La suspensión de los comicios provinciales que debían realizarse ayer no implica, meramente, un cambio de fechas. La votación de autoridades provinciales ha cambiado. Tanto en la superficie como debajo de ella. La elección ya es otra elección.
Como un ladrillo que cae en un estanque, la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el martes pasado genera ondas que alteran la fisonomía de la quietud. En este caso, el escenario electoral vernáculo se ha nacionalizado.
El oficialismo tucumano desplegó toda una ingeniería para evitar esa situación. El año pasado, el PJ de Tucumán interpuso un amparo con el objetivo de adelantar la cita con las urnas. La Constitución provincial, tras su reforma de 2006, mandaba votar en agosto: el mes de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias. Y con el derrotero económico y social yendo de mal en peor durante este cuarto gobierno “K”, se asumió aquí que cuanto más despegaran la batalla provincial de la nacional, mejores chances de triunfar habría. Esa estrategia acaba de naufragar.
Cristina Fernández de Kirchner decidió abrazar la semana pasada el fallo de los jueces supremos para sumarla a su rosario de imaginarias conspiraciones contra el kirchnerismo. Como ella ha puesto su precaria situación judicial (está condenada en primera instancia a seis años de prisión por administración fraudulenta), cualquier fallo del máximo tribunal la deja en la esquina de su relato. “Dejen votar a los tucumanos y a las tucumanas en paz”, gritó por Twitter la Vicepresidenta de la Nación, como si la Corte Suprema hubiera objetado que las boletas hayan estado impresas en blanco y negro y no a colores. Lo que los jueces hicieron fue frenar unos comicios para elucidar si es constitucional, o no, habilitar la reelección indefinida del binomio de gobernador y vicegobernador, a cambio de sólo enrocar los miembros de la fórmula. Votar tal y como manda la Carta Magna es, mal que le pese a la ex mandataria, lo más parecido a votar en paz.
Alberto Fernández, desesperado por conseguir a alguien que pelee contra él, a ver si así lo tienen en cuenta para algo, también compró terreno en ese campo. “Es hora de dejar de interferir en la democracia”, aseveró el jefe de Estado. Siempre fue notable su capacidad para equivocarse mucho diciendo poco.
En primer lugar, la Corte no está “interfiriendo”. Ella es la última intérprete de la Carta Magna de los argentinos. Ese digesto, en su artículo 5, establece: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional”. El sistema republicano implica, como base, periodicidad en los mandatos y alternancia en los cargos. La interpretación que se había hecho de la Constitución de Tucumán para habilitar la candidatura a vice de Manzur ya ni siquiera garantizaba esos mínimos.
En segundo lugar, consecuentemente, el fallo de la Corte no tiene que ver con la democracia, sino con la república. No tiene que ver con la sustancia del gobierno, que es el poder del pueblo, sino con la forma del gobierno: con el diseño institucional. El superior tribunal no está poniéndole ningún límite a la soberanía popular, sino que les está marcando la cancha a los gobernantes.
En Juntos por el Cambio también han corrido a enarbolar las suspensiones de los comicios a gobernador y vice en Tucumán y en San Juan como banderas de la campaña 2023. El hecho de que fueran partidos de esa coalición los que impulsaron sendos planteos judiciales (el alfarismo tucumano y el radicalismo cuyano) le permite ensayar una polarización contra el Frente de Todos que margine de la escena a los libertarios de Javier Milei.
Aunque vaya a votarse el 11 de junio (ningún gobierno peronista que se precie de tal convocaría elecciones antes de pagar los sueldos, menos aún si de paso puede adelantar el aguinaldo), Tucumán se convertirá en una vidriera obligada de los referentes nacionales de la oposición, camino a la inscripción de precandidatos presidenciales que se realizará a finales de ese sexto mes.
El oficialismo local, en tanto, ¿va a patrocinar la visita de referentes nacionales del inflacionario kirchnerismo gobernante?
El nuevo equilibrio
El cimbronazo de la suspensión de los comicios no sólo sacude la superficie del estanque político provincial. El ladrillazo judicial ha llegado hasta el fondo y ha removido los sedimentos.
La Corte Suprema nacional sólo suspendió la elección para la categoría de gobernador y vice. Aquí, donde hay régimen de acoples, y en San Juan, donde hay Ley de Lemas. Sin embargos, los cuyanos (con un sistema de colectoras mucho más dependiente del binomio gubernamental que el mecanismo tucumano) resolvieron que se realice la votación para el resto de las categorías. Aquí, por el contrario, la suspensión fue “erga omnes”: para todos y contra todos.
La razón expone una de las verdades más esquivadas del oficialismo tucumano: la dependencia que la fórmula de gobernador y del vice tiene respecto de los intendentes del interior. Una situación olvidada, inclusive, por los propios jefes municipales.
El alperovichismo, desde el comienzo, menospreció a los intendentes. En 2003, y luego del convulso final que tuvo el gobierno de Julio Miranda, José Alperovich determinó que el triunfo en las urnas se debía casi exclusivamente a su imagen. Ratificó ese diagnóstico con arrasadores triunfos en los años siguientes. En 2005, el oficialismo se quedó con las cuatro bancas de diputados nacionales en juego. En 2007, Beatriz Rojkés de Alperovich ganó las internas y se consagró presidenta del PJ de Tucumán. Ese mismo año, Alperovich lograba el triunfo más arrollador desde el retorno de la democracia: de cada 10 tucumanos que fueron a las urnas, siete votaron por él.
Como agravante, el Pacto Social. las municipalidades ceden su coparticipación de impuestos a la Provincia y, a cambio, la Casa de Gobierno paga los sueldos. Poco después, ese acuerdo incluyó también recursos para obras públicas. Ese esquema le permitió al alperovichismo ningunear a los intendentes: daba lo mismo quien se quedaba con la jefatura municipal porque no tenían votos propios, sino que se colgaban del saco de Alperovich. Y como si no bastase, después era el Poder Ejecutivo Provincial el que pagaba los salarios y los trabajos de infraestructura.
Dicho de otro modo, el Alperovichismo convenció a los intendentes de que los intendentes eran superfluos. No había motivo alguno para valorarlos porque su dependencia con respecto al gobernador era absoluta. Entonces, el mandatario patrocinaba media docena de candidatos a intendentes por ciudad. Daba lo mismo quien ganase: todos, irremediablemente, iban a tener que pasar a pedir bendiciones e indulgencias a la gobernación.
Eso también ha cambiado. Tanto es así que la jugada desesperada no ha sido apurarse a convocar comicios cuanto antes se pueda (la nacionalización del escenario torna el asunto de las fechas en una cuestión secundaria), sino mantener atada la elección de los intendentes con la del binomio.
Dicho de otro modo: por poco y da lo mismo cómo se conforma la fórmula del oficialismo. Fue, en un principio, un mero enroque: Osvaldo Jaldo gobernador, Juan Manzur vice. Cuando esa chance se frustró, se barajaban varias opciones: Jaldo junto con el senador Pablo Yedlin (un peronista de nueva generación); o Jaldo con Sergio Mansilla (un peronista histórico). Terminó siendo Jaldo con Miguel Acevedo (un peronista de perfil bajo que llegó a ser ministro de Economía de Antonio Domingo Bussi). La confesión del ministro del Interior a LA GACETA respecto de que se enteró por televisión de que era el elegido para reemplazar a Manzur confirma que la fórmula no es, precisamente, el resultado de un análisis político profundo pensando en la competitividad del binomio. Porque a la competitividad la dan los líderes territoriales.
Si los intendentes fueran superfluos, el prematuro final del manzurismo podría haber sido aprovechado para que el jaldismo terminara de ajustar cuentas. En las PASO de 2021, los jefes municipales se fueron por Manzur, mientras que Jaldo ató acuerdos con los ediles. Todavía hay concejos deliberantes dominados por el peronismo que no están alineados con las intendencias peronistas. La lógica alperovichista, que tanto asimilaron los ex ministros (como el gobernador y el vice actuales) hubiera mandado a barajar y dar de nuevo. Sobre todo ahora, cuando las acciones del manzurismo están en liquidación. ¿Por qué, pese a todo ello, el statu quo? Porque son los intendentes los que importan. Por caso, Jaldo mismo es un ex intendente.
No sólo eso: los que frecuentan el “cuarto de guerra” del oficialismo (lo que en tiempos no electorales se denomina “la mesa chica”) cifran las esperanzas de un triunfo de la fórmula, primera y principalmente, en las expectativas del triunfo de los intendentes del PJ. Si los jefes municipales oficialistas se imponen en sus distritos (por sí o por sus cónyuges o hijos), y el corte de votos en Tucumán nunca supera el 5%, entonces ellos arrastrarán al binomio a la victoria.
¿Son los intendentes conscientes de esta centralidad? Desde la semana pasada, muchos ya lo son. Por caso, Acevedo es un candidato con consenso entre los jefes municipales oficialistas, por encima de la grieta entre manzuristas y jaldistas.
En ese tablero, la “baronización” de los jefes municipales ha dejado de ser una jugada remota. Si lo que importan son los gobiernos municipales, esos intereses comienzan a pesar más que los intereses provinciales. Esto incluye los procesos electorales. Los “barones” del conurbano bonaerense, por caso, hacen primar el voto propio antes que ningún otro. Les da lo mismo quien sea electo gobernador: quienquiera que sea, irremediablemente, va a tener que pasar a pedir bendiciones e indulgencias por las intendencias. La consagración de Acevedo es, también, la búsqueda de un seguro contra el libre albedrío de los líderes del interior.
La distribución del poder oficialista es otro. El platillo de los líderes territoriales gana peso en la balanza que sopesa el valor de las estructuras políticas. La elección es ya otra elección.