La Justicia rechazó otro pedido del presidente del Colegio de Abogados

La Justicia confirmó la desestimación de la denuncia que había hecho el presidente del Colegio de Abogados, Rodolfo Gilli, contra el vicepresidente de la institución, Martín Lucio Terán, en una audiencia presidida por Valeria Mibelli, jueza del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital. La desestimación había sido decidida el tres de mayo por el fiscal Daniel Marcelo Leguizamón, de la Unidad Fiscal de Decisión temprana, quien consideró que “los hechos ilícitos que se intentan atribuir al denunciado no encuadran en una figura penal, ello por cuanto no se advierte reunidos todos los requisitos -objetivos y subjetivos- que exige el tipo penal en el art. 292 del C.P., por consiguiente, al no hallarse los elementos que constituyen la figura penal endilgada, no puede entenderse consumado tal delito”.

Gilli había acusado a Terán en la que lo acusa de haber adulterado un acta tras una reunión del 8 de marzo de 2023 en la cual el vocal Gustavo Usandivaras mocionó que los delegados Julieta Tejerizo y Carlos Cajal sean designados ante la Caja de Previsión Social para abogados. “El vicepresidente Terán, atribuyéndose las facultades legales del presidente, procedió a efectuar la comunicación legal a la Caja”, dijo Gilli, tras lo cual presentó una denuncia por adulteración de documento público y por usurpación de autoridad el 14 de marzo. Pero ese mismo día la presentación fue desestimada. Sin embargo, días después, y ante una nueva presentación de Gilli, se decidió darle curso a la investigación. Ahora, el tres de mayo, Leguizamón decidió desestimarla nuevamente.

Ante esto, Gilli, con el patrocinio de su abogado Diego Piedrabuena decidió oponerse a la desestimación, y ayer se dio la audiencia respectiva. Además de Gilli y su representante estuvieron el auxiliar fiscal Facundo González, y Terán, junto a su abogado Carlos Garmendia.

Según indicó Piedrabuena, la desestimación no resultaba ajustada a derecho y aseguró que hay desconfianza en cuanto a lo que se resolvió. “Las idas y vueltas son llamativas y son raras, para nosotros nunca se investigó lo que pasó. No se nos permitió actuar, no fuimos oídos en el proceso”, aseguró el letrado. “Para nosotros hay delitos”, dijo, y por eso solicitó que se revoque el decreto de desestimación ya que la misma, a su entender, no estaba ajustada a derecho. Gilli reforzó este alegato afirmando que durante el proceso “hubo un ardid y muchísimas irregularidades”.  

A su vez el ayudante fiscal González solicitó la ratificación de la desestimación de la denuncia y aseguró que a pesar del análisis que se hiciera de la presentación de Gilli no se había podido comprobar que Terán hubiera cometido un delito. “Se valoraron las pruebas y no hay falsificación. Se agregó una corrección a un borrador y luego esto fue sometido a asamblea”, explicó. Aunque sí admitió que hubo dentro de la fiscalía un “desorden administrativo”, pero que se subsanó y que ello no incidió en la decisión final.

Finalmente Garmendia afirmó: “acá no hay ningún delito”. “Hasta el año pasado Gilli actuaba como patrón de estancia, y con la nueva conformación de representantes en el Colegio se le puso límites. Hay un claro intento del abogado Gilli de intentar doblegar a quienes  fueron elegidos para el Consejo Directivo”, advirtió. Y agregó: “por todas estas denuncias falsas que hace el abogado Gilli el Colegio está paralizado desde hace más de un mes. Es caótico lo que se está viviendo”. Luego analizó: “la última acta del Colegio es del 8 de febrero. Lo que él dice acerca de que se adulteró un acta es falso. Se estaba trabajando sobre un proyecto de acta, sobre un borrador. El Poder Judicial debería estar alejado de las maniobras que en este caso intenta hacer el presidente del Colegio”. Por esto también pidió que se rechace el pedido de oposición a la desestimación, y además que se le imputen las costas del proceso al propio Gilli. Terán, por su parte, aseguró que desde que la lista opositora, que ganó las elecciones, tomó posesión de los cargos “debemos sortear los obstáculos y piedras permanentes que el señor Gillim pone en nuestro camino. Él no puede gobernar por decreto como lo viene haciendo, no lo podemos permitir”.

Tras analizar todos los dichos, la jueza Mibelli respaldó la decisión de la fiscalía de desestimar la denuncia. “Se analizaron las pruebas y se tomó la decisión. El ejercicio de la acción pública corresponde al ministerio fiscal”, y aseguró que por el tenor de los hechos relatados durante la audiencia deberían ser ventilados en otro fuero, y no en el Penal. Tras esto decidió no hacer lugar al pedido de Gilli y además cargarle las costas del proceso.

La semana pasada, además, la vocal de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa, María Felicitas Masaguer, había hecho lugar a una medida cautelar presentada por Terán y otros seis consejeros ante una suspensión aplicada por Gilli.