Con las Reservas netas del Banco Central acercándose peligrosamente a cero entre fin de abril y principios de este mes (brutas en torno a los U$S 35.900 millones), luego de casi tres semanas de vigencia del “dólar soja III”, inevitablemente se encendieron todas las luces de alarma. En el mercado de futuros el tipo de cambio oficial pasó a ser negociado a un precio implícito de $ 360 por dólar para fines de agosto, un salto de casi el 60 % para un horizonte de menos de cuatro meses, y los precios de los productos de primera necesidad se han disparado en los canales de venta que están fuera del área de influencia de “Precios Justos”. A tal punto que distintas consultoras vaticinan que, la semana que viene, cuando se difunda el dato de inflación de abril, la tasa rozará el 8%, por imperio de los reajustes en alimentos.
Para conseguir “dinero fresco” del FMI, el gobierno debería negociar otro acuerdo. Al parecer, lo que se está negociando es un cambio del cronograma de desembolsos que, de todos modos, deberían ser reservados para hacer frente a los pagos de aquí a fines de año, señalan los economistas del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) Jorge Vasconcelos y Maximiliano Gutiérrez. No habría un cambio en el signo de los flujos bilaterales, ya que de hasta fin de año la Argentina deberá pagar al Fondo unos U$S 3.500 millones, por encima de los desembolsos previstos de Washington a Buenos Aires.
A diferencia de las ventanas previas de dólar soja, en el arranque de la versión III, el BCRA finalizó abril con un saldo de compras netas de divisas prácticamente nulo (solo U$S 35 millones). Al no poder revertir las tendencias previas, el primer cuatrimestre de 2023 terminó con un saldo de ventas netas de divisas por casi U$S 3.000 millones Más allá del severo problema introducido por la sequía, plantean los economistas, la dificultad de la Argentina para recuperar reservas externas tiene que ver con las políticas macro. “Al persistir en el déficit fiscal, con predominio del gasto y falta de ahorro, se empuja a un déficit cada vez más pronunciado en la cuenta corriente del balance de pagos siendo que, ante el nulo ingreso de capitales, la única forma de aumentar reservas es lograr superávit en esa variable”, explican. De hecho, la cuenta corriente del Balance de Pagos pasó de un superávit de 1,4 % del PBI en 2021 a un déficit de 0,6 puntos en 2022 y apunta a un rojo cercano a los 2 puntos del PBI en este 2023.
Frente a las turbulencias, el Central elevó la tasa de interés mínima garantizada a personas físicas hasta el 91% anual para las imposiciones a 30 días (140,5% de TEA y 7,78% TEM). Para el resto de los depósitos a plazo fijo la tasa mínima garantizada se establece en 85,5% (128,5% de TEA), al igual que para las personas jurídicas. El reporte del Ieral indica que, en el primer trimestre, el gasto del sector público nacional se ha incrementado a un ritmo del orden del 90% interanual, unos 12 puntos porcentuales por encima de la variación de los ingresos, de 78% interanual. En caso que se aspire a una aceleración de los desembolsos del FMI, la trayectoria fiscal debería invertirse, moderando el gasto, para evitar desvíos recurrentes en las metas comprometidas. “Es posible que los recientes anuncios de fuertes ajustes tarifarios en electricidad y gas (como forma de recortar subsidios) formen parte de la nueva agenda en discusión entre el gobierno y el staff del FMI”, subrayan los investigadores.
Los futuros del dólar dan cuenta de la mayor fragilidad de la macro. Las tasas implícitas de estas operaciones para fin de agosto han dado un salto de más de 140 puntos entre el 12 de abril y los últimos datos, una verdadera escalada. No debe ser considerado una casualidad que las mayores expectativas de devaluación se concentran hacia fines de agosto, fecha inmediatamente posterior a las elecciones primarias (PASO). El tipo de cambio implícito en las operaciones pactadas para fines de agosto es de $ 360,60, un salto cercano al 60% en menos de cuatro meses, finalizan los economistas del Ieral.