La Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina (CPC) expresó preocupación por la descapitalización de las empresas y la continuidad de las obras públicas en el interior del país, a causa del retraso de los pagos por parte del Gobierno nacional como consecuencia de la crisis económica.
El presidente de la cámara, Gerardo Fernández, le dijo hoy a LA GACETA que la mora en los desembolsos nacionales afecta a todas las provincias, aunque en algunas jurisdicciones representa un mayor problema.
"Entre las que más retrasos tienen se encuentra Tucumán. La provincia, en términos generales, tiene poca obra provincial (con referencia a recursos locales). Depende mucho de la obra nacional, más que otras circunscripciones", expresó.
El directivo aclaró que las jurisdicciones que tienen mayor inversión en el presupuesto económico local porque cuentan con capital proveniente de regalías mineras o de otras actividades. Así son los casos de Jujuy, Catamarca o San Juan.
"Hay empresas constructoras de viviendas que no han cobrado enero todavía; estamos hablando de cuatro meses, por ejemplo, del plan federal Reconstruir -reactivación de proyectos y obras de viviendas abandonadas, suspendidas o sin iniciar-. Es dinero que viene de Nación, no es un problema de las provincias”, expresó. “Este reclamo es en solidaridad con los gobiernos de las provincias ante la Nación", añadió.
Fernández dejó en claro en que "no se han paralizado las obras a costa, en muchos casos, de las empresas". "Hay PyMEs que se están descapitalizando para sostener los trabajos", enfatizó.
"La preocupación se presenta en todo el país. La fórmula de redeterminación nacional no está andando bien (…) En el corto plazo eso significa la descapitalización de las firmas; en mediano plazo, la paralización de las obras; y en un plazo más largo, que empresas se queden afuera del sistema, con relación al mundo PyME", añadió.
“Sistema perverso”
El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), Jorge Garber, señaló que "hay una falta de fluidez en el envío de fondos" por parte del Gobierno nacional. "Es una situación general, no sólo lo está padeciendo Tucumán. La provincia no se diferencia de lo que está sobrellevando el resto del país, respecto de la falta de pago de certificados base y la redeterminación de precios. Los índices de inflación nos golpean; nos comieron los beneficios y ahora comen el capital de trabajo. La inflación no es previsible para el sistema de redeterminación de la mayoría de las obras públicas", expresó.
El empresario señaló que se ha registrado una demora de seis meses en el desembolso en concepto de los intereses. "Cuando se concreta, es extemporáneo", expresó, al considera la inflación.
La variación acumulada nacional fue de un 32% (enero-abril); mientras que la interanual ha sido del 108,8%.
Garber señaló que "Tucumán ha sido beneficiada con la obra pública nacional” en los últimos períodos. “Por eso, queda insignificante la inversión provincial frente a la gran cantidad de proyectos con recursos federales", expresó.
En ese contexto, el directivo de la CTC hizo hincapié en que "el sistema de redeterminación (23-3) de la provincia es mucho mejor que el régimen nacional (691), pero sólo se aplica a los trabajos con fondos provinciales". "Todo lo que se ejecuta con recursos provinciales se está pagando", explicó.
“Lo que está fallando es el sistema nacional. Es perverso y con adecuaciones provisorias que siempre quedan atrasadas. Además de malo, no están pagando. Tenemos una demora de 60 días sobre los certificados base (del mes). En esto ho hay prácticamente deuda. El retraso está en la redeterminación de precios, que llega en algunos casos a seis meses", finalizó.
Grandes empresas
En la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) alertaron sobre el impacto en las empresas la insuficiencia de los pagos de los trabajos realizados, a causa de la alta inflación y el tardío reconocimiento y compensación de sus efectos, tanto por parte del Gobierno nacional como de los provinciales y municipales, consignó Infobae.
"Todo ello está agravado por una creciente morosidad en los pagos en muchas reparticiones", aseguraron en la entidad. Según indicaron, "la mora en los pagos genera siempre un enorme perjuicio, situación que se agrava en un contexto de alta inflación. Además, esa mora no es compensada debido al no pago de los intereses establecidos por la Ley de Obras Públicas -se deberían pagar a partir de los 60 días de retraso desde la emisión de los certificados-".