Por Gustavo Rodríguez
04 Mayo 2023
SORPRESA. El ex fiscal fue alojado en la sede de Homicidios, pero la Justicia ordenó su inmediato traslado al penal de Villa Urquiza. La Gaceta / foto de Analía Jaramillo
“Ya solicitamos la audiencia correspondiente para cambiar la modalidad del cumplimiento de la pena. El pedido fue aceptado, pero por el momento no nos fijaron la fecha”, aseguró Macario Santamarina, defensor del ex fiscal Carlos Albaca, que ayer fue detenido en su casa de Chacabuco al 100 por personal de la ex Brigada.
El ex funcionario judicial fue condenado el año pasado a seis años de prisión por su actuación en la investigación por la desaparición y el posterior crimen de Paulina Alejandra Lebbos ocurrida en febrero de 2006. El caso sigue impune, ya que hasta el momento sólo fueron condenados los acusados de encubrimiento.
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la provincia -representada por camaristas, ya que todos los vocales se excusaron de atender la cuestión- rechazó el último intento de revertir el fallo dictado por los jueces Wendy Kassar, María Fernanda Bähler y Raúl Cardozo. El máximo tribunal rechazó la posibilidad de que el caso sea tratado por la Corte de la Nación.
Por esta situación, el tribunal que condenó a Albaca por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado ordenó el martes a primera hora su detención. Personal de la ex Brigada, al mando de los comisarios Miguel Carabajal, Diego Bernachi y Jorge Dib se presentó el martes por la noche en su domicilio, pero no lo encontró. El mismo operativo se repitió ayer a la mañana y en esta oportunidad sí se concretó su arresto.
“No ofreció resistencia y colaboró en todo momento con el procedimiento. Fue detenido en su domicilio, no obstaculizó nada y se acató a lo dispuesto por la Justicia. Por el momento está en una dependencia de la Dirección de Investigaciones hasta que se reúnan los requisitos para que sea alojado en el penal como lo ordenó la Justicia”, afirmó Dib por la mañana.
Albaca, en un primer momento, fue trasladado a la sede de Homicidios, ubicada en barrio Jardín. Cuando notificaron la novedad a los jueces, recibieron la orden de que fuese trasladado al penal de Villa Urquiza. El trámite duró varias horas y se concretó a la siesta. Fuentes del servicio penitenciario informaron que Albaca fue alojado en un lugar alejado de los presos comunes. “Se le dará el mismo tratamiento que se le da al personal de las fuerzas de seguridad que están cumpliendo una condena”, expresó.
Sorpresa
“Es llamativa la velocidad en que se tomó la medida. En los calabozos de las comisarías hay decenas de personas condenadas por delitos más graves y siguen esperando un cupo para ir a la cárcel”, razonó Santamarina. “Acatamos las órdenes, pero no las compartimos, porque hay cuestiones que no fueron resueltas, por lo que la sentencia aún no está firme. Haremos el planteo correspondiente”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
“Nunca fui notificado de que debía presentarse ante las autoridades después del fallo de la Corte. Es más, solicité al tribunal qué pasos deberíamos dar, pero no recibí ningún tipo de precisión. Mi defendido siempre estuvo a disposición de las autoridades”, agregó el profesional.
Santamarina dijo que solicitará que se aplique el artículo 33 de la Ley 24.460. La norma dispone lo siguiente: “el condenado mayor de 70 años o el que padezca una enfermedad incurable en período terminal, podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, por resolución del juez de ejecución o juez competente, cuando mediare pedido de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado, previos informes médico, psicológico y social que fundadamente lo justifiquen”. El tema deberá ser determinado por un juez de Ejecución, pero el trámite llevará sus días, ya que se debe cumplir con ciertos requisitos antes de que sea resuelto .
Posturas
La opinión de la querella es importante, pero no gravitante. Alberto Lebbos, padre de la víctima, explicó que se debe cumplir con la ley, pero no sólo para conceder el cambio de modalidad del cumplimiento de la pena, sino el seguimiento de que no viole las reglas de conducta. “No estaríamos hablando de esta cuestión si la Justicia hubiera actuado en tiempo y forma. Hace 10 años que se inició este proceso”, dijo a LA GACETA.
Por su parte, Soledad Deza, que representa a la querella en nombre de Leticia Nieva -la hija de Paulina que cambió su identidad por el dolor que le generó este caso- prefirió no hablar del tema. “Ella es la que debe decidir cuáles serán los pasos a seguir”, aseguró la presidenta de la fundación “Mujeres por Mujeres”.
La profesional sí anunció que también están trabajando para que se ejecute la indemnización que debe cobrar la joven. “Nos hemos anotado en la lista de acreedores del Estado. Espero que, por la gravedad del caso, tal como establecen las normas, declaren como prioritario el pago, ya que se trata de un caso grave”, finalizó Deza.
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