La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación sigue llevando adelante el proceso que inició hace tiempo contra los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. A raíz del fallo que suspendió las elecciones del próximo 14 de mayo se conoció que este proceso sumará una nueva causal y justamente tiene que ver con la última resolución del máximo tribunal.
El presidente Alberto Fernández fue el encargado de anunciar esta postura en el mensaje que emitió por cadena nacional. “Cada día surgen nuevas pruebas y se abren nuevos caminos de investigación ante denuncias y dichos de testigos. Vamos a enviar los antecedentes de estas decisiones tomadas ayer para que se sumen a las causales de juicio político, para seguir demostrando cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo”, expresó el jefe de Estado en su mensaje. Y habló de la necesidad de contar con “legisladores comprometidos a dar esta pelea contra el avasallamiento de la República”, sostuvo.
Justamente, en la misma jornada en la que se conoció este fallo de la Corte, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunió para escuchar testimonios relacionados con presuntas irregularidades cometidas por jueces de la CSJ en la gestión de la Obra Social del Poder Judicial. Allí, el exadministrador general de la Corte Suprema -recientemente removido-, Héctor Marchi, ratificó sus denuncias contra los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti por presuntas irregularidades en el manejo de la obra social y además pidió investigar al presidente del máximo tribunal por utilizar contratos “para negociar fallos”.
El primer legislador en referirse a la cuestión fue el dirigente kirchnerista Leopoldo Moreau, quien señaló que se trata de un hecho institucional “inédito” y remarcó que haber tomado la decisión cinco días antes de los comicios “después de tener los reclamos durante meses” demuestra que “ese retazo de la Corte tiene vocación restrictiva”.
Desde la bancada oficialista señalaron que las cautelares invaden “atribuciones que son propias de las provincias y del federalismo argentino”. También plantearon dudas sobre la “sincronización” de la difusión del fallo y la declaración de Marchi.
En esta misma línea discursiva, el titular de la bancada oficialista en Diputados Germán Martínez, adelantó que su bloque “se va a reservar la posibilidad de hacer todas las acciones que tengan que hacer en términos políticos”. “Si consideramos que hay posible causal de mal desempeño vamos a hacer una presentación de pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte”, desafió. Martínez también manifestó sus sospechas sobre el momento en que se dejó trascender el fallo mediáticamente. “A mí me extrañó muchísimo la sincronización de la llegada de Marchi aquí a la comisión con la difusión de la noticia, pero muchísimo. Se estaba sentando y aparecieron los datos inmediatamente”, detalló.
Proceso extenso
Hasta la semana pasada, algunos legisladores protagonistas del debate en la comisión destacaban que sobre la marcha están encontrando elementos que tienden a extender su duración y no se descarta que incorporación de esta nueva causal ralentice el proceso. A diferencia de otros ítems del juicio, el análisis sobre las presuntas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación arrojó mayor cantidad de elementos de prueba y datos concretos que permitan avanzar en una acusación. En otros casos, las acusaciones pueden aparecer forzadas, tratando de demostrarse cosas en las que unos y otros jamás coincidirán, y que son en definitiva cuestiones de apreciación, destacó Parlamentario.com.
Los datos recabados hasta ahora en tres audiencias referidas a la OSPJN han entusiasmado a los miembros del oficialismo y todo indica que este tramo del juicio se extenderá algunas semanas más.