La diputada Nacional por Tucumán Paula Omodeo (CREO), propone transformar las empresas estatales en sociedades anónimas. “Con lo que le cuesta a los argentinos, podríamos sacar de la pobreza a miles de personas en el país”, afirmó.
Al explicar el proyecto de ley por el que propone transformar a las empresas del Estado en sociedades anónimas, Omodeo habló de los costos. “En una Argentina con 40% de pobreza y con una inflación superior al 100% anual, el Estado necesita con urgencia racionalizar su gasto, disminuir el déficit fiscal y focalizar mejor sus políticas públicas -dijo-. No podemos seguir despilfarrando millones en empresas estatales deficitarias, ineficientes, y que sólo sirven como agencia de empleo para los militantes del oficialismo”, agregó.
Los gastos del Estado argentino
“Las empresas estatales son un pesado lastre para nuestro país -aseguró Omodeo-. En 2023 destinamos 1,8 billones de pesos o el 6.5% del presupuesto nacional para financiar su ineficiencia. Esta cifra es mucho mayor a la que el Estado argentino gasta en Educación (1,3 billones) y casi cuatro veces más que lo que destina a Salud (0,45 billones)”, precisó.
La parlamentaria de Juntos por el Cambio es acompañada por los referentes economistas de la coalición Ricardo López Murphy, Luciano Laspina y Martín Tetaz, entre otros diputados nacionales. El proyecto prescribe que todas las empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, deberán transformarse en Sociedades Anónimas.
En particular, proponen que estas Sociedades Anónimas queden comprendidas como sociedades sujetas a fiscalización estatal permanente. “Esta transformación, que deberá completarse en los 180 días posteriores a la sanción de la ley, significará la unificación de los regímenes jurídicos de las empresas estatales y su equiparación en todo a las Sociedades Anónimas en manos de privados”, explicó Omodeo.
En el presupuesto de 2023 se aprobaron transferencias del Tesoro Nacional por $1.137.495.600.000 a 33 empresas públicas solamente como ingresos corrientes. “A esta suma sideral tenemos que sumar $5.431.900.000 de impuestos que irán directamente del bolsillo de los consumidores a estas empresas como ingresos tributarios. Estas empresas perderán aproximadamente $1 billón (o sea un millón de millones) de pesos; cerca del 1% del PBI nacional. Esto podría significar sacar de la pobreza a miles de personas en el país o prácticamente duplicar el presupuesto de educación o de seguridad”, ejemplificó la diputada opositora.