El gobernador, Juan Manzur, decretó que el 11 de junio se vota en Tucumán. Sin embargo, el anuncio no despeja las dudas políticas que subyacen en el PJ, porque el oficialismo no puede esperar tranquilo que los comicios finalmente se vayan a concretar en esa fecha. Ya sufrieron una sentencia adversa; y el que se quema con leche.... En términos políticos, le temen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque en ese marco entienden que se dictó la cautelar que suspendió los comicios del 14 de mayo y que derivó en el gesto del gobernador de renunciar a su postulación a vicegobernador por el Frente de Todos.
Y es que puede haber un nuevo planteo del intendente, Germán Alfaro, en contra de la anticipación del llamado a votar, entendiendo que la convocatoria debe hacerse para agosto. Ya lo hizo contra el 14 de mayo. Puede repetir. Y si bien la Justicia provincial ya dispuso la inconstitucionalidad de los artículos de la Carta Magna que referían a que la elección de renovación de autoridades deberían hacerse dos meses antes de la finalización del mandato -que se verifica el 29 de octubre- y que el PJ tucumano, a través de Fernando Juri, impugnó al jefe municipal y a su demanda; en el oficialismo hay incertidumbre.
No es para menos; no confían plenamente en que luego no pueda haber un fallo jurídico contundente, sino más que nada una decisión teñida de intereses políticos, como vienen acusando desde el Gobierno nacional, especialmente a tres cortesanos. Más todavía luego de lo que dijera anoche la vicepresidenta, Cristina Fernández, al anunciar que no será candidata a nada, ni a presidenta ni a senadora por Buenos Aires.
En la comunicación atacó nuevamente a los jueces del alto tribunal nacional y deslizó que no se presentará porque pueden “bajar” su candidatura días antes de los comicios. En esa línea es que subrayó que la Corte suspendió las votaciones de Tucumán y de San Juan, sólo para perjudicar al peronismo y para evitar otro escenario adverso para Juntos por el Cambio. Insiste con la existencia de un Partido Judicial.
Las sospechas que deslizó Cristina deben inquietar con justa razón al Gobierno provincial, porque ella no ceja en sus ataques a la Corte, convirtiendo al tribunal en un enemigo del oficialismo en todo el país; y los justicialistas tucumanos están en el medio. Entrampados. Pueden temer que la Corte se desquite con el Gobierno local y que le de, otra vez, la razón a Alfaro para llevar los comicios a agosto.
Es que, con la nueva fecha confirmada de junio para que los tucumanos vayan a las urnas, es posible que la oposición insista con el recurso impulsado por el jefe municipal para que la votación se postergue dos meses más. Eso debería concluir con un fallo que no puede ir mas allá de las próximas tres semanas, ya sea para negarle la razón al intendente capitalino o para frenar nuevamente la votación. Esto es lo único que preocupa al PJ local, más allá de la confianza que tenga el Gobierno de que en la fecha que sea van a doblegar nuevamente a la oposición.