Por Gustavo Rodríguez
16 Mayo 2023
TEMOR EN LA FACULTAD. Las autoridades de Agronomía están conteniendo a los padres de los alumnos por el incidente registrado el viernes.
La comunidad educativa de la Facultad de Agronomía quedó aterrada por el episodio. En la Justicia generó sorpresa la actuación de los responsables de seguridad. Las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán todavía no tomaron ningún tipo de decisión sobre lo que harán. La cuestión es que un joven fue acusado de amenazar a un compañero y se le dictó la prisión preventiva por 30 días, medida que cumplirá internado por tener problemas de salud mental.
El episodio se registró el viernes por la tarde. Cerca de las 17, un grupo de alumnos se presentó ante las autoridades para denunciar que uno de los alumnos se había presentado a tomar clases con un arma de fuego. Las autoridades se comunicaron con la Policía Federal para que interviniera. Los miembros de la fuerza le explicaron que ellos no podían actuar, ya que sólo pueden hacerlo cuando está en peligro el patrimonio. Ante la negativa, llamaron al servicio 911. Los efectivos llegaron a las 18.30 y pidieron requisar al sospechoso para confirmar o descartar la versión de sus compañeros. Sin embargo, les negaron la autorización y les avisaron que sólo podrían hacerlo cuando terminara la clase que estaba tomando.
Pasadas las 20, el señalado por sus compañeros pudo ser requisado. En la mochila que llevaba puesta le encontraron dos armas blancas (una cortapluma y un cuchillo), un carnet que lo autorizaba a portar armas y documentación en la que constaba que realizaba prácticas de tiro. Pero la pistola (sería una nueve milímetros) nunca apareció. También encontraron tres sobres con balas que estaban dirigidas a tres funcionarios que prestan servicios en esa casa de estudios.
La pesquisa
El caso llegó a manos del fiscal Diego Hevia, pero al no haber encontrado el arma, ordenó que el joven, identificado como Martín Francisco Villafañe, sea dejado en libertad hasta tanto consiguiera más información sobre el caso.
Con el correr de las horas, varios alumnos declararon que el sospechoso había enviado al grupo de WhatsApp mensajes intimidatorios por un problema que se registró en un parcial. El fiscal solicitó entonces una orden de allanamiento en el domicilio del acusado. La medida se concretó el sábado y el joven quedó aprehendido al encontrarse que tenía proyectiles de arma de fuego en su poder. Al notar que su estado de salud mental no era óptimo, dispuso su internación en el hospital Obarrio.
Hevia comenzó con una carrera contrarreloj para tratar de encontrar evidencias suficientes para poder acusar de un delito al sospechoso. No podía imputar el delito de portación de armas porque la pistola no fue ubicada. Los pesquisas sospechan que la tiró en las tres horas de demora que hubo para revisarlo. La otra alternativa que quedaba era que se lo acusara por amenazas pero se topó con otro problema: las víctimas, por temor, no querían denunciarlo.
Sólo ayer a la mañana uno de los afectados se atrevió a hablar. Contó que el acusado le envió este mensaje por WhatsApp: “Sabemos dónde vivís... Cuidate. Sí y tus compañeros también porque sabemos todo de ellos”. Para Hevia esa fue una prueba suficiente para solicitar una audiencia.
Antes de que comenzara el debate, el auxiliar Rogelio Rodríguez del Busto informó que el estudio realizado por el forense determinaba que Villafañe no estaba en condiciones de ser acusado. El fiscal Hevia se opuso y entendió que el proceso en su contra debía continuar. La defensora Silvana Paz coincidió con el representante del Ministerio Público, por lo que el juez Facundo Maggio dictó la legalidad de la detención y que se le imputara el delito de amenazas simple.
El fiscal también pidió que se le dictara la prisión preventiva, pese a que se trata de que está acusado de un delito excarcelable, pero para evitar la integridad física de la víctima y de otra que pudiera surgir con el correr de los días.
Además informó que había acordado con la defensa que la medida la cumpliera con la modalidad de internación para que sea tratado de sus problemas. Señaló que la cumpliría en una clínica privada, puesto que en el Obarrio no había camas disponibles. Indicó luego que sería controlado por una custodia policial permanente. El magistrado aceptó el planteo, pero aclaró que en caso de que surgieran inconvenientes, la fiscalía debería oficiar al Ministerio de Salud para que le dieran lugar al imputado.
Informe
“Estamos esperando un informe de los responsables de seguridad de la Universidad sobre el hecho acontecido. Cuando lo tenga definiremos los pasos a seguir”, explicó el secretario general José Hugo Saab sobre el caso.
El funcionario explicó los motivos por los que la UNT no decidió participar en el proceso judicial contra el estudiante. “En estos momentos hay una reunión con la decana de Agronomía y los abogados de la UNT. Estamos analizando la situación”, añadió. “Por el momento, estamos llevando tranquilidad a los padres que quedaron preocupados por esta situación”, finalizó.
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