Uno de los abogados que representó al intendente Germán Alfaro (PJS-JxC) en las presentaciones que realizó ante la Corte Suprema de Justicia la Nación (CSJN) opinó que la determinación que tomó máximo tribunal de suspender los comicios en Tucumán “es simplemente restablecer la vigencia de la ley, de la Constitución y de la institucionalidad”.
“Este fallo devuelve la institucionalidad y pone coto al avance impune de un poder feudal”, manifestó a LA GACETA el abogado José Roberto Toledo, quien hizo las presentaciones junto a su colega Alberto F. Garay.
El letrado consideró que la determinación de la CSJN, que lleva las firmas de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, se ha hecho de forma tajante. “Lo ha hecho de manera enérgica, tal vez poco tarde ante la inminencia de las elecciones, pero su significación política es tremenda”, dijo.
Toledo interpretó que el fallo “ha abierto una ventana para todos aquellos que desconfiaban y no tenían esperanza de que pueda haber un cambio institucional, de que el país no tenía salida y que la provincia estaba absolutamente alambrada”. “Hemos demostrado con esto de que es posible es cuando se tiene convicciones, cuando se tiene decisión, cuando se tiene voluntad y cuando se lucha en consecuencia institucionalidad”, declaró.
El abogado consideró que el fallo de la CSJN “no es un triunfo personal de nadie”, pero destacó que Alfaro fue quien tomó la posta y puso el empeño para impulsar las presentaciones. “Lo cierto es que hay miles de tucumanos y de argentinos que desean vivir en una república decente, con sujeción a la ley. En una república donde no haya trampas, donde no haya leyes electorales tramposas, donde no haya voluntades, donde no haya sistema clientelar ni prebendarios y, sobre todo, en una república en la que haya una Justicia independiente. Ha quedado demostrado que eso en Tucumán no existe”, fustigó.
Antecedente
Si bien no firmó, Toledo formó parte del equipo letrado que en 2015 hizo la presentación que derivó en la suspensión de las elecciones del 23 de agosto por supuesto fraude electoral. Aquel pedido de una medida cautelar por supuesto fraude fue firmado por Daniel Ponce y Arnaldo Ahumada. Fue avalado en primera instancia por la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Posteriormente la Corte Suprema de Tucumán la hizo caer.