Las provincias, ¿se benefician con una inflación elevada?

¿Una inflación tan alta puede beneficiar a algún sector de la economía? La respuesta puede resultar afirmativa si se mira las finanzas provinciales, en la que los gobiernos locales han podido sacarle el jugo a ese fenómeno inflacionario, licuando gastos y deudas.

Ante la aceleración inflacionaria, la actualización de los ingresos provinciales fue mucho más rápida que la de las erogaciones. Particularmente decisivo es que los salarios de los empleados públicos provinciales crecieron por debajo de la inflación. Si en el futuro se ingresa a un escenario de estabilidad, los salarios y demás gastos tenderán a recuperar lo perdido durante el período inflacionario y las provincias entrarán en déficit, advierte el Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa).

Las finanzas públicas provinciales sufren similares o peores problemas de insolvencia que hace años, solo que ocultos detrás del manto de la inflación. “Cuando caiga el manto, los desequilibrios fiscales provinciales van a quedar al desnudo. Además, la licuación de los salarios en las provincias seguramente profundizó los déficits de gestión, ya que las menores remuneraciones son usadas para legitimar vicios, como el ausentismo, la conflictividad y la baja productividad”, explica la entidad. Esta es otra razón por la cual un plan de ajuste fiscal sobre las cuentas públicas nacionales está condenado al fracaso. Suponiendo que lograra bajar la inflación, inmediatamente demuele el sostén de las cuentas públicas provinciales, acota. En el pasado, ante la falta de financiamiento federal y la imposibilidad de mejorar la recaudación propia, la mayoría de los distritos apeló a la emisión de cuasimonedas, algo que por ahora está vedado. Las finanzas públicas tucumanas muestran una dinámica de equilibrio y cierto superávit financiero a partir de un mayor ingreso de fondos que, en los últimos meses, ha desacelerado la tasa de crecimiento.

El aumento del dólar paralelo y la inflación son fenómenos esperables. Atribuirlos a las disputas internas dentro del oficialismo es negar la realidad. La renuncia forzada de Antonio Aracre, ex jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, y la declinación a la reelección del jefe de Estado denotan inconsistencias políticas. Pero el hecho más relevante es que el déficit fiscal en el primer trimestre pasó de $ 200.000 millones el año pasado a $ 700.000 millones en este 2023. Ante semejante descalabro fiscal la profundización de la crisis es inevitable. “Este contexto le impone al próximo gobierno la prioridad de bajar la inflación. Para ello, hay que hacer muchas cosas. La más importante es equilibrar las finanzas públicas. Este desafío pareciera estar centrado en el nivel nacional ya que las provincias muestran superávit financiero, es decir, sus ingresos superan la totalidad de sus gastos”, considera Idesa. El hecho de que las provincias vengan acumulando ahorros –que en su mayor parte son destinados a financiar al Tesoro nacional– lleva a concentrar la atención en el nivel nacional.  “La pregunta que cabe hacerse es si efectivamente las finanzas públicas provinciales son solventes”, alerta la entidad dirigida por el economista Jorge Colina. Para ello se puede apelar a datos del Ministerio de Economía sobre cuentas públicas provinciales. Según esta fuente, entre 2017 y 2022, se observa que:

• El resultado financiero del agregado de todas las provincias en  2017 fue de un déficit equivalente al -5% del total de sus ingresos.

• En 2022 muestran un superávit equivalente al 1% de sus ingresos.

• Si desde 2017 los salarios de los empleados provinciales se hubiesen ajustado como la inflación el resultado habría sido un déficit de -5 % de sus ingresos.

La manera de terminar con los crónicos déficits financieros y de gestión es con un ordenamiento integral del Estado que abarque los tres niveles de gobierno, considera Idesa. ¿Cuáles son sus propuestas?

-En materia tributaria unificar impuestos que los tres niveles de gobierno vienen cobrando de manera solapada (IVA, Ingresos Brutos, Tasas municipales, en el caso de las ventas; Bienes Personales, Inmuebles y Automotor, en el caso del patrimonio).

-Esto permitiría avanzar, en simultaneo, con la eliminación de la coparticipación y en su reemplazo distribuir las fuentes tributarias (la Nación se financia con impuestos al comercio exterior y a los ingresos; las provincias con el impuesto a las ventas y al patrimonio que se genere en sus territorios).

-También con la eliminación de los programas nacionales que invaden funciones provinciales y la conversión de los Ministerios nacionales de Salud, Educación, Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda en Agencias nacionales de medición de resultados de las provincias.