Caso Manantial Sur: Elías de Pérez reclamó que se determine cómo fue la adjudicación de casas

La referente de Juntos por el Cambio (JxC), Silvia Elías de Pérez, expresó sus expectativas por el avance de su denuncia por posibles irregularidades en la entrega de viviendas en dos sectores del complejo habitacional “Manantial Sur, emprendimiento que contempló la construcción de 2.500 viviendas en la zona suroeste del Gran San Miguel de Tucumán.

“La Fiscalía debe ir a fondo para que determine cómo se adjudicaron esas casas y cuánto se cobró por cada una”, expresó la dirigente, con referencia al caso judicial.

La Fiscalía de Instrucción de Delitos Complejos de la capital, a cargo de Mariano Fernández, envió en marzo un oficio para solicitar al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvydu) informes sobre la entrega de unidades construidas bajo el marco legal de los programas Federal de Villas y Asentamientos Precarios y obras de infraestructura, nexos, y obras complementarias; y del Programa Federal Techo Digno.

El oficio del Ministerio Público Fiscal (MPF) dio impulso a una denuncia de la entonces senadora nacional por Tucumán, que data de 2019 por probable malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público. Sin embargo, no se descarta que en la investigación se pueda advertir acciones de este organismo y otras áreas del Gobierno para direccionar o beneficiar a determinadas personas en la entrega de casas.

“Gustavo Durán (ex interventor durante las gestiones de José Alperovich y Juan Manzur) gestó un esquema de corrupción en el Ipvydu que abarcaba todas las etapas: desde la adjudicación para la construcción de las viviendas, con la creación de constructoras fantasmas, que eran propiedad de funcionarios del instituto, tal como quedó probado con la denuncia por la empresa Marán, hasta el otorgamiento de quienes eran los beneficiados de las casas”, expresó Elías de Pérez, con referencia al caso “Viviendas”, una investigación periodística de Panorama Tucumano, de LA GACETA.

“Así encontramos los gestores que repartían casas y que a tanta gente estafaron, como punteros y políticos señalados como grandes repartidores de viviendas construidas por el IPV”, añadió.

A la vez, recordó que “Iván Kerr, como secretario de Vivienda durante la gestión de Mauricio Macri, implementó un esquema para que sea público el registro de beneficiarios de casas construidas por el Estado”. “No es casualidad que Manzur y Norma Ferrioli, quien sucedió a Durán frente al IPV, nunca quisieran avanzar en implementarlo. El Programa Federal de Villas y Asentamientos Precarios, que tenía destinatarios específicos, no era para ellos, no les llegó la posibilidad de acceder a las viviendas, sino que las repartían entre dependencias del Poder Ejecutivo (PE) y sindicatos, sin ninguna justificación”, reafirmó sobre el caso de las asignaciones de unidades habitacionales en “Manantial Sur”.

Y prosiguió: “Espero que el fiscal vaya a fondo, que determine cómo se adjudicaron esas casas y cuánto se cobró por cada una de ellas. Pero que se determinen los responsables políticos, porque Gustavo Durán ya falleció, pero quedaron otros funcionarios a cargo y es muy ingenuo pensar que esta maniobra que funcionó durante años, que no fueron casos aislados, pudieran haberse realizado sin la complicidad de quienes estaban al frente del Poder Ejecutivo”.