La obra pública se ejecuta con lentitud e incertidumbre

En la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) hay preocupación porque las obras que se proyectaron no se hacen al ritmo deseado cuando fueron anunciadas y, en muchos casos, tuvieron que ser paralizadas. ¿La razón? La incertidumbre que genera en la industria este tipo de emprendimientos por efecto de una inflación que no deja de crecer y que encarece los insumos y los materiales. Pero eso no es todo, el mayor costo se explica también por las variaciones del tipo de cambio en un mercado que se mueve a precios “blue”.

La entidad, presidida a nivel nacional por Gustavo Weiss y que cuenta con alrededor de 1.500 socios, ha emitido un duro documento que expone ante la sociedad el panorama del sector y las consecuencias que las demoras en el pago de las provincias y de los municipios generan en el interior de cada compañía. “La mora en los pagos genera siempre un enorme perjuicio, situación que se agrava en un contexto de alta inflación. Además, esa mora no es compensada debido al no pago de los intereses establecido por la Ley de Obras Públicas”, denuncia el escrito de la cámara, tras escuchar a los representantes de todo el país. Este panorama se suma a un escenario complejo, producto de la ineficiencia del esquema de redeterminación de precios en un contexto de alta inflación, que torna las obras absolutamente impracticables. La  Camarco advierte, asimismo, que las consecuencias inmediatas serán: fuerte impacto sobre el empleo; parálisis de las obras y afectación de la continuidad de las empresas y la cadena de valor de la industria.

En Tucumán, el titular de la filial de la cámara, Mario Nahas, expresó a LA GACETA que esta situación puede observarse en la parálisis de al menos una quincena de obras ejecutadas a través del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento, en la ralentización de trabajos vinculados con nuevos establecimientos escolares y refacción de otros edificios, financiados por la Nación, y hasta en el programa de viviendas, ya que algunas empresas tratan de evitar asumir compromisos que luego no se pueden cumplir, debido a la redeterminación constante de los precios que el Estado demora en reconocer, lo que atenta con los presupuestos, o directamente no logra conseguir los fondos federales para cubrir ese mayor costo. En la actualidad, señala el empresario, una vivienda tipo Fonavi tiene un costo aproximado que llega a los $ 13,3 millones.

Si bien Nahas reconoció que se pagan esporádicamente los certificados de las obras que se ejecutan en forma directa por la Nación, las complicaciones son mayores cuando se trata de aquellas que se realizan  por convenios entre el Gobierno central y las provincias o los municipios. “Nos contestan que el dinero no está llegando de la manera que se había comprometido y, frente a esa situación, hay trabajos que ya llevan hasta seis meses de demora”, dice el titular de la filial Tucumán de la Camarco. El choque entre los presupuestos y la realidad inflacionaria se observa al momento de cobrar los certificados o adquirir los materiales. En la actividad se compra casi todo al contado o con cheques a 15 o a 30 días, con la inflación que se acumula en ese plazo, pero los certificados se cobran a 140 días vista, puntualiza el empresario. “Así se rompe cualquier ecuación financiera de las obras”, alerta.

La Camarco considera que este año electoral es inusual, ya que en los períodos impares, por lo general, el Estado tiende a relanzar sus programas de obras públicas. En esta oportunidad, ante los compromisos que la gestión del presidente Alberto Fernández asumió ante el Fondo Monetario Internacional por la renegociación de la deuda, el ajuste se evidenció en la obra pública. “Aquí hay un error conceptual muy grande, al considera a esas obras como gastos y no como inversión que se redistribuye en una cadena de comercialización amplia que, además, genera más empleo genuino”, afirma Nahas.

Pero no todo el problema se circunscribe a la obra pública. Las complicaciones también se observan en los trabajos privados. Según el titular de la filial local,  los proyectos privados disminuyeron el año pasado en torno de un 35%, un porcentaje que se proyecta también para este período. Como referencia, expone que en Tucumán hay un stock de 3.800 departamentos que están a la venta, pero que la clase media no puede acceder a ellos porque las tasas de los créditos hipotecarios son muy elevadas. Asimismo, Nahas ejemplifica la crisis con la oferta de inmuebles en la zona norte de la Capital. “Mientras en períodos estables se llegó a pedir U$S 1.400 el metro cuadrado, hoy se puede conseguir a U$S 900 porque las empresas quieren liquidar sus stocks”, finaliza.