El Gobierno dio subsidios millonarios a fundaciones y cooperativas con lazos oficialistas

Comedores y merenderos barriales. Tareas de fumigación y desmalezamiento. Actividades culturales y educativas. El Gobierno provincial entregó decenas de millones de pesos en subsidios a fundaciones y cooperativas que, además de sus fines solidarios, presentan una característica en común: sus estrechos lazos con el oficialismo. De hecho, en varios casos los referentes de estas organizaciones sociales integran listas de candidatos de la estructura del Frente de Todos para las elecciones del domingo 14.

Se trata de una acotada porción de las ayudas sociales que el Poder Ejecutivo (PE) otorga a través de la Secretaría General de la Gobernación, repartición a cargo de Silvia Laura Pérez que cuenta con una partida global de más de $ 1.700 millones para Transferencias (es decir, erogaciones a favor de personas y/o instituciones que no requieren contraprestación) en el Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2023.

Los pagos a fundaciones y cooperativas vinculadas al oficialismo se concretaron mediante diferentes decretos que fueron publicados en el último mes en el Boletín Oficial.

LA GACETA recorrió 10 de los domicilios consignados en la extensa nómina de sociedades beneficiarias, y más allá de los casos en los que se constataron efectivamente los servicios solventados a través de los subsidios, en todos los casos presentaban algún lazo con dirigentes afines al gobierno.

Para fumigación contra el dengue

La cooperativa de trabajo “Floresta Limitada”, con sede en calle Laprida al 1.100, recibió un subsidio por $2 millones “para la realización de trabajos de limpieza, retiro de cacharros y fumigación de mosquitos, en los barrios Bienestar, Potencia Argentina, San Cristóbal y Nueva Vida”, según el decreto N° 962/1 del 31 de marzo pasado. No funciona ninguna entidad en el domicilio legal consignado. Sin embargo, la presidenta de “Floresta”, Silvina Alejandra Nazar, explicó que todas las tareas encargadas se llevaron adelante, aunque en los barrios Floresta, San Bernardo, San Carlos y Prensa. “Somos un grupo que trabaja de lunes a viernes. Esto es de muchísima ayuda para los chicos que forman parte, porque les permite tener un trabajo, un horario, hacer el bien a la comunidad. Y, con la campaña por el dengue, decidimos pedir un subsidio para que nos ayudaran para la compra de las pulverizadoras, el veneno, para pagarles a los chicos y otros gastos”, explicó a LA GACETA.

Nazar, además de dirigente barrial, es candidata a concejal de la Capital (en quinto término) de la lista Movimiento Popular de la Militancia, el “acople” que lideran Christian Rodríguez -titular del Ente de Infraestructura- y la propia secretaria general de la Gobernación en la categoría legislador. “Ella (por Pérez) está al tanto (de nuestra actividad), siempre que sea para el bien del vecino, está bien. Además, está todo para que se pueda comprobar”, aseveró Nazar, que envió fotos y videos de las tareas de limpieza contra el Aedes aegypti realizadas por la cooperativa “Floresta”. Y garantizó que era la primera vez que recibía una ayuda de estas características por parte del Gobierno provincial.

Poco después de esta entrevista, LA GACETA detectó otra entidad relacionada a esta dirigente, la cooperativa de trabajo “San Bernardo Limitada”, que también recibió $ 2 millones “para la realización de trabajos de limpieza, retiro de cacharros y fumigación de mosquitos, en los barrios Ciudadela Sur, Ampliación Miguel Lillo, La Rosa y Crucero Belgrano”. Estos recursos fueron girados a través del decreto 963/1, dictado el 31 de marzo pasado (al igual que el decreto 962/1). La sede legal consignada en este instrumento es calle La Madrid 2.896. Según los registros de AFIP, allí tiene su domicilio la candidata de Movimiento Popular de la Militancia. De hecho, la fachada de la vivienda tenía pegados afiches de la propia Nazar, junto a Rodríguez y a Pérez, la funcionaria que aprobó los subsidios. Sin embargo, la dirigente social negó en una segunda conversación con LA GACETA que resida allí; además, dijo que no tiene vínculos con la cooperativa “San Bernardo Limitada”, y que esta entidad está a cargo de una prima suya.

En una sede política

La fundación “Un Futuro para Todos” recibió un subsidio por $9,1 millones del Estado provincial para “adquirir” alimentos destinados a “comedores y merenderos de la ciudad de San Miguel de Tucumán”. La dirección legal de la entidad es 9 de Julio 1.401, según el decreto 1.016/1 del Poder Ejecutivo; sin embargo, allí no opera ninguna fundación, sino que es una “sede social” de Carlos “Alito” Assan, secretario de Saneamiento y candidato a concejal por el “acople” oficialista “La Marea Verde”.

Si bien el funcionario no respondió los mensajes de este diario, referentes de su armado explicaron que hace varios años habían cedido a modo de favor el domicilio de ese inmueble a un grupo de estudiantes que habían conformado esa fundación. Sin embargo, no brindaron nombres ni otros datos que permitan contactar a los titulares de “Un Futuro para Todos”. A la vez, negaron enfáticamente que el espacio de Assan tenga alguna relación con los subsidios otorgados a dicha organización.

Fundación “Los Niños son el Futuro”

La asistencia estatal también llegó a la fundación “Los Niños son el Futuro”, que recibió $5,5 millones para “la compra de insumos y el pago de honorarios a capacitadores, necesarios para la realización de un curso de formación y capacitación destinado a los beneficiarios de dicha institución y a la comunidad en general”, según el decreto 977/1. El presidente de la entidad, Segundo Walter Álvarez, recibió al equipo de LA GACETA en la sede de pasaje Catamarca al 1.600. Allí, mostró los elementos adquiridos con los recursos estatales y destacó las actividades que lleva adelante la fundación con fines sociales. El dirigente es a su vez candidato a legislador en la Capital (en quinto término) de “Nuevo Espacio Popular”, otro acople del Frente de Todos.

Para un mural

El Gobierno otorgó un subsidio por $5 millones a la Fundación “Cultura para Todos” destinado a la compra de “pinturas y pinceles” y “a realizar trabajos de reparación de muros y pagos de honorarios a profesionales”, en el marco de un programa de muralismo llevado adelante por esta entidad, según el decreto 1.061/1. LA GACETA constató que esta organización efectivamente funciona en su sede legal, en barrio Padilla. Está a cargo de Carolina Santilli, quien es candidata a concejal (suplente) de la lista oficial del Frente de Todos (FdT). En diálogo con este diario, la dirigente cercana al gobierno enfatizó que esta semana comenzarán a trabajar con el primer mural, de cinco metros por tres, en la escuela ENET N° 2, en Sáenz Peña, entre General Paz y Las Piedras. La actividad se enmarca en el proyecto “Mi Voto Vale”, explicó Santilli, y aclaró que si bien se apunta a debatir sobre la importancia de la participación democrática entre los jóvenes, no se busca hacer “política partidaria”. Y si bien es postulante de la nómina oficial, remarcó que está “acompañando”, ya que está lejos de los principales lugares de la lista.

Una pintada en la fachada

A través del decreto 971/1, la Secretaría General de la Gobernación otorgó un subsidio por $5,8 millones a favor de la cooperativa de trabajo “Proyecto Colectivo”. Los fondos fueron requeridos para tareas de “desmalezamiento y saneamiento ambiental”, con el fin de “prevenir el avance de los contagios de la enfermedad dengue en barrios de nuestra ciudad”. “Dicho proyecto llevará a cabo acciones de promoción, difusión y charlas preventivas; a su vez, brindará los servicios de limpieza de cunetas, desmalezamiento y fumigación”, señala el instrumento. Y consigna como domicilio legal de la cooperativa Mendoza 13. Allí se observa una pintada de “Unidad Ciudadana”, acople del Frente de Todos. Fuentes de este espacio afirmaron que “Proyecto Colectivo” lleva varios años trabajando con obras y servicios en diferentes puntos de la Capital.

“Tu Mano Amiga”

La Fundación “Tu Mano Amiga” obtuvo una ayuda por $6,5 millones para “continuar con los abordajes y adquisiciones de elementos para el desarrollo de actividades deportivas, talleres recreativos, culturales y diversas acciones comunitarias destinadas a sectores vulnerables de la sociedad”, señala el decreto 982/1. La sede legal está situada en calle Corrientes al 2.300, donde vive la presidenta de la entidad, Sol Paz. La joven explicó que se trata del primer subsidio para esta fundación, y mencionó que su espacio trabaja con el legislador Daniel Deiana. De todos modos, la dirigente se abstuvo de efectuar declaraciones e insistió con que “todo es transparente” y su entidad “es súper nueva”. Finalmente, negó ser candidata, aunque su nombre aparece en la lista de postulantes a concejal (en octavo término) del “Partido de la Renovación y la Dignidad”, el armado de Deiana.

Servicios públicos

El gobierno aportó $ 6 millones a la cooperativa de trabajo “CIDEESS” (Consultoría Integral de la Empresa de la Economía Social y Solidaria), según el decreto 969/1 del Poder Ejecutivo. El subsidio fue requerido para efectuar el proyecto “Observatorio de Servicios Públicos”, que tiene como finalidad “el monitoreo y la vinculación de empresas prestadoras de servicios públicos con los usuarios, para lograr una uniformidad en la llegada de dichos servicios a sus hogares”. Alfredo Grassia, apoderado de la entidad, explicó a LA GACETA que la intención es generar un estudio detallado que alcanzará unas 6.000 familias de San Miguel de Tucumán, y que se desarrollará durante seis meses. Añadió que, a partir de las encuestas efectuadas por 50 trabajadores de la cooperativa y de la labor de los distintos profesionales que la integran, se podrá obtener un cuadro “del estado de accesibilidad de los servicios públicos”, que abarcará desde el recorrido de las líneas de ómnibus hasta la calidad en las prestaciones de agua, cloacas y electricidad. La intención es finalizar el proyecto en julio o agosto, y presentarlo ante la Secretaría de Servicios Públicos del Poder Ejecutivo, añadió el referente de CIDEESS. Grassia es candidato a legislador por la Capital en segundo término de “Unidad Ciudadana”, pero aclaró que su postulación “es independiente del trabajo que hacemos en la cooperativa”. “No podés buscar una solución para la gente sin tener ideas sobre la realidad en los barrios, y qué falta a los vecinos”, remarcó.

Cursos de capacitación

La fundación “Benavente” contó con una ayuda estatal por $5 millones para desarrollar “un ciclo de 40 charlas de capacitación sobre prevención y tratamiento de adicciones, destinadas a distintos comedores, merenderos y centros vecinales y barriales de esta ciudad”. “Dichas capacitaciones contarán con la participación de médicos profesionales en el área y especialistas de distintas ramas”, aclara el decreto 972/1, otro instrumento firmado el 31 de marzo y publicado durante el último mes en el Boletín Oficial. La referente de la entidad es Noemí “Mimi” Masmut, quien explicó que hace tiempo lleva adelante este tipo de actividades, tanto en la Capital como en el interior. “Quiero un futuro mejor para la provincia y para el país, y necesitamos gente capacitada para ello”, indicó. A su vez, relató que, a la hora de gestionar recursos para su fundación, no se fija en el color político ni si la ayuda proviene del ámbito provincial o municipal. De todos modos, se mostró sorprendida cuando se le indicó que el decreto 972/1 había sido publicado hace varias semanas. “Nadie me comunicó nada. De todas maneras, estos trámites pasan también por el Tribunal de Cuentas y vuelven a la Casa de Gobierno. Pero este lunes voy a preguntar”, agregó. Masmut es madre de Constanza Villar, candidata a concejal en tercer término en la Capital por el “acople” oficialista “Tucumán para la Victoria”. Sin embargo, la titular de “Benavente” expresó que su fundación no tiene relación alguna con la actividad política de familiares ni de allegados. “Yo vengo trabajando hace tiempo, sin padrinos políticos. Lo importante es hacer y capacitar”, insistió.

En una panadería

A través del decreto 973/1, del 31 de marzo, se otorgó un subsidio por $ 9,8 millones a la “Fundación un Abrazo por la Vida”, con sede en calle Ecuador 1.168. Según el instrumento, el aporte había sido requerido “para afrontar los costos que implican la compra de materias primas necesarias para la continuidad de los talleres de capacitación con salida laboral que brinda la citada institución”. LA GACETA concurrió a la dirección señalada en el instrumento, pero allí funciona un taller de panificación y el encargado del lugar aseguró que desconocía cualquier relación con una fundación. Vecinos revelaron sin embargo que esa entidad está vinculada a un dirigente oficialista de la Capital.

Alimentos no perecederos

La cooperativa de trabajo “Juntos para Vivir Mejor”, con sede en Juramento 222, recibió un aporte de $ 4,6 millones “para adquirir alimentos no perecederos a ser distribuidos entre los vecinos de barrios populares de nuestra ciudad que se encuentran atravesando una situación económica vulnerable”, según el decreto 967/1, también del 31 de marzo. LA GACETA visitó el domicilio legal de la entidad. Blanca, encargada del lugar, explicó que allí se llevan adelante diferentes actividades sociales, que comenzaron con la elaboración de pan y se fueron ampliando a otras tareas. Destacó que la responsable de la cooperativa es Patricia Quinteros, y que forman parte del espacio del candidato a concejal Emiliano Vargas Aignasse. Sin embargo, en el armado del edil peronista enfatizaron que no tienen relación con esa organización, y que sólo colaboraron en su constitución aportando profesionales técnicos para que pudiera ser matriculada ante los organismos correspondientes. En este caso, ni Blanca ni Quinteros forman parte de las nóminas de postulantes de “Tucumán en Positivo”.