Por Marcelo Aguaysol
02 Mayo 2023
La administración de la coyuntura que lleva adelante el Gobierno que preside Alberto Fernández cuenta con escasas herramientas y reputación para enfrentar un panorama macroeconómico delicado e inestable que mantendrá elevados los riesgos de un empeoramiento del escenario nominal. A una trayectoria económica signada por el impacto de la sequía se le va sumando la incidencia la dinámica político-electoral, advierte Ecolatina. La necesidad tiene cara de inconsistencia. Según la consultora, el costo de “llegar” a las elecciones sin turbulencias será asumiendo los costos asociados a las medidas de urgencia y alimentar ciertas distorsiones/desequilibrios que acrecentarán los desafíos de la política económica de la próxima administración en su búsqueda por desarmar los controles cambiarios, unificar los tipos de cambio y estabilizar. Entre ellos, el exceso en la oferta de pesos, mayor peso de la deuda indexada, la creciente deuda con importadores y una elevada inflación.
“Aun consiguiendo para llegar sin sobresaltos cambiarios a las próximas PASO (previstas para el 13 de agosto), el hoy incierto resultado de estas elecciones, su impacto en las expectativas y el rumbo que busque imprimirle el Gobierno a la política económica en consecuencia serán cruciales para definir la trayectoria de la economía en lo que resta de un 2023 que ya luce eterno”, expresa la consultora privada.
Esto obliga al ministro de Economía Sergio Massa a redefinir su estrategia para administrar la escasez, un escenario en el que el Banco Central ya no piensa en acumular, sino en retener las pocas reservas que cuenta.
Si bien se generará un ahorro por menores importaciones energéticas (baja en los precios, que puede ser potenciado por la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner) y en salida de divisas por turismo, Ecolatina destaca siete herramientas que el Gobierno se ve forzado a emplear a fin de evitar una corrección cambiaria abrupta:
• Alterar la naturaleza de la estrategia cambiaria: para acotar el exceso de demanda de divisas, se amplían y extienden los desdoblamientos sectoriales (devaluaciones parciales), tanto para las exportaciones (“dólar soja/agro”) -a fin de adelantar la liquidación de divisas, a costa de comprometer la oferta a futuro y generar impactos en los precios- como para las importaciones, haciendo que el dólar oficial sea cada vez menos relevante en el comercio exterior.
• Obtener recursos adicionales vía la cuenta financiera (Organismos internacionales, Fondo Saudí, inversiones de China, activación y utilización del swap).
• Negociar con el FMI para flexibilizar la meta de reservas, reducir el monto de los pagos netos de este año y/o adelantar desembolsos para evitar que la cuenta DEG sea negativa y el BCRA tenga que utilizar reservas propias en los giros al Fondo.
• Vender bonos de deuda soberana y/o intervenir con reservas para contener la brecha frente a la mayor dolarización de carteras.
• Subir más la tasa de interés, con el mismo fin.
•Seguir forzando postergaciones en el pago de importaciones, con un margen escaso (deuda por importaciones es la más elevada desde el 2003).
•No obstante, dado que no se obseervan sustitutos que vayan a neutralizar por completo este desbalance entre oferta y demanda de dólares, los costos sobre la actividad económica de evitar la crisis (“el mal mayor”) son que el Gobierno se ve forzado a convalidar una recesión por la vía de la intensificación de las restricciones sobre las importaciones, lo cual limita la expansión potencial de la economía vía una menor disponibilidad de insumos y bienes finales.
Al margen de las metas acordadas con el FMI, las restricciones de la realidad seguirán limitando la posibilidad de aplicar típicas recetas pre-electorales para sostener/incentivar la demanda, como una aceleración del gasto público en términos reales; congelamiento de tarifas; tasas de interés reales negativas y/o atraso del tipo de cambio oficial, configurando así un escenario harto complejo para las aspiraciones electorales del Gobierno y, más importante aún, para el tejido social, frente a una pobreza que alcanza el 40% de la población, enumera la consultora.
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