de la investigación, decidió, por un lado, buscar al prófugo; y por otro, tratar de determinar si hubo irregularidades en la evasión y si contó con la colaboración de alguien para escaparse.
La investigación
Personal de la Brigada Sur, al mando de los comisarios Carlos Díaz, Carlos Mendoza y Jorge Dib analizó las imágenes de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona donde cumplía el arresto domiciliario. Así descubrieron que Vega salió del lugar donde estaba detenido en la madrugada del miércoles con una bolsa de residuos de consorcio, luego de que un auto se detuviera al frente. Se subió al vehículo y huyó.
Los pesquisas, rastreando las imágenes, lograron determinar que se trataba de un taxi. Ubicaron al conductor, quien les informó cuál había sido el recorrido que hizo con Vega y que lo dejó en una garita de Acheral. También describió al vehículo al que ascendió y que, a su criterio, partió rumbo a los valles.
Los efectivos de la Brigada de Investigaciones Sur, al analizar las cámaras de distintos lugares de Tafí del Valle, no sólo confirmaron la versión, sino que además lograron descubrir que efectivamente Vega había viajado hasta ese centro turístico en una camioneta. También obtuvieron información para determinar quién era el propietario. Llegaron a descubrir que la titular era una mujer, que sería funcionaria del Centro Judicial de Concepción y que estaba casada con abogado que es pariente del evadido.
Medidas
Con todas esas pruebas, Rivadeneira solicitó la detención del sospechoso de haber colaborado con Vega y una serie de allanamientos para tratar de encontrarlo. En un primer momento, el juez Enrique Cacicci rechazó varias de esas medidas, pero finalmente las terminó autorizando con horas de demora.
Efectivos de Sustracción de Automotores detuvieron el sábado a la tarde a José Adolfo Vega (46 años), acusado de haber colaborado con la evasión de su pariente. También allanaron su domicilio de Florida al 700 y los estudios de él y de otros familiares. También se presentaron en el domicilio que un pariente del director tiene en Tafí del Valle. El prófugo no pudo ser encontrado.
La fiscalía anunció al Colegio de Abogados que realizarían una medida judicial en contra de un asociado, como lo indican las normas. “Las medidas fueron solicitadas porque había indicios suficientes y, si bien no tengo el informe definitivo de los veedores, se desarrollaron con total normalidad”, explicó el presidente de la entidad Rodolfo Gilli. El dirigente confirmó además que los procedimientos judiciales fueron menos de los que se les había informado y que se desarrollaron con varias horas de retraso.
Mientras Rivadeneira continúa tomando medidas para tratar de ubicar al prófugo, su equipo reúne evidencias en contra del detenido. Una vez que tengan esos elementos, solicitarán una audiencia donde, por lo menos, formalizarán los cargos en su contra.
Discusión: diferencias por el arresto domiciliario
Concepción se transformó en una usina de rumores por la fuga del procurador Miguel Antonio Vega. “Nunca el tribunal de Juicio que integro recibió solicitud alguna de las partes relativa al traslado a la Unidad de Encausados de Concepción del condenado”, sostuvo a través de un mensaje de WhatsApp la jueza Elena Grellet, quien se encuentra en el exterior. “Las únicas audiencias requeridas por fiscalía y querella fueron para prorrogar la preventiva, tal como se venía cumpliendo. Si alguna parte requirió el traslado a la cárcel debe haber sido planteado ante la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal de Impugnación. Los jueces en este sistema actuamos a instancia de partes. Nunca de oficio”, concluyó la magistrada. Sin embargo, tanto el fiscal Mariano Fernández como el querellante Ángel Fara lo habían solicitado antes de que Vega fuera condenado, según entendieron, “ante los riesgos de fuga y las características psicológicas peligrosas”. En la resolución del debate de julio de 2021, los miembros del tribunal rechazaron el pedido en uno de los puntos de la resolución que firmaron. La misma suerte corrieron las partes en otras instancias, incluso, en el planteo que llegó a la Corte porque también fue rechazado en Impugnación.
