21 Diciembre 2004
La esposa del gobernador José Alperovich, Beatriz Rojkés, logró una importante victoria judicial. El juez de Instrucción de la III Nominación, Juan Francisco Pisa, la sobreseyó en la causa en la que se habían investigado presuntas irregularidades por contratación de publicidad oficial, durante la administración de Julio Miranda, por medio de la Fundación PIBE (la primera dama la presidía) y de las agencias Magritte, Dellagalera y Cliché.
"Conforme a todos los elementos tenidos en cuenta por el fiscal instructor (originariamente fue el ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez), advierto la ausencia de elementos incriminatorios suficientes, así como toda comprobación de las circunstancias de tiempo, lugar y modo del presunto hecho ilícito". Esta es la conclusión a la que llegó Pisa, quien debió actuar por subrogancia, porque el Juzgado de Instrucción de la V Nominación se encuentra vacante desde que Eudoro Albo (es quien entendía en la causa) fue promovido a camarista penal.
El sobreseimiento también benefició ayer al ex secretario de Información Pública, Miguel Angel Cuello; así como a Rolando Robles y a Fabián Silva Molina, quienes figuraban como titular de Dellagalera y socio de Magritte, respectivamente, cuando estalló el escándalo por una denuncia del abogado peronista Oscar López (lo había acompañado Miguel Angel Sánchez). Los denunciantes habían solicitado que se investigara a Cuello, supuestamente por haber beneficiado a la Fundación PIBE y a las tres agencias -Jerez sospechaba que todas estaban vinculadas entre sí- a la hora de contratar publicidad oficial.
Sin observaciones
Pisa hizo lugar al pedido que había efectuado el reemplazante de Jerez en la Fiscalía Anticorrupción, Pedro Gallo. "Las contrataciones efectuadas por Cuello fueron oportunamente presentadas al Tribunal de Cuentas (TC), autoridad competente para realizar el control preventivo de todas las contrataciones que conlleven un pago. De los autos no surge que dicho TC haya efectuado observación alguna", aseveró el magistrado.
Durante la investigación, en julio de 2001, cuando Alperovich era ministro de Economía de Miranda, Jerez allanó la sede de PIBE. Lo mismo hizo con las viviendas de Robles y de Carlos Sosa, de quien sospechaba que era socio de Cliché.
Luego de analizar todos los elementos del expediente, Pisa consideró que la conducta de los imputados no se encontraba encuadrada en ninguna figura penal. La causa se había abierto bajo la carátula de supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, violación de los deberes de funcionario y fraude a la administración en concurso real.
"Es de resaltar que, no obstante la imputación de los denunciantes, aquella, por sí sola, sin otro dato que la corrobore, resulta a todas luces insuficiente; más aún cuando la responsabilidad (de los imputados) debe ser puesta de manifiesto, gestión que, desde el punto de vista de la prueba, resulta insuficiente", manifestó el magistrado.
"Conforme a todos los elementos tenidos en cuenta por el fiscal instructor (originariamente fue el ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez), advierto la ausencia de elementos incriminatorios suficientes, así como toda comprobación de las circunstancias de tiempo, lugar y modo del presunto hecho ilícito". Esta es la conclusión a la que llegó Pisa, quien debió actuar por subrogancia, porque el Juzgado de Instrucción de la V Nominación se encuentra vacante desde que Eudoro Albo (es quien entendía en la causa) fue promovido a camarista penal.
El sobreseimiento también benefició ayer al ex secretario de Información Pública, Miguel Angel Cuello; así como a Rolando Robles y a Fabián Silva Molina, quienes figuraban como titular de Dellagalera y socio de Magritte, respectivamente, cuando estalló el escándalo por una denuncia del abogado peronista Oscar López (lo había acompañado Miguel Angel Sánchez). Los denunciantes habían solicitado que se investigara a Cuello, supuestamente por haber beneficiado a la Fundación PIBE y a las tres agencias -Jerez sospechaba que todas estaban vinculadas entre sí- a la hora de contratar publicidad oficial.
Sin observaciones
Pisa hizo lugar al pedido que había efectuado el reemplazante de Jerez en la Fiscalía Anticorrupción, Pedro Gallo. "Las contrataciones efectuadas por Cuello fueron oportunamente presentadas al Tribunal de Cuentas (TC), autoridad competente para realizar el control preventivo de todas las contrataciones que conlleven un pago. De los autos no surge que dicho TC haya efectuado observación alguna", aseveró el magistrado.
Durante la investigación, en julio de 2001, cuando Alperovich era ministro de Economía de Miranda, Jerez allanó la sede de PIBE. Lo mismo hizo con las viviendas de Robles y de Carlos Sosa, de quien sospechaba que era socio de Cliché.
Luego de analizar todos los elementos del expediente, Pisa consideró que la conducta de los imputados no se encontraba encuadrada en ninguna figura penal. La causa se había abierto bajo la carátula de supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, violación de los deberes de funcionario y fraude a la administración en concurso real.
"Es de resaltar que, no obstante la imputación de los denunciantes, aquella, por sí sola, sin otro dato que la corrobore, resulta a todas luces insuficiente; más aún cuando la responsabilidad (de los imputados) debe ser puesta de manifiesto, gestión que, desde el punto de vista de la prueba, resulta insuficiente", manifestó el magistrado.
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